¿La historia se repite?: los libros duhaldistas del ministro Zabaleta
Foto: Franco Fafasuli
La crisis económica en curso y la conflictividad social que se avizora para el país acercó posiciones entre intendentes y dirigentes del kirchnerismo puro. Para sorpresa de muchos, se empezó a construir un acuerdo a mediano plazo respecto a qué política social impulsar en un contexto donde casi el 50% de la población es pobre y la desocupación ya superó el 10%. Los libros duhaldistas fueron la primera fuente de consulta de los encargados de contener la situación social. El gobierno no se siente cómodo con los movimientos sociales, tanto opositores como oficialistas. Cuando Larroque ve como «dificultad», y no como potencialidad, que las organizaciones sociales determinen los «beneficiarios» lo que está planteando es la necesidad que el Estado asuma ese rol como en su momento Duhalde intentó hacerlo con los consejos. La disputa actual podrá iniciarse en relación a los planes sociales, caja ansiada también por los intendentes, pero tiene encaje en una pelea mayor, que es dónde el Estado va a propiciar estructura, si a través de los movimientos sociales o los municipios. Opinión de Nicolás Salas, para ANRed.
En 2017, Juan “juanchi” Zabaleta, intendente de Hurlingham, era uno de los dirigentes encargados de lograr una lista única del peronismo. Fracasó. La expresidenta Cristina Fernández se presentaba con Unidad Ciudadana (UC) y mandaba al ostracismo electoral a Florencio Randazzo con un cuarto lugar y un poco más del 5% de los sufragios.
La mayoría de los intendentes que se habían hecho randazzistas por aquellas semanas, de la noche a la mañana pegaban el salto y volvían al cobijo de “la jefa”. Zabaleta se mantuvo fiel a Randazzo y no se corrió del espacio pese a los pronósticos derrotistas. Su actitud conciliadora y haber mantenido «códigos» con el exministro del Interior dejó una buena impresión en los armadores de UC, principalmente en los alfiles cristinistas.
Pasaron cuatro años para que las intenciones unitarias de “juanchi” sean recompensadas. Será el presidente Alberto Fernández, socio de Zabaleta en el naufragio electoral de 2017, quien lo nombrará sucesor de Daniel Arroyo al frente del Ministerio de Desarrollo Social. Su llegada no fue una decisión unilateral del jefe de Estado, sino que también contó con el visto bueno de La Cámpora quien, a través de Andrés “cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo bonaerense, inclinó la balanza para su designación. Algunos medios y trascendidos gubernamentales reducían la definición a un acuerdo electoral en Hurlingham, donde la agrupación de Máximo Kirchner pasó a ocupar los lugares más expectantes de la lista del frente “Todos”.
No fue solo un acuerdo electoral el que motivó una alianza que cuatro años atrás había fracasado. La crisis económica en curso y la conflictividad social que se avizora para el país acercó posiciones entre intendentes y dirigentes del kirchnerismo puro. Para sorpresa de muchos, se empezó a construir un acuerdo a mediano plazo respecto a qué política social impulsar en un contexto donde casi el 50% de la población es pobre y la desocupación ya superó el 10%. Para peor, y el gobierno lo sabe, en Argentina la desocupación se organiza y lucha.
Los libros duhaldistas fueron la primera fuente de consulta de los encargados de contener la situación social. Ni bien asumido en su cargo, el mismo Larroque recibió en su despacho a Hilda “chiche” Duhalde, mientras Kicillof hacia lo mismo con el expresidente Eduardo Duhalde.
¿Qué reivindica el kirchnerismo de aquella dirigencia con la que mantuvieron, y mantienen, una histórica confrontación? En principio una táctica de intervención para un escenario de conflictividad social de alto calibre.
El gobierno no se siente cómodo con los movimientos sociales, tanto opositores como oficialistas. Larroque mismo puso la cara en dicho debate y planteó recuperar el terreno perdido por el Estado a manos de los piqueteros; “Cuando las organizaciones determinan quiénes son los beneficiarios o los sujetos de derecho, estamos en una dificultad frente al conjunto de la sociedad”.
Pese los intentos, la UTEP no logró evitar el desembarco de Zabaleta, lo que los llevó a añorar el rol de Arroyo, un tipo «que dejaba hacer». Amagues de renuncias ministeriales y fuego mediático cruzado puso al descubierto una disputa por la orientación que debe tener uno de los ministerios más importantes del gabinete nacional y dónde los movimientos sociales peronistas tienen puestas gran parte de sus fichas.
Andrés «Cuervo» Larroque y Juan «Juanchi» Horacio Zabaleta. | Foto: archivo Diarios Bonaerenses
Haciendo un paralelismo, Duhalde tampoco quería lidiar con los piqueteros. En los primeros días de su gobierno puso de pie la mesa de Diálogo Argentino (MDA). Desde allí, supuestamente, se pensaría la política social de consenso para una sociedad que ardía en las calles y bajaba presidentes cómo moscas. Dicho espacio lo componían representantes del ejecutivo nacional, la Iglesia Católica y las Naciones Unidas, a través del PNUD. A su vez, el ejecutivo hacía puente con intendentes y gobernadores que serían los encargados de hacer llegar los primeros planes “Jefes y Jefas” de hogar. El plan de Larroque y Zabaleta, en su lógica, no dista mucho de la táctica gubernamental llevada a cabo a partir de enero de 2002.
