¿En qué consiste el plan contra la desocupación que la Unidad Piquetera presentó al ministro Zabaleta?

Tras la multitudinaria movilización del 18 de agosto, las organizaciones sociales nucleadas en la Unidad Piquetera se reunieron el viernes 3 de septiembre con el flamante ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, ante quien presentaron su plan integral contra la desocupación, el hambre y la pobreza, que plantea la generación de un millón de puestos de trabajo genuino bajo convenio por medio de un «Gran Plan de Obra Pública y Vivienda» financiado por el Estado Nacional – que incluya la construcción de viviendas en todo el país – y la universalización de un seguro a la persona desocupada que cubra la canasta básica. «El plan que proponemos se debe financiar con los recursos provenientes de los recursos que actualmente el Estado destina al pago de la deuda, subsidios a las viejas privatizadas y al gran capital», sostienen. Por ANRed.

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Ante la asunción de Juan «Juanchi» Horacio Zabaleta como flamante ministro de Desarrollo Social de la Nación, la primer demostración de fuerza en la calle de las organizaciones sociales no alineadas al gobierno nacional y nucleadas en la llamada Unidad Piquetera – que agrupa a 40 movimientos sociales -, fue la multitudinaria movilización de más de 15o.000 personas el miércoles 18 de agosto en reclamo de trabajo genuino y la universalización de los programas sociales vigentes. Allí también denunciaron que los beneficios sociales están actualmente limitados a cupos que se distribuyen desde el ministerio de Desarrollo Social a través de los intendentes, las ONG y las propias organizaciones sociales.

La movilización se dio en el marco de un crecimiento de la cantidad de beneficiarios y beneficiarias de los programas Potenciar Trabajo, dependientes de Desarrollo Social, que se incrementaron durante 2020, pasando de alrededor de 600.000 a alrededor de 1.000.000, aunque resultan insuficientes para las 9 millones de personas que tramitaron el IFE en el peor momento de la pandemia, los 18,1 millones que en marzo vivían en hogares pobres, los 2,5 millones que cayeron en esta situación entre marzo del 2020 y el mismo mes de este año y los 1,2 millones que, en el mismo período, se hundieron en la indigencia.

En ese contexto, la Unidad Piquetera no comparte el proyecto de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) – conformada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, y un sector del Frente Popular Darío Santillán -, que apunta a generar un salario básico universal. A esa propuesta, la Unidad Piquetera le opone el reclamo de trabajo genuino bajo convenio y un seguro a la persona desocupada atado a los salarios de convenio.

Con esta propuesta central y tras la masiva movilización, se reunieron el viernes 3 de agosto con el ministro Juan Zabaleta, ante quien presentaron su plan integral contra la desocupación, el hambre y la pobreza, que plantea la generación de un millón de puestos de trabajo genuino y la universalización de un seguro al desocupado que cubra la canasta básica.

El plan pretende «reemplazar la política de planes sociales y asistencialismo creada por los gobiernos de los últimos años 20 años, sin conseguir modificar la situación de pobreza, desocupación e indigencia en la que millones de familias se encuentran; y la generación y estímulo de trabajo genuino bajo convenio, y con todos los derechos conquistados por las y los trabajadores», detalla la propuesta entregada a Zabaleta.

Al mismo tiempo, el plan «abarca la necesidad de dar respuesta a la falta de urbanización, escuelas en todos sus niveles (desde jardines maternales hasta los estudios secundarios), conjuntamente con las viviendas populares que permitan empezar a resolver el drama social de la vivienda propia que sufren millones de personas en nuestro país».

Esto en un contexto donde, señalan las organizaciones de la Unidad Piquetera, la crisis socioeconómica lo único que ha hecho es agudizarse: «en la Argentina los barrios populares nunca dejaron de crecer. Las últimas cifras oficiales (diciembre de 2016) ubican a estos asentamientos en 4.416. Sin embargo, las estimaciones de organizaciones sociales que trabajamos en el territorio sostenemos que esa cifra ascendió a unos 5.000. La mayoría de ellos están ubicados en la provincia de Buenos Aires. Dentro de ella, los municipios que suman la mayor cantidad de asentamientos son los de La Plata y La Matanza, en ese orden. En la Argentina, unas 870.000 familias, esto es unos cuatro millones de personas, viven en asentamientos, en viviendas precarias, en muchos casos sin agua potable, cloacas y luz. El último censo realizado sobre los asentamientos de todo el país determinó que el 78,5% de los barrios son de baja densidad poblacional y el 68% tienen viviendo menos de 150 familias. Las Villas representan el 21,5% y son las que tienen mayor densidad poblacional. Más de la mitad de las familias viven en estos barrios desde antes del 2000. El 93% no cuenta con acceso formal a la red de agua corriente y el 70,5% a la red de energía eléctrica (datos del Renabap). La provincia de Buenos Aires es la que concentra la mayor cantidad de Barrios Populares. El último relevamiento determinó que son 1.783, pero las últimas estimaciones elevan esa cifra por arriba de los 2.000″.

Es por eso que en este delicado contexto de crisis, consideran que «el trabajo genuino y las obras públicas no solo son imprescindibles para el desarrollo nacional, sino que constituyen un acto de justicia indelegable del Estado, que debe figurar entre las principales prioridades».

Por todo ello, plantean «la urgencia de desarrollar un ‘Gran Plan de Obra Pública y Vivienda’ para crear 1.000.000 de puestos de trabajo financiado por el Estado Nacional que incluya la construcción de viviendas en todo el país«. Para esto, proponen conformar una » ‘Mesa Inter Ministerial’ con las organizaciones sociales donde participen el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la Secretaría de Intervención Socio Urbana, y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat».

