Nuevas denuncias contra la policía de Chubut: detenciones ilegales y un asesinato
En los últimos días vecinas y vecinos con organizaciones sociales de Chubut levantaron una vez más las alarmas sobre la escalada represiva de la fuerza que conduce el cuestionado ministro Federico Massoni. Detenciones ilegales y la ejecución de un vecino con padecimientos mentales por parte del grupo de fuerzas especiales de la policía provincial fueron el saldo de la derechización del discurso del ministro en los últimos días, en el marco de una amenaza de acuartelamiento de la fuerza policial por deudas salariales. Por Corresponsal Popular para ANRed.
Mientras el gobierno de Mariano Arcioni en la provincia de Chubut sigue sumando denuncias de autoritarismo y diversos sectores ponen en duda la pertinencia de seguir hablando de democracia en estos territorios, la última semana de mayo estuvo marcada por nuevas demostraciones de la avanzada represiva contra la sociedad chubutense. El jueves 27 de mayo había pautada una nueva reunión de la cúpula del gobierno provincial con el Consejo de Bienestar Policial, organización cuasigremial de la autodenominada “familia policial” de Chubut que el gobierno habilita como interlocutor válido para tratar temas salariales y laborales, encabezado por policías retirados y familiares de policías activos. Según miembros de dicho consejo, había “mucho malestar” porque los gremios docentes habían logrado compromisos de pago de deudas salariales y el gobierno no estaba dando respuestas a los reclamos de la fuerza policial. “Hay un 90% de posibilidades de que la policía se acuartele”, declaró entonces el sub oficial mayor retirado Julio Moreira.
En una provincia que sostiene desde hace más de tres años conflictos salariales permanentes con trabajadorxs del Estado, las renegociaciones de compromisos previos están a la orden del día, y la billetera del gobierno nacional está acompañando los intentos de “pacificación” del gobernador Arcioni a los diferentes sectores que reclaman atrasos de hasta dos meses en los pagos a pasivos y deudas en los aumentos establecidos en las paritarias de 2020. En este contexto, en una operación de prensa digna de series norteamericanas, el ministro Massoni se bajó de la reunión con el Consejo de Bienestar Policial y mandó a su vocero, el jefe de la policía provincial, Miguel Gómez, a declarar que el ministro había puesto su renuncia a disposición del gobernador. En paralelo, según el propio Moreira, “nos llamó el jefe de policía al despacho y nos contó que había malestar porque docentes habían cobrado y policías no”. El círculo de las versiones de acuartelamiento se cerraba sobre el propio ministro, el mismo que suele conducir los cuestionados operativos de la fuerza, como el que desalojó en forma ilegal la ruta 3 hace pocas semanas, o los que le valieron la intervención del Poder Judicial y de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación durante la cuarentena de 2020.
Pero la operación de prensa de Massoni quedó eclipsada por una noticia que sobresalía y que movió a lxs periodistas que estaban en la capital provincial esperando precisiones sobre la reunión a preguntar a las autoridades policiales. En la cordillera, más precisamente en Las Golondrinas, paraje afectado por los incendios del 9 de marzo pasado, el grupo de élite de la policía provincial (GEOP) acababa de ejecutar a un vecino en su propia casa. En las declaraciones a la prensa, Paulino Gómez, Secretario de Seguridad de la Policía de Chubut (y hermano del Jefe de Policía, Miguel Gómez) explicaba que el día miércoles se habían recibido denuncias de vecinos del paraje Las Golondrinas acerca de un vecino que efectuaba disparos de armas de fuego desde su casa; había intervenido la comisaría de El Hoyo y habían sido “sacados a los tiros”, según las expresiones de Gómez. La dependencia policial había efectuado las presentaciones judiciales correspondientes y el fiscal Carlos Díaz Mayer había dispuesto un allanamiento con la intervención del Grupo Especial de Operaciones Policiales – GEOP, que terminó matando al vecino de un tiro en la cabeza. “Una vez que el grupo táctico irrumpió, abrió fuego contra ellos y tuvo que ser abatido”, declaró Gómez.
