Colombia: genocidio estatal como mecanismo para consolidar la acumulación por desposesión
Este artículo es parte de una serie de tres entregas que pretenden describir el carácter genocida del Estado Colombiano, las fuerzas estatales y paraestatales que lo perpetran y las acciones de autocuidado que ha generado el pueblo colombiano y que se han fortalecido en estas últimas jornadas de protesta. Por Colombia Informa y ANRed.
En estos momentos, a unos días de haberse cumplido un mes de paro nacional, Colombia atraviesa un verdadero estallido social. Las movilizaciones, que en un principio apuntaban a la caída de la reforma tributaria, hoy se sostienen bajo consignas que manifiestan un conflicto que no responde a la coyuntura más reciente que atraviesa el país, sino a las condiciones de opresión históricas y estructurales que someten al pueblo colombiano desde hace siglos.
El relato de les manifestantes denuncia la situación de desigualdad y opresión en la que identifican tanto la crisis económica generalizada, como el terrorismo para-estatal materializado en la violación sistemática de Derechos Humanos, que tradicionalmente impactó más a las comunidades rurales. Hoy dicha violencia está siendo desatada en las grandes ciudades durante las represiones a las manifestaciones pacíficas en el marco del paro nacional que comenzó el 28 de abril del presente año, haciéndonos testigos una vez más de su crudeza, la cual ha quedado registrada en videos que se han hecho virales en las redes sociales, como ocurrió en el 2019 con el asesinato de Dylan Cruz, o en septiembre del 2020 con los asesinatos que la fuerza pública perpetró contra manifestantes tras el asesinato de Javier Ordoñez por parte de la policía.
Dada la profunda gravedad de la violencia perpetrada contra el pueblo colombiano que ya no cabe en estadísticas de asesinatos, desapariciones y judicializaciones arbitrarias de líderes y lideresas sociales, excombatientes y manifestantes, se hace necesario caracterizar los actores responsables, los cuales tienen dinámicas de actuación dentro de la realidad colombiana que suelen difuminarse o confundirse dentro de la complejidad del conflicto que se vive en el país.
Acumulación por desposesión
La violencia estructural que padece el pueblo colombiano es histórica y no es muy distinta a la que se ha sometido a todos los pueblos de nuestra casa común Abya-Yala, pero tiene la característica de ser un laboratorio regional del paramilitarismo en connivencia con el Estado y sus fuerzas represivas, al servicio del poder económico local y global.
Durante el presente año, en el mes de marzo, se llevó a cabo la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos [1] en Colombia, escenario que se fundamenta en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos proclamada en Argelia en 1976. En dicho escenario se expusieron ante la comunidad internacional los crímenes cometidos por parte del Estado colombiano contra su población, y los mecanismos a través de los cuales lo ha hecho históricamente. En dicho tribunal, el padre Javier Giraldo [2] identifica que a partir de los años 60′ se llevó a cabo un proceso de despojo de grandes extensiones de tierra a poblaciones campesinas (en pro de la concentración de las mismas en manos de una élite terrateniente partícipe del poder central del Estado), lo cual generó éxodos en varias regiones del país; todo esto con la injerencia del gobierno de los EE.UU. a través del control de las fuerzas armadas. Se dieron instrucciones secretas que fueron acatadas estrictamente por los gobiernos colombianos, entre ellas la creación y entrenamiento inmediato de grupos mixtos, civiles y militares, con el fin de asumir estrategias que incluyeran sabotajes, funciones de contra-agentes y contra-propagandas y actividades terroristas paramilitares (con esas precisas palabras) contra los simpatizantes del comunismo.
Dentro de las acciones militares que afectaron los poblados campesinos destaca el ataque al poblado de Marquetalia en 1964, que utilizó métodos de guerra prohibidos en el derecho internacional, como el uso de armas químicas, biológicas, la destrucción de poblaciones enteras, de medios de subsistencia, aplicación de torturas, ejecuciones, encarcelamiento y difamaciones. “Los registros aportados por Monseñor German Guzman revelan que fueron encarcelados más de 2 mil campesinos, asesinados más de 200 y torturadas muchas decenas de personas en una operación que se extendió de mayo a septiembre de 1964 y ocupó a 16000 hombres en armas del Estado, incluyendo soldados y helicópteros norteamericanos según balances elaborados por un grupo mismo de militares Colombianos”[3]. Todo esto se dio en el marco de la “Operación de Seguridad Latinoamericana” (LASO, por sus siglas en inglés) impulsada por el gobierno de los EE.UU. en nuestra América.
