24/04/2021

Andalgalá: detenidos esperan inminente liberación

 

Doce personas fueron detenidas entre el lunes 12 y el miércoles 14 de abril en Andalgalá cuando luego de la caminata 584 se incendiaron las oficinas de Agua Rica y un local del PJ. En las últimas horas recuperaron la libertad Oscar Martearene y Rubén Sacchetti. Tres de ellas permanecen con detención domiciliaria. El resto continúa arrestado en la comisaria departamental. Los plazos para que la fiscal Marta Nievas dicte la prisión preventiva o determine la libertad, vencen entre este sábado y Domingo. Hoy, la fiscal comunicó que no hay motivo para solicitar prisión preventiva. Se espera que en las próximas días sean liberados las y los presos políticos. Por ANRed.


Las diez personas que permanecen detenidas quedarían en libertad en las próximas horas según comunicó la fiscal que entiende en la causa, Marta Nieva, no encontró motivos para solicitar su prisión preventiva, quedarán libres aunque seguirán vinculados a la causa. Según informó el portal El Ancasti ,la funcionaria judicial establecería una caución real para que estas personas puedan acceder al beneficio.

Ayer ANRed dialogó con Juan Figueroa abogado de los detenidos, quien nos informó que “cuando el hecho sucedió la fiscal titular estaba de licencia, por lo cual la fiscal subrogante soledad Rodríguez agarro la causa a partir del día 10 de este mes. El lunes pasado se reintegró la fiscal titular Marta Nievas por lo cual es ella la que toma la causa y la que dirige la investigación penal preparatoria”. La comunidad se encuentra a la expectativa de que se dicte la libertad de los asambleístas. “Este sábado se espera una resolución acerca del pedido de libertad que nosotros hicimos. No existen pruebas suficientes para relacionar a las personas detenidas con los hechos por los cuales se los acusa. Tampoco existe un peligro procesal (peligro de fuga) o posibilidad de que ellos entorpezcan la causa.”

Las familias y vecinos que forman parte de la Asamblea del Algarrobo denuncian que sus familiares son presos políticos. La falta de pruebas que incriminen a los detenidos, las vinculaciones de los testigos con la empresa minera fundamentan las acusaciones de la comunidad. La falta de pruebas hasta el momento es reconocida en declaraciones públicas por el juez de garantías Rodolfo Cecenarro.

La espera por las resoluciones de la fiscalía, se da en medio de rumores de acefalia del cargo que dilatarían la determinación sobre la situación de los procesados. Sumado a las denuncias por irregularidades, maltratos durante los allanamientos y las detenciones.

La empresa mantiene las operaciones en el Aconquija, mientras cada vez más voces se suman en apoyo a La comunidad que reclaman por la libertad de quienes defienden el agua y el cese de la actividad minera en Andalgalá



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