Las versiones sobre el caso empezaron a circular con rapidez. En la prensa provincial se cuajó una hipótesis de película: el vecino sería un ciudadano norteamericano adepto a las armas y el grupo de élite provincial logró abatirlo poniendo en riesgo sus propias vidas para eliminar ese peligro para la sociedad. Pero con el correr de los días la reacción de la familia del vecino, y de amigxs y vecinxs, fue tomando la calle y los medios. El pasado lunes, familiares y allegadxs, acompañadxs por la regional local de la APDH se presentaron en la fiscalía de El Hoyo para reclamar por justicia por lo que califican como el asesinato de Tino.
El dato ausente en la cobertura previa de la prensa local es que Tino sufría hace un tiempo padecimientos psíquicos que generaban desequilibrios en sus conductas, y que esos desequilibrios se habían agravado con el incendio de interfase que consumió buena parte de su chacra en marzo pasado. El relato de su pareja es esclarecedor en este sentido: “Él estaba tratado, medicado. El incendio fue traumático, porque él con sus hijos, dos motobombas y unos amigos estuvieron hasta las 11 de la noche que se dominó el fuego y salvaron la casa. Se quemó el galpón, se quemó el invernadero, se quemaron frutales. Tino trabajaba con fruta, se quemó la mitad de su producción del año. Se quedó sin alambrado, sin mangueras, sin agua, sin luz, todo eso empezó a hacer estrés”. Otro dato desestimado por la prensa provincial es que lxs hijxs de Tino habían hablado con la policía sobre el uso de armas y los policías estaban al tanto de su desequilibrio mental, cosa que no fue tenida en cuenta ni por el fiscal Díaz Mayer ni por el grupo comando que lo mató.
Esa misma noche, en Trelew, cuatro oficiales de la chubutense detuvieron en forma violenta a un artista callejero que participa activamente con su colectivo en las movilizaciones y actividades por el No a la Mina en la localidad. Durante la detención, efectuada en horas de la madrugada, cuando el vecino y sus compañeras se dirigían a la casa de una de ellas, los oficiales le arrancaron el teléfono celular a la compañera que intentó filmar el hecho, golpeándola en el rostro y destruyendo el teléfono en el acto. Al vecino lo acusaron por infringir las restricciones vigentes por la pandemia de COVID-19 y por “resistencia a la autoridad”. Con la intervención de organizaciones como la Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia y la UAC Trelew se pudo garantizar la seguridad del vecino secuestrado por la policía y se logró su liberación. Al día siguiente, en la audiencia de control de detención, la jueza Tolomei calificó la detención de ilegal, pidió la nulidad de la detención y ordenó a la fiscalía no investigar ya que no habían elementos para imputar al artista.
El pasado lunes 31 de mayo lxs artistas violentadxs por la policía efectuaron una denuncia contra la policía, con el acompañamiento de la Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia, que en sus redes sociales comunicó: “DENUNCIARON a la policía por detención ilegal, selectiva y arbitraria. DENUNCIARON violaciones a los derechos humanos, trato cruel e inhumano. DENUNCIARON persecución, agresión y daño de pruebas”. La Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia es uno de los organismos de derechos humanos que más ha trabajado contra la impunidad de la policía asesina en la provincia de Chubut, una fuerza represiva que se ha cobrado la vida de muchísimos jóvenes, como Iván Torres, desaparecido por la policía de Comodoro Rivadavia en 2003 y los seis testigos asesinados con posterioridad; de Julián Antillanca, asesinado por la policía de Trelew en 2010; o Bruno Rodríguez, testigo encubierto de los abusos y vejaciones a Maximiliano Almonacid en la Comisaría 2da de Trelew asesinado en 2012 en su fugaz paso por la ciudad de Trelew.
En paralelo, lxs asambleístas detenidxs y torturadxs durante la madrugada del 6 de diciembre de 2019 en Rawson siguen impulsando la denuncia contra la policía provincial por las torturas y vejaciones de esa madrugada. El pasado 21 de mayo lograron mover la causa con una primera rueda de reconocimiento de policías en la que no participaron los principales sospechosos, entre los que se encuentra el actual comisario de Dolavon, Juan García. Esta semana, además, fue confirmada por la Cámara de Apelaciones la condena a Juan Solorza, jefe del operativo policial que reprimió en forma salvaje al Pu Lof en Resistencia Cushamen en enero 2017. Sin embargo, la alianza entre el poder político y el poder mediático continúa profundizando el discurso represivo, derechizando el camino a unas elecciones legislativas en las que se prevé una fuerte condena social a la clase política a través de la abstención y la impugnación del voto.