El anterior es tan solo uno de los tantos ejemplos de la intervención que ha hecho Estados Unidos en Colombia, bajo la complacencia de gobiernos y élites colombianas y, además, es evidencia de cómo a través de la coordinación y cooperación entre las fuerzas militares se profundiza el despojo en el país. Esta dinámica de acumulación a través del despojo constituye un mecanismo central de funcionamiento del capitalismo y del imperialismo en nuestros días. Entre los aspectos que engloba esta dinámica de acumulación y sostenimiento del capitalismo se destacan en Colombia la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión violenta del campesinado; la transformación de los derechos comunes, colectivos y públicos en derechos privados y el abandono de la idea de propiedad común; la conversión de la fuerza de trabajo en mercancía y la eliminación de todas las formas de producción y consumo no mercantiles; la imposición de impuestos sobre los recursos y la tierra; el tráfico de personas y el sometimiento brutal de seres humanos; la financiarización de las relaciones económicas; la utilización de métodos colonialistas para apropiarse de recursos naturales y energéticos.
Este último es uno de los principales objetivos del imperio norteamericano para garantizar su subsistencia y su posición como potencia global, a costa del despojo de lo que denomina “su patio trasero”. En este sentido, por dar otro ejemplo, de los mecanismos de despojo que utiliza el gobierno colombiano para satisfacción de los intereses extranjeros, es relevante observar la formación de los Batallones Minero-energéticos y Viales, que ha hecho el gobierno en los últimos años. Estas fuerzas están compuestas por unidades especializadas que prestan seguridad a las áreas donde existen instalaciones y explotaciones minero-energéticas. Componen cerca del 30% del total de las fuerzas armadas en Colombia y su función principal es salvaguardar los intereses y la infraestructura de las multinacionales que operan en el sector energético con el fin de atraer más inversiones. Esto constituye una forma de implementación de la política neoliberal extractivista que impone el estado colombiano, sin atender las problemáticas sociales que dicha militarización implica sobre la vida de las comunidades que habitan ancestralmente los territorios sobre los cuales se emplazan las multinacionales y sus proyectos extractivos.
En el año 2013 el Ministerio de Defensa de Colombia generó un plan de choque frente a los conflictos sociales, ambientales y de seguridad que genera a las comunidades la explotación petrolera, minera e hidroeléctrica y su respectiva infraestructura, con el fin de aumentar la protección hacia las transnacionales. En consecuencia, se crean los Centros de Operaciones Especiales para la Protección de la Infraestructura Crítica y Económica de la Nación – COPEI, ubicados en Arauca, Norte de Santander, Putumayo, Magdalena Medio, Nariño, Valle del Cauca, Cesar y Bolívar. Además, se designan presupuestos para labores de inteligencia en las áreas críticas de conflictos sociales que genera la extracción energética, como lo son Arauca, Putumayo y Catatumbo. Se incrementó el apoyo aéreo y la capacidad operativa por medio del refuerzo a las unidades especiales y antinarcóticas. Todo ello con financiamiento directo desde los Estados Unidos, como fue la entrega en el año 2003 de 99 millones de dólares a las fuerzas armadas colombianas para la protección del oleoducto Caño Limón – Coveñas, con lo cual se obtuvieron helicópteros, se pagaron servicios de información e inteligencia, y se compró material militar al igual que se crearon nuevas Brigadas Militares [4].
Toda esta militarización justificada en la protección de los procesos extractivos que sólo favorecen a las transnacionales y las élites colombianas, han sido causantes de muerte, desplazamiento y dolor en las comunidades que allí habitan. Según Censat Agua Viva y Mining Watch Canadá, las regiones ricas en recursos son la fuente del 87% de los desplazamientos forzados, del 82% de las violaciones a los derechos humanos y del 83% de los asesinatos a líderes sociales en Colombia.
