Concentración y conferencia de prensa frente al Congreso contra el pago de la deuda
Foto: Agustín Marcarian / REUTERS.
Con las consignas «Fuera el FMI» y «Las estafas no se pagan», la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda convoca a una concentración y conferencia de prensa este jueves 16 a las 12 en el cruce de la avenida Callao y Riobamba, frente al Congreso Nacional, en el marco del primer pago de capital al FMI y la discusión sobre el Presupuesto 2022. Además, convocará a una nueva jornada de difusión y denuncia para el miércoles 22, «el mismo día del pago por la estafa acordada entre el Fondo y el gobierno de Mauricio Macri en 2018», remarcaron desde la autoconvocatoria. Por ANRed.
«La Autoconvocatoria, que agrupa a decenas de movimientos, organizaciones y referentes sociales y populares, encabezados por Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, convocará además a una nueva Jornada de Difusión y Denuncia el 22/9, el mismo día del pago por la estafa acordada entre el Fondo y el gobierno de Mauricio Macri en 2018», destacó la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda.
Asimismo, agregó: «porque la política de pagar, de endeudarnos más para seguir pagando, sin investigar ni sancionar a los responsables del crimen que constituye esta deuda eterna, solo se cambiará con la fuerza popular».
«En el marco de la disputa electoral, quedó más claro que nunca que es hora de discutir lo importante: cómo dejamos de pagar una deuda que no debemos, y que nos está matando. Una deuda denunciada por fraudulenta por el Presidente Fernández; pero que se negocia para seguir pagando. Es hora de parar un nuevo acuerdo con el FMI que solo traerá más ajuste, más explotación, más extractivismo, menos soberanía y futuro», remarcan.
La Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda es una articulación abierta de organizaciones, movimientos sociales, asambleas y partidos populares, sindicatos, referentes sociales, políticos y de los derechos humanos que desde enero de 2020 impulsan una amplia campaña contra el pago de la deuda externa y las políticas promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
A fines de 2020 realizaron un «Juicio popular contra la Deuda y el FMI» y en diciembre de ese mismo año dieron a conocer el «fallo» del tribunal de ese juicio, integrado por figuras como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Nina Brugo Marcó, Alejandro Bercovich y Miguel Julio Rodríguez Villafañe.
En el marco de ese juicio simbólico, el tribunal de referentes determinó:
«1. Declarar como principio básico y que surge del derecho esencial del pueblo, de las personas y de las naciones, que no pueden aceptarse de ninguna manera acuerdos económicos, como las deudas públicas y acuerdos con el FMI, que impliquen derivaciones en perjuicios de lesa humanidad y de lesa naturaleza para nuestro pueblo y nuestro ecosistema como país y planeta. Efectos éstos últimos, que tal como se han desarrollado, no se han repudiado como corresponde. Además, se deberá establecer la calidad de delito de lesa humanidad económico a dichas actividades que implican los perjuicios referidos, sancionar a los responsables y asegurar su debida reparación.
2. Por lo que, desde la autoridad que se tiene como Tribunal Popular, como principio se afirma la nulidad absoluta de las deudas públicas y los acuerdos con al FMI, no obstante su reiterada restructuración y afirmamos el derecho del pueblo y de la Nación a rechazar su pago, más aún en situaciones de extrema necesidad como la que actualmente se viven en el contexto de la pandemia del Covid-19. Además, a los efectos de poder llevar adelante una auditoría integral, con participación ciudadana, de la deuda pública y de los acuerdos firmados con el FMI, a fin de establecer la legalidad y legitimidad de los mismos, se peticiona con firmeza al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo Nacional que tomen las medidas necesarias, para implementarla.
3. Mientras se lleva adelante la auditoría antes referida, se tendrá que ordenar la suspensión de los pagos de la deuda pública, hasta tanto no sea establecida su legalidad y legitimidad.
4. Conforme a lo analizado anteriormente, se deberá trabajar la posibilidad de iniciar acciones revocatorias de acuerdos económicos por “írritos” de lesa economía, que trajeron o pueden traer graves efectos de lesa humanidad y lesa naturaleza, por goteo.
5. Determinadas que fueren las irregularidades se tendrá que requerir medidas de sanción y de reparación ejemplificadoras, tanto en lo penal, como en lo civil, comercial, bancario y político, a todos los implicados.
