Colombia: llaman a una Asamblea Nacional Popular, mientras continúan las protestas, la represión y la violación a los DD.HH.

Continúa la mesa de diálogo el Comité Nacional del Paro y el gobierno de Iván Duque, aunque sin avances concretos, dado que continúan las protestas callejeras y los bloqueos de carretera, cuyo levantamiento es la condición gubernamental para negociar. En este marco, el Comité reconoció que no representa ni controla a toda Colombia ni a las movilizaciones. En tanto, Duque responde con más represión y militarización. Mientras, las organizaciones que integran el Congreso de los Pueblos hacen un llamamiento al pueblo colombiano a conformar «una Asamblea Nacional Popular en Bogotá los próximos días 6, 7 y 8 de junio, como un mecanismo amplio y democrático de articulación y proyección de las luchas populares, territoriales, sectoriales y poblacionales». Los organismos de DD.HH. continúan relevando y denunciando casos de personas desaparecidas, asesinatos policiales, centros clandestinos de tortura, diversas formas de violencia represiva y sexual. En este contexto, mientras el gobierno pone el foco en los bloqueos de carreteras, este jueves Colombia rompió dos nuevos récords sanitarios: 28.624 nuevos casos de covid-19 y 545 muertes. Por ANRed.

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Mientras se adelanta una nueva reunión para hoy entre el gobierno de Iván Duque y el Comité Nacional del Paro para buscar un consenso que permita avanzar a la mesa de negociación, el presidente Iván Duque se refirió a los bloqueos en varias carreteras del país, argumentando que no son un tema de negociación ni de trueque y que se tienen que levantar, como condición para avanzar con las negociaciones. Para la reunión de hoy seguirán contando con la presencia del representante de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Carlos Ruiz, y monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Iglesia Católica, en calidad de garantes.

En tanto, el Comité de Paro reconoció públicamente que no representa a toda Colombia ni a las movilizaciones y bloqueos. «Si se levanta el paro hay mucha gente va a seguir marchando. Sería irrespetuoso decir que uno representa a todo el país. Aquí hay muchos procesos, organizaciones sociales, sindicales, populares, indígenas, afros, campesinos, jóvenes y estudiantes que se sienten representados y que están representados. Y claro que hay que llamar a esos jóvenes, para que tengan acá sus vocerías, y eso es parte del llamado que siempre se ha hecho por parte del Comité Nacional del Paro. No tiene las puertas cerradas», expresó Nelson Alarcón, integrante del Comité.

En este clima álgido, donde continúa el Paro Nacional por tiempo indefinido, los bloqueos de carreteras y las protestas callejeras, el Congreso de los Pueblos – movimiento político y social que agrupa a diferentes sectores y actores, y que es uno de los sectores que mantienen las protestas y bloqueos – hizo un llamamiento al pueblo colombiano a «instalar la Asamblea Nacional Popular en Bogotá los próximos días 6, 7 y 8 de junio, como un mecanismo amplio y democrático de articulación y proyección de las luchas populares, territoriales, sectoriales y poblacionales».

Propone que esa asamblea sea «un espacio de encuentro amplio, consultivo, democrático, participativo, decisorio y vinculante, que tenga la presencia de todos los procesos hoy en lucha y movilización contra el régimen fascista», con el «propósito central fortalecer una estrategia de acción política común», para «profundizar y extender el Paro Nacional para derrotar al gobierno autoritario, represivo e indolente de Duque y sus políticas antipopulares«; «legitimar todas las formas y acciones de lucha juvenil y popular desarrolladas durante el paro nacional y, en particular, fortalecer e impulsar los bloqueos, las guardias comunitarias y las ollas populares«; «enfrentar el plan sistemático del Estado de abatir la lucha popular mediante el asesinato, la desaparición, la brutalidad de las fuerzas represivas del Estado contra líderes y lideresas del movimiento social, de defensores de derechos humanos y comunicadores populares«; «condenar la estigmatización, criminalización en contra la juventud colombiana y demás luchadores»; «acordar los objetivos generales del movimiento y las acciones principales a desarrollar en este momento histórico de levantamiento popular»; «consolidar las bases de una propuesta de transformación del país o Plan de Vida para el pueblo colombiano«; y «respaldar y convocar todos los esfuerzos por la articulación y unidad de los sectores populares y democráticos del país, así como de la diáspora colombiana y su vinculación como sujeto de derecho político pleno en la construcción de los destinos nacionales».