De manera directa, dichas brigadas han cometido crímenes y han violado los derechos humanos de los pobladores de estas regiones. Para ilustrar las acciones criminales que ha adelantado el estado colombiano contra su propio pueblo y que refuerzan y hacen manifiesto el genocidio estatal perpetrado históricamente, se pueden mencionar, los bombardeos y disparos a viviendas de la vereda Teteye llevados a cabo el 2 de junio del 2015 por parte de la Fuerza Aérea Colombiana, desde la base militar Quillanciga, que es parte del batallón energético N°11, en Putumayo. El corredor fronterizo Puerto Vega-Teteye es una de las áreas de conflicto de comunidades indígenas y campesinas del Putumayo contra transnacionales petroleras. Estas acciones guerreristas contra las comunidades favorecen en este caso, a la empresa Vetra Energy.
Otro caso relevante y que evidencia además el accionar de las fuerzas militares junto a actores paramilitares es el ocurrido del 12 de junio al 10 de julio de 2015 en el caserío el Aserrio, en el municipio de Teorama, departamento de Norte de Santander. Allí se presentaron bombardeos indiscriminados, la destrucción del oleoducto Caño Limón – Coveñas y la posterior toma por parte de alrededor de 1500 militares del casco urbano del caserío, acompañados de encapuchados quienes señalaban gente de la comunidad acusandola de ser guerrilleros. Alrededor del 80% de la población fue desplazada por miedo a ser asesinada o criminalizada4.
Esta dinámica de militarización en Colombia de la mano con la intervención imperial por parte de los Estados Unidos es mantenida y profundizada actualmente. Tan sólo entre 1999 y 2018, más de 110.000 efectivos del ejército colombiano fueron entrenados por militares estadounidenses. Además, importantes centros de formación militar bajo la doctrina estadounidense como lo es la Escuela de las Américas, entrenaron a más 18.000 militares y policías colombianos tan solo en octubre del año 2020. Todo esto sin mencionar, además, que actualmente existen 9 bases militares estadounidenses en Colombia, más centenares de monitores militares y numerosas empresas privadas militares de igual procedencia. En ese mismo año según el informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) el gobierno de Iván Duque invirtió el año pasado en plena pandemia 9.200 millones de dólares, lo que convierte a Colombia en el segundo país de América Latina que más invirtió en gasto militar, solo superado por Brasil.
Despliegue de las fuerzas armadas colombianas en las regiones de Colombia.
Tropas Colombianas y Estadounidenses en operación conjunta. Agosto 2020.
Todo este contexto de militarización de la vida en el país es funcional entonces al proceso de sostenimiento y perpetuación del capitalismo a través del despojo, convirtiéndose al país en un amplio laboratorio de “acumulación por desposesión” en la región, donde desempeña un papel fundamental la expropiación de tierras y la naturaleza en su conjunto. El despojo es la característica principal que permite la expropiación y acumulación de tierras y bienes comunes naturales y es en este sentido que las masacres, las torturas, la criminalización y el desplazamiento forzado son las formas que posibilitan llevar a cabo este despojo desde las clases dominantes hacia las clases populares principalmente de las zonas rurales del país, y pone en evidencia los mecanismos de acción que hacen visible la característica genocida del estado colombiano, valiéndose de las fuerzas militares nacionales y extranjeras y de las fuerzas paramilitares para perpetuar su política económica.