Continuando con la comparación, a días de su asunción, Zabaleta, fiel representante de los intendentes, intentó mostrar, cómo Duhalde, otras representaciones de lo social. Lo primero que hizo fue sacarse la foto con el obispo Oscar Ojea, presidente del Episcopado. Horas atrás había visitado a los curas villeros en San Cayetano y al titular de Cáritas. En paralelo, la tensión con las organizaciones sociales oficialistas y opositoras se incrementaba en los medios de comunicación y en las calles.
Casi 20 años después, la historiografía duhaldista y ahora kirchnerista asumen que la alianza con la Iglesia, las Naciones Unidas y los intendentes del conurbano permitió pilotear la tormenta generada por la rebelión del 2001. ¿Fue este movimiento el garante de la reinstitucionalización del conflicto? No necesariamente.
La MDA recibía empresarios, ruralistas, entidades de la sociedad civil, entre otros sectores. Ni lerdos ni perezosos, las entidades del campo, grandes favorecidas por la devaluación, se adelantaron al gobierno y propusieron realizar una donación por única vez destinada a “lo social”, en contraposición al inminente anuncio que el entonces ministro de Economía Remes Lenicov preparaba y que definiría la aplicación de retenciones a las exportaciones de los productos primarios. En principio, aquella instancia de consenso no dio la espalda a los ruralistas, quienes llegaron a contar con el apoyo de algunos sectores de la iglesia. No fue suficiente, la política no se resolvía allí. El gobierno no tenía margen, y definió avanzar unilateralmente con la medida, dejando en un lugar casi testimonial a la alianza con la institución eclesiástica y las Naciones Unidas. El rol de la Mesa de Diálogo Argentina pasaría a ser de “control” y de seguimiento de la implementación de los recursos.
De hecho, la política social central para contener la pobreza fue la creación de un millón de planes sociales (que terminaron siendo el doble), propuesta que ni siquiera había sido elaborada por la MDA. Fue un anuncio de Rodríguez Saá en su fugaz paso por la Rosada y retomado por Duhalde durante su discurso de su asunción.
Foto: Franco Fafasuli
En el marco de la creación del plan “Jefes y jefas” de hogar se dio lugar a la conformación de consejos municipales y provinciales, así como el Consejo Nacional de Administración, Ejecución y Control (CONAEyC), para el otorgamiento de aquellos planes armando esquema definidamente «antipiquetero». Dejar de lado a las organizaciones sociales era un objetivo secundario pero necesario de aquella política (el primero, por supuesto, mantener la gobernabilidad). Así y todo, los planes de lucha del movimiento piquetero daban por tierra, una vez más en la historia, las intenciones de quitarles el lugar que habían ganado en base a años de luchas que incluían desde cortes de rutas hasta puebladas.
Cuando Larroque ve como «dificultad», y no como potencialidad, que las organizaciones sociales determinen los «beneficiarios» lo que está planteando es la necesidad que el Estado asuma ese rol como en su momento Duhalde intentó hacerlo con los consejos.
Más allá que los distintos consejos gubernamentales sirvieron de tapón a las organizaciones, no lograron mermar la lucha, todo lo contrario. Las protestas y acciones se incrementaron semana a semana, llegando a su punto más significativo el 26 de junio con la masacre del Puente Pueyrredón.
No puede negarse que, más allá del adelantamiento de las elecciones tras el repudio social por los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, la situación institucional había iniciado un proceso de estabilización para mediados de 2002. ¿A qué se debía? El lanzamiento de 2 millones de planes sociales sumado al mejoramiento de las variables macroeconómicas a partir del fin de la convertibilidad y la devaluación de la moneda eran permitieron un mayor ingreso de divisas extranjeras a partir de la exportación de comoditties y una mejora en la competitividad industrial recuperando los niveles de la producción de la capacidad instalada industrial. A esto se le suma la merma del conflicto con la clase media (a partir de la disolución del corralito financiero), sector que había logrado gran dinamismo de lucha en las calles.
El contexto internacional con precios competitivos, gracias a la devaluación de la moneda, permitió financiar la política social y económica en general. El barco tenía agua para salir a flote y así lo hizo.
No es la misma situación que acontece en la crisis actual, iniciada en 2008 y profundizada con la actual pandemia. Los márgenes de competitividad en base a la devaluación de la moneda son muchos más acotados que los iniciados a principios de 2002 y, pese a que los precios internacionales de la soja en los últimos meses vienen mostrando un importante incremento, no parecieran alcanzar para inclinar la balanza en favor del gobierno. Los analistas, tanto de derecha cómo de izquierda, coinciden en algo; no se acercan “vientos de cola” económicos que permitan condiciones similares a las del 2002/2003.
La disputa actual podrá iniciarse en relación a los planes sociales, caja ansiada también por los intendentes, pero tiene encaje en una pelea mayor que es dónde el Estado va a propiciar estructura, si a través de los movimientos sociales o los municipios. Entre la autonomía de las organizaciones y la ampliación institucional a través de las comunas (y sus punteros) el gobierno pareciera hacer claros gestos en favor de la segunda
La plata no es infinita y sale de algún lado. La frazada es corta y si se busca cubrir una parte del cuerpo se termina por descuidar otra. Vicentin, la hidrovía del Paraná, y la cancelación de la deuda externa (entre otras políticas) muestran a un gobierno escéptico de disputar una fuente de ganancias extra, en los grupos concentrados, cuestión que permitiría afrontar en mejores condiciones el desenvolvimiento de la crisis. En ese marco, pensar que un movimiento táctico, en este caso a «lo duhaldista», permitirá al gobierno sortear la conflictividad social es de mínimo ingenuo y hasta aventurero. No será que entre comparaciones y paralelismos todo termine como en 2002.