«Desde nuestra parte nos ponemos a disposición y acercamos el relevamiento con el cual hemos construido una gran ‘Bolsa de Trabajo’ de 100.000 trabajadoras y trabajadores de nuestras organizaciones con diversos oficios y profesiones», sostienen desde la Unidad Piquetera, y detallan los oficios en los que están formados sus integrantes: «Electrotécnicos, Programador de computación, Albañil, Solador, Escayolista, Yesista, Acabados, Empapelador, Pintor, Electricista, Gasista, Jardinería, Revestimientos continuos, Ayudante de mantenimiento básico de edificios, Enfermeras, Auxiliares de limpieza, Cocineras/os, Auxiliares de cocina, Costureras/os, Mampostero, Oficial de miras, Pavimentador, Pocero saneamiento, Encofrador, Ferrallista, Tejador, Pizarrista, Aplicador de revestimientos, Alicatador-soldador, Instalador de sistemas de impermeabilización, Impermeabilizador de terrazas, Cuidadores domiciliarios, acompañantes terapéuticos, etc».

Desde la Unidad Piquetera están convencidos «de que la conversión de planes sociales en trabajo no se va a resolver con programas como el ‘empalme’ o ‘enganche’ que no dieron ningún resultado concreto y que constituían un subsidio encubierto a las patronales y un ataque a los convenios colectivos de trabajo«. Por lo que entienden que «esa reconversión es solo posible con trabajo genuino, bajo convenio y sin eliminar derechos conquistados».

En cuanto a cómo se puede financiar ese plan integral que proponen, las organizaciones sociales detallaron: «el plan que proponemos se debe financiar con los recursos provenientes de los recursos que actualmente el Estado destina al pago de la deuda, subsidios a las viejas privatizadas y al gran capital. En lo que va del año, el Banco Central destinó 800.000 millones de pesos a pagar intereses a la banca privada, el Estado pagó más de 1.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y se están pagando las cuotas al Club de París, mientras no se resuelven las necesidades de los barrios populares, además de los compromisos que ya ha establecido el Gobierno para los próximos años  en pagos exorbitantes que postergan las más elementales necesidades del pueblo».

Al mismo tiempo, exigen «el reconocimiento a través un salario con todos los derechos a los trabajos que desde hace décadas venimos realizando en los barrios populares las organizaciones sociales, donde se destacan las tareas vinculadas al cuidado y la reproducción de la vida donde en su amplia mayoría son nuestras compañeras las que están al frente de los comedores, merenderos, experiencias productivas y educativas», remarcan.

Asimismo, desde la Unidad Piquetera consideran que este plan integral no puede estar desarticulado de otras medidas macro económicas en relación al resto de la clase trabajadora. En ese sentido, remarcan «la necesidad de fortalecer y apoyar a las y los trabajadores de las empresas recuperadas y unidades productivas, tomando medidas urgentes para que no se pierdan estos puestos de trabajo ante la crisis económica». Para esto, señalan: «se debe promover: garantía salarial estatal, eximiciones impositivas y créditos no bancarios para su desarrollo, implementación efectiva y amplificación del Compre Social incorporando todas las dependencias del Estado, y promoviendo desde el Estado la comercialización de su producción».

Finalmente, consideran que el plan integral, también, debe complementarse con una la siguiente batería de medidas:

• La «prohibición real de los despidos».
• La «continuidad de la producción bajo control de sus trabajadores de toda empresa que cierre o despida».
• La «construcción de polos educativos en los barrios populares que incluyan jardín de primera infancia, escuela primaria y secundaria».
• Un «plan de viviendas populares y accesibles con un % del salario mínimo vital y móvil en todo el país».
• La «promoción y estímulo para la contratación de trabajadores y cooperativas de cuidadores domiciliarios desde el sistema público, obras sociales y prepagas».
• El «reconocimiento salarial para promotoras de género, salud comunitaria, tareas ambientales, y educativas».
• La «apertura de concursos en hospitales, jardines de infantes y escuelas para cubrir vacantes de auxiliares, limpieza y cuidado de personas».
• El «pase a planta o mejor convenio de la actividad de todos los precarizados, tanto en el Estado como en el sector privado».
• El «reparto de las horas de trabajo disponibles sin afectar el salario, creación de nuevos turnos de trabajo utilizando la capacidad instalada ociosa».
• Un «Ingreso Universal para todas las personas en edad laboral que tengan una situación de vulnerabilidad social», con «montos de este ingreso deben estar atados a la canasta básica que se precisa para no ser pobre».
• El «aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil».
• El «financiamiento para los refugios contra situaciones de violencia, como también la ampliación y aplicación del cupo laboral trans».
• Un «plan de acceso a la tierra para vivir y producir, constituyendo un ‘Banco de Tierras’, con el objetivo de repartir 500.000 hectáreas, fiscales y ociosas, para vivir y producir a través de cooperativas de trabajo u otras formas organizativas del trabajo»
• «Promover el acceso a la Energía Renovable»
• «El Fortalecimiento y Reconocimiento de las experiencias educativas populares, como también el estímulo para desarrollar nuevas experiencias (educación en todos los niveles, espacios de niñez, alfabetización, jardines de primera infancia, centros educativos complementarios, talleres de juventud, escuelas de oficios y formación profesional)».