Evidencia del accionar conjunto entre fuerzas paramilitares y militares durante la Operación Orión en Medellín, octubre del 2002. Foto: Jesus Abad Colorado
Una de las principales consecuencias de este accionar del Estado colombiano para garantizar la acumulación por desposesión, es el fenómeno del desplazamiento forzado interno -del campo a la ciudad-. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) alrededor de 7,7 millones de personas se han visto obligadas a abandonar su tierra desde 1985, huyendo del trato inhumano por parte de los principales agentes victimizadores del pueblo en Colombia: fuerzas represivas del estado, militares estadounidenses, fuerzas paramilitares, y mafias del narcotráfico. Esto ha llevado al crecimiento demográfico en las ciudades, principalmente en las periferias urbanas, territorios los cuales se van poblando paulatinamente por personas y familias campesinas, comunidades indígenas, y comunidades afro-colombianas, quienes tienen que volver a comenzar su vida no solo en unas condiciones sumamente precarias si no totalmente distintas a su cosmovisión y su relación con el territorio que habitaban, la comida, la fiesta, el trabajo, la educación, el tejido social se ve cercenado trayendo consigo no solo unas pésimas condiciones de vida material si no una afectación de la salud mental, emocional, de la población desplazada. En las ciudades hemos visto en los últimos 20 años cómo el modelo económico imperante ha generado el incremento de la desigualdad social producto de la precarización laboral, el detrimento de la educación pública, del sistema de salud, y de la expansión de grandes proyectos inmobiliarios privados que se instalan en territorios de suma importancia ambiental, como quien dice todos los derechos sociales, laborales, violentados sistemáticamente, estas condiciones de vida en la ciudad confluyen con el desplazamiento forzado profundizando así la grave crisis humanitaria y económica que azota el pueblo colombiano. El efecto directo de esa situación es una presión adicional por servicios públicos, educación, salud, y toda una serie de bienes públicos, que no constituyen restitución y reparación, sino sólo el logro de condiciones mínimas para sobrellevar la vida en la ciudad.
Este atropello histórico a la población es a todas luces una de las causas principales del estallido social y popular de la coyuntura actual, y no es coincidencia que, por una parte los principales escenarios de movilización y resistencia popular sean las ciudades como Cali, Medellín, Pereira, Bogotá, Pasto, Barranquilla, entre otras, pues son ciudades que, han recibido mayoritariamente a la población que ha sido desplazada violentamente del campo. Sin embargo, si en el campo es el ejército y el paramilitarismo quienes fungen de victimarios, en las ciudades es la policía nacional y el paramilitarismo.
Desde el inicio del paro nacional ha sido la fuerza policial la responsable de las miles de sistemáticas violaciones a los derechos humanos de manifestantes que van desde violaciones y abusos sexuales a mujeres, mutilaciones, pérdida de ojos por lanzamiento directo de proyectiles contundentes, tortura, desapariciones forzadas, miles de detenciones arbitrarias y de manifestantes heridos. Según la campaña Defender la Libertad – Asunto de todas, éstas son las cifras de violencias institucional registradas hasta desde el 28 de abril hasta el 2 de junio del 2021:
Cabe resaltar sumado a esto que, según la ONG Temblores en los primeros 3 años (desde 2019) de implementación del nuevo Código de Policía se han registrado 39000 casos de violencia policial, 289 homicidios y 102 hechos de violencia sexual.
Escuadrón Movil Anti-Disturbios, ente perpretador de la violencia hacia la población desarmada en el marco de la legítima protesta.
Se evidencia de esta manera la relacion directa que tiene la acumulacion por desposesión y el despliegue del terrorismo estatal y para-estatal en Colombia, apoyado económica y militarmente por el imperialismo de Estados Unidos, favoreciendo al capital transnacional y a las élites en el poder. Estamos entonces frente a un genocidio perpetrado desde todos los niveles del Estado hacia un pueblo que hoy ya dijo “¡basta!” y abre la puerta a patadas y con dignidad hacia un nuevo periodo de la lucha social y política del pueblo colombiano, que sirve de abono a las luchas de nuestros pueblos en la región y que se retroalimentan mutuamente.
Notas:
[1] https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/871-ya-viene-el-tribunal-permanente-de-los-pueblos.html
[2] Sacerdote católico jesuita colombiano, defensor de derechos humanos e investigador.
[3] https://www.youtube.com/watch?v=4MSGrIUqyJU – intervención del padre Javier Giraldo en el Tribunal Permanente de los Pueblos -TPP
[4] Geopolítica del despojo – Novoa & Cantor (2016)