Capitanich avanza en el ordenamiento territorial de bosques sin consenso de las organizaciones
Mientras los desmontes continúan a pesar de un fallo judicial vigente, agrupaciones socioambientales anunciaron que se retiraron de la mesa técnica creada para actualizar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en Chaco y denuncian la presentación de un mapa elaborado de forma unilateral por el gobierno provincial. Por Agencia Tierra Viva.
Las organizaciones de la sociedad civil participantes de la Comisión de Bosques y Biodiversidad del Consejo Provincial del Ambiente se retiraron de las mesas de dialogo creadas para la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Chaco. “El gobierno de la provincia convocó a talleres informativos sin respetar acuerdos. Se inició el proceso de participación sin que la mesa creada para diseñarlo haya arribado a la elaboración y aprobación de un plan”, denunciaron las 14 organizaciones participantes en una carta elevada a los funcionarios provinciales. El motivo del alejamiento fue una serie de anuncios del gobernador Jorge Capitanich, quien de manera inconsulta dio a conocer cuál será el nuevo mapa de ordenamiento territorial provincial e invitó a una serie de charlas para abordar el tema.
Según un informe del Estado Nacional, Chaco es la provincia que más bosques perdió entre 2016 y 2019: se contabilizan 130.487 hectáreas deforestadas en ese período. Las organizaciones socioambientales demandan al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, que tome cartas en el asunto para garantizar la participación ciudadana en la futura regulación.
El OTBN categoriza los bosques nativos según el valor de conservación de los mismos en zonas «rojas», «amarillas» y «verdes». De esta manera, establece qué actividades están permitidas en ellos y cuáles no. Chaco tiene vencido su ordenamiento desde 2014. En ese contexto, se creó una mesa técnica cuya misión es crear un plan de participación ciudadana para actualizar el mecanismo de regulación de usos del suelo.
La tensión entre las organizaciones y el gobierno se produce ante el avance de las topadoras, que sigue desmontando pese a que el Poder Judicial provincial emitió un fallo -a fines del año pasado- que suspende toda modificación del uso del suelo hasta que se haya actualizado el OTBN. A pesar de esa orden judicial, Greenpeace denunció la deforestación de deforestación de 7811 hectáreas en Chaco durante los últimos seis meses.
«Al tiempo que se estaba discutiendo dicho plan, el gobierno de la provincia anunció públicamente la convocatoria para los talleres de información sobre la Ley de Bosques, sin respetar acuerdos dentro de la Mesa», cuestionaron las organizaciones que decidieron dar por terminada su participación en el espacio. «Se inició el proceso de participación sin que la Mesa creada para diseñarlo haya arribado a su elaboración y aprobación. Encontramos que ya no tiene razón de ser de la Mesa de Participación», manifestaron. Dichos espacios están compuestos por productores, académicos, referentes de organizaciones y el Estado provincial. Las comunidades originarias, que habitan los bosques nativos de Chaco, no fueron invitadas.
En diálogo con Tierra Viva, Micaela Camino de Somos Monte Chaco expresó: «Lamentablemente no sentí que se garantizara la participación de la sociedad, no incorporaban lo que nosotros planteábamos, los tiempos eran políticos». En ese sentido, la activista afirmó que «el gobernador [Jorge Capitanich] decidió que esto tiene que estar para agosto o antes, y eso es imposible para un proceso participativo. Los procesos participativos tienen que ser orgánicos a sí mismos, no a los intereses de alguien». «El apuro es porque los desmontes están prohibidos en Chaco por una medida judicial, ya que no está actualizado el OTBN. Quieren actualizar para seguir desmontando», enfatizó.
Camino comentó que los espacios de intercambio para la actualización del ordenamiento territorial comenzaron a funcionar a principio de este año. Con el correr de los meses, «las decisiones empezaron a ser de arriba para abajo y la mesas ya no tenían un rol claro», relató. «Nos enteramos de los talleres de información a la ciudadanía por los medios por los medios de comunicación y del mapa propuesto por Twitter», denunció la militante. A su vez, informó que hasta entonces no se habían presentado mapas al interior de las Mesas de trabajo. «Ese era nuestro planteo: que a los mapas había que hacerlos con la sociedad, sobre todo con las comunidades indígenas y criollas que siempre son relegadas, cuando en verdad son quienes están en el monte», indicó.
El gobierno provincial convoca a la realización de talleres en el momento más álgido de la segunda ola de la pandemia de coronavirus. Quienes anunciaron su retiro de esa instancia técnica sostienen que la situación sanitaria «obstaculiza la participación ciudadana, exponiéndonos a riesgos de salud y/o a problemas de acceso a conectividad”. “Muchos sectores de la sociedad no estamos siendo representados en el proceso de actualización”, criticaron.
Para las organizaciones «se ha faltado a los objetivos de la Unidad Ejecutora, a nuestra buena voluntad, nuestro trabajo acercando aportes para estructurar un proceso de actualización de OTBN y la disponibilidad de nuestro tiempo». «Nos retiramos de las mesas técnicas y de participación salvo que desde la provincia decidan hacer un cambio rotundo en la forma en que se está manejando el proceso», expresaron.