En este marco, continúan las denuncias superpuestas de organismos de derechos humanos de violación a los derechos humanos por parte de las fuerzas represivas policiales y militares al mando del gobierno, con el aumento de las desapariciones forzadas, los asesinatos y los centros clandestinos de detención y tortura. También se han podido registrar helicópteros del Ejército que persiguen a manifestantes durante la noche en las ciudades donde se desarrollan las protestas, en las que, ademas, manifestantes denuncian que la policía se moviliza con civiles armados. Incluso, en el centro de la ciudad de Cali, el Canal 2 denunció la existencia de un centro de detención clandestino donde se retienen a más de 400 jóvenes.

#Colombia Detenciones clandestinas en Cali y llamado a una Asamblea Nacional

Helicópteros del ejército persiguen a manifestantes durante la noche y la policía se moviliza con civiles armados. Organizaciones sociales llaman a una Asamblea Nacional. pic.twitter.com/udjlNGCtRC

— ANRed #30Años (@Red__Accion) June 4, 2021

En su Boletín Informativo N°16, la Campaña Defender la Libertad, un Asunto de Todas realizó un balance represivo del 28 de abril (cuando comenzó el Paro Nacional) hasta el miércoles 2 de junio, que arrojó las siguientes cifras:

• «76 homicidios, de los que 34 fueron cometidos presuntamente por el accionar de la fuerza pública, los demás fueron realizados por ‘civiles’ sin identificar en el marco de la protesta social pacífica o no se tiene información clara sobre ello.
• 988 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. En estos últimos días se han incrementado a 74 los casos de lesiones oculares y a 87 los casos de personas heridas por arma de fuego.
• 151 personas defensoras de DD.HH. han sido agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, desempeñando su rol de Comisiones de Verificación e Intervención CVI.
• 491 mujeres víctimas de violencias policiales, de las cuales: 337′ fueron detenidas, en su gran mayoría de manera arbitraria, 84 fueron heridas, 2 mujeres fueron asesinadas presuntamente por el accionar de la fuerza pública, 41 defensoras de derechos humanos han sido agredidas. Adicional a ello, una joven menor de edad decidió suicidarse de manera posterior a sufrir agresiones sexuales por parte de la fuerza pública en Popayán, Cauca.
• 87 personas fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG), ejercidas por la misma institución, según la Defensoría del Pueblo, 2 casos de violencia sexual, 14 de otros casos de violencias sexuales.
• 2.395 personas han sido detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por protección, siendo sometidas en muchos casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
• 20 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 12 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
• 1.273 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Las cuales obedecen a diferentes denuncias que registran las Comisiones de Verificación e Intervención CVI, así como las organizaciones articuladas en la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas y la ciudadanía en general.
• 346 personas se encuentran desaparecidas, presuntamente en el marco de detenciones arbitrarias y/o en el desarrollo de actividades de protesta social pacífica, esto de acuerdo con el trabajo realizado en la Mesa de Trabajo de Búsqueda de Personas Desaparecidas de organizaciones sociales.»

Por su parte, este miércoles la Organización No Gubernamental (ONG) Temblores reveló su propio informe, donde contabiliza «3.789 casos de violencia perpetrados por la fuerza pública contra los manifestantes, 1.248 son víctimas de violencia física, 1.649 detenciones arbitrarias, 705 intervenciones violentas y 45 homicidios presuntamente perpetrados por miembros de la fuerza pública».

En la misma línea, el informe señala «65 víctimas con lesiones oculares, 187 casos de disparos con arma de fuego, 25 casos de violencia sexual y seis casos de violencia relacionada a género». Así mismo, la ONG alerta el uso de armas letales por parte de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) contra los manifestantes: «registramos 20 casos de uso de arma Venom por parte del ESMAD, inclusive en lugares residenciales, así como disparos horizontales de dicha arma», denuncian y agregan: «además, hemos registrado al menos 17 casos de intervenciones violentas donde la fuerza pública ha lanzado gases lacrimógenos vencidos, así como casos de uso de recalzadas con piques y canicas», detalla Temblores. Esperamos que las entidades competentes investigues de manera efectiva tanto a los civiles armados como a los agentes policiales involucrados en hechos de violencia», remarca la ONG.

En medio de este violento contexto, este jueves 3 de junio se conoció que Colombia volvió a romper dos récords de contagios: en las últimas 24 horas se identificaron 28.624 casos positivos de Covid-19 y 545 fallecimientos por el virus, la cifra más alta de personas fallecidas en un día. La gran mayoría de casos se concentraron en la ciudad de Bogotá, que lidera con 10.511 contagiados, seguido de Antioquia con 3.125 y, en tercer lugar, Cundinamarca con 2.661.