6. Solicitar al Ministerio de Economía y a través de dicho Ministerio al Banco Central de la República Argentina y la AFIP, que se den a conocer la nómina de los tenedores de deuda pública y de aquellas personas o grupos que fugaron fondos al exterior y de quienes tienen dineros en paraísos fiscales y ante la negativa de cumplir dichas exigencias, tendrá que ser el Poder Judicial el que asuma la responsabilidad ante la historia y requiera lo peticionado para el bien de la República, que debe transparentarse en estos aspectos.
7. Elaborar una lista y darla a conocer, de los estudios jurídicos-contables-económicos y de sus integrantes o de los profesionales autónomos, que han actuado en los procesos de deuda externas tan ruinosos para el país, para que no puedan ser contratados en el futuro para la defensa de los planteos que nos corresponden. Tampoco aceptarlos como asesores de cualquier tipo, con o sin retribución, en nuevas tratativas.
8. Requerir que el Congreso de la Nación solicite un balance de los costos asumidos en comisiones y honorarios para cada deuda contraída, para luego intimar a los que los cobraron la restitución de lo cobrado y los daños y perjuicios por actuaciones propias de mala praxis perjudicial para los intereses de la nación.
9. Enviar copia del presente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que ordene a los magistrados y magistradas que se avoquen y resuelvan a la brevedad y bajo apercibimiento, los planteos pendientes en temas propios de la deuda pública. Requerir que tengan presentes los argumentos jurídicos desarrollados aquí, que cambian las perspectivas de algunos planteos defensivos que pudieran haberse formulados en las causas, porque los actos nulos de nulidad absoluta no se pueden convalidar y menos tenerlos como protegidos por garantías que no tienen su razón de ser y existir para ello.
10. Pedir al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo Nacional, que revea la participación en organismos como el FMI, en la medida que éstos organismos no se sometan a regulaciones y leyes nacionales y/o internacionales básicas y prioricen los derechos humanos del pueblo.
11. Requerir al Congreso de la Nación que por ley determine que no cabe secretismo en los temas propios de la deuda pública, como principio, ante los representantes del pueblo y permitir de la manera adecuada, el acceso a dicha información por la ciudadanía.
12. Peticionar al Congreso de la Nación que por ley establezca, como un requisito más en las tratativas de los endeudamientos, que se tenga que aprobar un informe independiente sobre el impacto que el mismo traerá en materia de derechos humanos esenciales y sobre el ecosistema, como presupuestos a contemplar, a los efectos de asumir compromisos económicos por parte del país.
13. Exigimos al Congreso de la Nación que asuma integralmente las facultades que les son propias y no las delegue, bajo pena de seguir incurriendo en verdaderas omisiones inaceptables, conforme el mandato de la Constitución Nacional referido.
14. Instamos a las instituciones educativas, particularmente a las universidades, a las organizaciones, movimientos sociales, políticos, gremiales y populares de distintos tipos y/o a sus integrantes a difundir, a trabajar, estudiar, organizarse y discutir la Sentencia de este Tribunal Popular, junto a las demás actuaciones del Juicio Popular, a fin de hacer tomar conciencia de esta temática al conjunto social de nuestra sociedad para fortalecer la construcción de un movimiento amplio ante la problemática.
15. Llamamos a los diversos gobiernos del mundo, a las instituciones financieras como el FMI, el Banco Mundial y demás bancos multilaterales, a los fondos de inversión y tenedores de bonos, a reconocer la gravedad de la situación y a anular las deudas que empobrecen y someten a pueblos y países enteros. Les convocamos a restituir a los pueblos y a la naturaleza lo que les han quitado, restaurando la igualdad, el equilibrio y la posibilidad de vida digna.
16. Impulsar desde los movimientos y organizaciones populares la creación de una alianza de pueblos y países acreedores a raíz de los sufrimientos padecidos y pagos efectuados indebidamente, de manera tal que el sistema de la deuda no condicione tan fácilmente de a uno a cada país, teniendo presente que, como se ha dicho, los prestamistas actúan en coordinación.
17. Hágase saber y dese las copias que se requirieran del presente y súbase libremente a Internet este fallo y demás actuaciones del Juicio Popular a la Deuda Argentina y al Fondo Monetario Internacional.»