La Subsecretaría de Minería inspeccionó la cava clandestina de la Unidad Turística de Chapadmalal
Foto: Quilla, junio de 2021.
A raízde la denuncia presentada en abril de este año, integrantes de la Asamblea de Salud solicitaron la intervención de la autoridad minera provincial a los efectos de identificar la existencia de una cava clandestina, usada como “tosquera”, en la cual registraron extracción ilegal de áridos por parte de camiones municipales dependientes del Distrito Descentralizado de Chapadmalal en diciembre de2020. Estos hechos fueron realizados sobre jurisdicción federal,bajo competencia de la Secretaría de Turismode la Nación, sitio que a su vez, fue declarado Monumento Histórico Nacional en el año 2013, aumentando la protección del lugar y su entorno. Por Asamblea de Salud de Chapadmalal
El lunes 5 de julio, viajaron desde La Plata al lugar del hecho, el Director Provincial de Fiscalización Minera, Sr. Mariano González Dobra y el Director de Catastro Minero, Sr. Gonzalo Liaudat reunidos en compañía de dos inspectores de dicho organismo, quienes recorrieron durante varias horas la cava y labraron la correspondiente Acta de Inspección.
En dicho documento, registraron: “en el lugar se observa una cava de 60m x 90 m aproximadamente, sin actividad minera al momento de la visita.” “Se observan huellas de maquinaria pesada. Se observan acumulaciones someras de agua meteórica y abundantes residuos sólidos urbanos, restos de poda y residuos incinerados” entre otras observaciones de rigor para la cabal identificación del sitio degradado en sus condiciones físicas y ecosistémicas.
Es importante agregar que según amplia bibliografía ecotoxicológica, los basurales a cielo abierto terminan afectando la salud del suelo y la calidad de las aguas subterráneas, y que la Subsecretaría de Minería no realiza determinación del impacto por contaminantes provocado por el vuelco de residuos y su incineración, tarea quepodría estar incluida dentro de las pericias a determinar por la Fiscalía Federal N° 1 y el Juez Santiago Inchausti, quienes llevan adelante el proceso judicial por infracción a la Ley de Residuos Peligrosos así como también por el Organismo Para el Desarrollo Sostenible (OPDS) quien resulta ser la autoridad de aplicaciónde la Ley de Ambiente de la provincia de Buenos Aireso el propio Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, ambos organismos involucrados a partir de la generación de expedientes abiertos por denuncia de vecinos y vecinas de la comunidad.
Los resultados de esta inspección,concuerdan con datos previos, obtenidos a partir del relevamiento realizado por científicos de la UNMdP, bajo la dirección de Marcelo Omar Farenga, Cartógrafo perteneciente al Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario (UNMdP–CIC).
El informe desarrolla a partir de un Modelo Digital de Elevación (MDE) utilizando software específico, el primer mapa topográfico de la cava y a su vez define uno de los datos más problemáticos: su volumen. Estamos ante una cava generada a partir de la extracción de 20.000 metros cúbicos de suelo. Si consideramos que la capacidad de carga de un camión volcador común, como el filmado en diciembre de 2020, es de solo siete metros cúbicos, podemos formular preguntas muy comprometedoras para los funcionarios responsables involucrados, quienes tendrían que poder explicar cómo, cuándo y de qué manera se extrajeron los 2.857 camiones repletos de tosca, entre otras preguntas incómodas que terminan por configurar un caso ejemplar de mal desempeño en sus funciones.
Otro inesperado hallazgo del día, descubierto en el extremo suroeste de la cava, fue un gran montículo de residuos que no fueran recogidos durante la semana de trabajo en que el EMSUR, a cargo de Sebastián D’Andrea, realizara un mega operativo de recolección en superficie y trasladode 600 toneladas de residuos hasta el CEAMSE tras lo cual dieron a conocer que la municipalidad había “limpiado” el basural en terrenos correspondientes a la nación.
Finalmente se trata de otro paso dado hacia el reconocimiento del sitio degradado, queda por delante lograr que el Estado, principal autor de este pasivo ambiental, pueda reaccionar y arbitrar los medios para la recomposición ambiental del sitio, evitando falsas soluciones como podría ser cerrarla con un mero cerco romboidal, privando el acceso y archivando las denuncias que reclaman verdadera atención del gobierno y soluciones concordantes con los derechos y garantías legales en materia ambiental.