20/09/2021

Sectores del feminismo rechazan la designación de Manzur

Juan Manzur fue elegido como Jefe de Gabinete. Sectores del feminismo repudiaron su nombramiento recordando su actuación como Gobernador de Tucumán y como ministro de salud de la Nación, en cuanto a sus posturas en relación a los derechos sexuales y no reproductivos en especial como férreo opositor al aborto legal. «Esta designación es claro un retroceso en los derechos conquistados en las calles. Seguimos en campaña hasta que la Ley IVE se cumpla de forma efectiva en todo el territorio sin restricciones». Por ANRed


Luego de la designación de Juan Manzur como Jefe de Gabinete, secores del feminismo repudiaron su nombramiento, recordando su actuación tanto como gobernador de Tucumán y como ministro de Salud de la Nación en su oposición al aborto legal seguro y gratuito.

Desde la colectiva de Actrices Argentinas publicaron un comunicado sentando posición sobre Manzur.

«Desde Actrices Argentinas queremos expresar nuestro repudio y enorme preocupación ante el nombramiento de Juan Manzur como Jefe de Ministros de la Nación, un gabinete donde sobresale la desigualdad de género en las designaciones. Es el movimiento de mujeres y diversidades quienes luchamos contra el horror e incumplimiento de leyes que arrasaron con la vida de niñas, mujeres y diversidades. Somos nosotrxs quienes intentamos protegerles. Esta lista de casos (todos en Tucumán, territorio del recién encumbrado Manzur y que además es un declarado enemigo de las mujeres, diversidades y niñxs): debería abochornar a quienes nos gobiernan y se autodenominaron feministas” expresaron.

Agregaron «Belén, presa por un aborto espontáneo. Lucía, niña de 11 años a la que el Gobierno provincial la obligaba a parir. Cecilia Ousset, Médica Tocoginecóloga denunciada penalmente y perseguida por practicar un aborto a esa niña de 11 años. Paola Tacacho, asesinada después de haber denunciado en la policía tucumana. Fátima Aparicio, víctima de un femicidio en grado de tentativa, luego de que la policía de Tucumán se negara a tomar su denuncia. Lupe, víctima de abuso, estafa, amenazas por el poder político y la policía, ruega porque la saquen de Tucumán corriendo riesgo su vida».

Por otro lado, desde la Regional Zona Sur de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito publicaron en sus redes sociales una declaración en repudio.

«Desde la Regional Zona Sur GBA de la CNDALSG repudiamos enérgicamente la designación de Juan Manzur como Jefe de Gabinete de la Nación, un público militante en contra los derechos sexuales y (no) reproductivos y en particular, del derecho al aborto legal.Es un declarado miembro del Opus Dei y tanto como gobernador de la provincia de Tucumán como Ministro de Salud de la Nación obstaculizó en reiteradas oportunidades el derecho a la interrupción legal del embarazo, entre ellos, en los casos paradigmágicos de Belén (2014) y Lucía (2019). También declaró a la provincia de Tucumán como provida.Esta designación es claro un retroceso en los derechos conquistados en las calles.Seguimos en campaña hasta que la Ley IVE se cumpla de forma efectiva en todo el territorio sin restricciones».

Su carrera política

Juan Manzur estudió medicina en la Universidad Nacional de Tucumán y una vez graduado se mudó a Buenos Aires e hizo  su residencia en Cirugía general en el Hospital Alvarez. Se especializó en medicina laboral y legal.

Inició su carrera política como secretario de salud en el Partido de La Matanza cuyo intendente era el peronista Alberto Balestrini. Luego fue viceministro de salud en la provincia de San Luis gobernada por Rodríguez Saá. En el 2003 asume como ministro de salud de Tucumán cuyo gobernador era José Alperovich.

El 1 de julio de 2009 asumió el cargo de Ministro de Salud de la Nación Argentina, en plena pandemia de gripe A integrando el gabinete de la presidenta Cristina Kirchner.

Hasta la actualidad se desempeñaba como gobernador de Tecumán, cargo al que había sido electo en el 2015.

Detractor del derecho al aborto legal seguro y gratuito

Manzur es un explícito detractor del derecho al aborto legal seguro y gratuito, en una provincia que se caracteriza por violentar mujeres. El caso de la niña Lucía obligada a parir cuando había solicitado un interrupción legal del embarazo, el caso de Belén  presa durante 3 años por ingresar a un hospital con un aborto espontáneo, ambos tienen el mismo denominador:  la impunidad y la violencia institucional son amparadas desde las autoridades.

En marzo de 2018 en la inauguración de las sesiones legislativas en la pronvincia dijo: «vuelvo a reafirmar lo que manifesté en mi discurso inaugural: la defensa de la vida desde la concepción, como establece nuestra Constitución»

En ese entonces, organizaciones feministas alertaron la postura del gobernador y denunciaron su intento de disciplinar a los diputados y diputadas para lograr el rechazo del proyecto ILE en el Congreso de la Nación, como finalmente sucedió.

La provincia tardó 15 años en adherir a la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable, que asegura el acceso gratuito a métodos anticonceptivos y la débil implementación de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) que se profundiza con la enseñanza religiosa en Escuelas Públicas en Tucumán.

En este contexto institucional, desde la Regional Tucumán de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, en ese entonces exigían la reununcia del gobernador y los funcionarios involucrados en dilatar el acceso a la ILE a la niña Lucía.

«El Poder Ejecutivo de la provincia de Tucumán actuó desde el conservadurismo y, utilizando una visión sesgada e irresponsable, violó los derechos humanos establecidos en pactos, tratados y convenciones internacionales, aceptando además que todo el personal médico y el hospital público donde se llevó adelante la práctica se declarasen objetores de conciencia, por lo que tuvieron que garantizar la interrupción dos médicos que no trabajan en el sistema público de salud tucumano.

En nuestro país el aborto es legal cuando la gestación es producto de una violación o cuando pone en riesgo la salud de niñas, mujeres y personas gestantes. El único requerimiento para acceder a la práctica en este caso era el consentimiento informado.

El gobernador, los ministros y las ministras, las autoridades hospitalarias y las y los profesionales de la salud son responsables de garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo. Las y los profesionales podrán ser sancionados penal, civil y/o administrativamente por el incumplimiento de sus obligaciones.

Niñas, no madres. El embarazo forzado no puede ser una política pública; “no es una niña feliz, no es una madraza”, como nos quiso hacer creer el editorial de La Nación. No es una nena con muñeca. Ha sido víctima de abuso sexual, agredida, estigmatizada por un adulto abusador, machista y misógino y por otro montón de adultos, ministros, fiscales, jueces, autoridades hospitalarias y profesionales de la salud que debían brindarle asistencia integral y garantizar la interrupción del embarazo.

Nosotras/es, las/es activistas que todos los días ponemos el cuerpo para que este mundo sea un lugar amoroso para nuestras niñas, niños y niñes, no vamos a permitir que les roben su infancia.» expresaban las militantes mediante un comunicado.



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