Entre las agrupaciones que denuncian la falta de consulta en esa instancia participativa, se encuentran Fundación Vida Silvestre Argentina, Somos Monte Chaco, Foro Gualamba, Red Agroforestal del Chaco (REDAF), Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico, Proyecto Quimilero, Colectivo Caraguatá, Reserva Ya, Red Defensoras del Ambiente y Buen Vivir, Aves Argentinas, Asociación Agenda 21 NEA, Instituto de Cultura Popular (INCUPO), Agenda Ambiental Chaco, Fundación Ambiental San Bernardo (FASB) y Soy Animal.
El ordenamiento territorial de bosques según Capitanich
El pasado 24 de mayo, Capitanich presentó, a través de Twitter, el mapa final de actualización del OTBN. Las organizaciones socioambientales indicaron que dicho trabajo “no fue elaborado por la mesa técnica”. “Esto atenta contra la actividad de esta mesa, que tenía como misión recopilar los materiales necesarios y estructurarlos de manera tal de poder contar con la información necesaria para actualizar el ordenamiento territorial de bosques nativos”. “Si ya se comunicó un mapa final, cuál será el sentido de tener un proceso de participación”, se preguntan.
Mantuvimos una teleconferencia con distintos actores para la presentación final de la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos incrementando áreas rojas y amarillas a los efectos de optimizar el aprovechamiento de las zonas verdes. pic.twitter.com/9emIqESoD7
— Jorge Capitanich (@jmcapitanich) May 24, 2021
A través de una serie de tuits, Capitanich informó que mantuvo «una teleconferencia con distintos actores para la presentación final de la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos incrementando áreas rojas y amarillas a los efectos de optimizar el aprovechamiento de las zonas verdes». «El principal objetivo es compatibilizar la expansión de la capacidad productiva con maximización de zonas de protección», sostuvo.
Por otra parte, la secretaría chaqueña de Desarrollo Territorial y Ambiente impulsa talleres de participación social para los municipios de cada región. Las instancias comenzaron a desarrollarse ayer. «Esta es la primera de tres etapas y se la denomina ‘fase informativa’, luego vendrán las de consulta y validación con la comunidad, resultando así un mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos consensuado por todos y todas», afirmaron desde el gobierno provincial.
Mientras tanto, las organizaciones esperan «explicaciones y justificaciones claras y valederas para poder retomar un diálogo que fortalezca la democracia y que justifique decir públicamente que hay diferentes sectores participando de la actualización».
Interpelación a Cabandié para garantizar la participación
Desde la organización Somos Monte Chaco comunicaron su malestar al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación «por los gravísimos hechos que están ocurriendo» en la provincia. «Con una muestra de total irresponsabilidad y falta de humanidad, en el medio de una segunda ola de coronavirus, que nos obliga a estar en casa, el gobierno provincial convoca a talleres públicos para hablar del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos», denuncian.
Para las organizaciones, el «apuro» del gobierno provincial se debe «a la voluntad de habilitar los desmontes que la Justicia suspendió» en noviembre de 2020. Ante la falta de actualización del OTBN, el 5 de noviembre pasado la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió ordenar «la inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo, en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente».
El fallo también frenó «todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo». La actualización que promueve por estos días el Ejecutivo provincial «responde a los intereses de un sector de empresarios que quieren aprovecharse de la situación para que se habiliten aún más desmontes de los que la Ley de Bosques permite», considera Somos Monte en su misiva al ministro.
«Por todo lo expresado pedimos al ministro del Ambiente de Nación un proceso de actualización que garantice verdaderamente la participación de la sociedad en los tiempos y forma que correspondan, y que cumpla con las leyes ambientales existentes», reclama la organización a poco más de un mes de la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú.
Greenpeace se sumó al reclamo al Ejecutivo nacional por la situación en esa provincia. «La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos», sostienen en una nota enviada ayer a Cabandié. Asimismo, reclaman que se penalicen las actividades de tala del bosque nativo y piden la «urgente» intervención de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible para preservar esos ecosistemas.
Cada vez menos monte chaqueño
A pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes, Greenpeace detectó, a través del monitoreo de imágenes satelitales, la deforestación de 7811 hectáreas en Chaco durante los últimos seis meses. «La impunidad y voracidad de algunos empresarios agropecuarios deja en evidencia que ni las medidas judiciales ni las multas alcanzan para frenar la destrucción de nuestros últimos bosques nativos. Necesitamos que en forma urgente se penalicen los desmontes», señaló Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Chaco fue la provincia con más pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de monte chaqueño. El monitoreo de la organización ambiental elevó a 50 mil las hectáreas arrasadas durante 2020 en Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero.
Greenpeace informó, en la nota elevada al ministro Cabandié que «durante dicho período el gobierno provincial realizó numerosas recategorizaciones prediales (algo no permitido por la Ley Nacional de Bosques), mediante las cuales autorizó desmontes en zonas protegidas (Categoría II – amarillo). Las fincas quefueron ilegalmente deforestadas mediante este artilugio aún no fueron restauradas».
“El gobernador de Chaco tiene que entender que este debe ser el principio del fin de la deforestación en la provincia. No puede seguir siendo cómplice de este crimen y debe aumentar fuertemente los controles para garantizar que se cumpla la suspensión establecida por la Justicia y no se siga desmontando», indicó Cruz. «Más deforestación significa más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades. Ya es hora de que se prohíban y se penalicen los desmontes. No podemos perder ni una hectárea más”, finalizó la activista de Greenpeace.