20/04/2021

La persecución en todas sus formas

Esta crónica posiblemente no logre transmitir el aire denso que se respira en las casas de cada asambleísta, su estado constante de nervios y de alerta, la mirada clavada en la puerta ante el miedo de la policía, las cortinas cerradas en pleno día, las voces hablando bajo, casi en susurros, la desconfianza entre vecinos. Tal vez nada de eso se transmita en esta crónica, pero quienes saben de la lucha territorial, quienes saben de las luchas sociales y la defensa de la vida, quienes saben de la larga historia de persecuciones y violencias del extractivismo y sus gobiernos cómplices contra nuestras vidas, sabrán, que aunque no logremos nada de eso, esta es una crónica necesaria. Por Asamblea Pucará*, asamblea provincial de Catamarca en la cual confluyen asambleas ambientales de diversas localidades, a los fines de articular acciones que defiendan la vida, el agua y el territorio. Imágenes de Marianela Gamboa.

Las luchas territoriales, además de las dificultades y dolores de toda lucha, tienen la gravedad de atravesar todos los planos, momentos y ámbitos de la vida. Cuando esa lucha se sitúa en un pequeño pueblo, en una economía precaria, en vinculados afectivos entrelazados y cruzados entre un bando y otro, las situaciones de violencia tensan la vida hasta el más fino de sus hilos.

Esta crónica, difícilmente se acerque a ese hilo, posiblemente no logre transmitir el aire denso que se respira en las casas de cada asambleísta, su estado constante de nervios y de alerta, la mirada clavada en la puerta ante el miedo de la policía, las cortinas cerradas en pleno día, las voces hablando bajo, casi en susurros, la desconfianza entre vecinos. Tal vez nada de eso se transmita en esta crónica, pero quienes saben de la lucha territorial, quienes saben de las luchas sociales y la defensa de la vida, quienes saben de la larga historia de persecuciones y violencias del extractivismo y sus gobiernos cómplices contra nuestras vidas, sabrán, que aunque no logremos nada de eso, esta es una crónica necesaria.

1. La persecución histórica

La minería es por excelencia el eje conductor del saqueo histórico en nuestra tierra, desde el período colonial hasta el presente. La instalación de la mita y el yanaconazgo, como prácticas de violencia y control, fueron fundamentales para que se hiciera posible el sometimiento de los pueblos originarios de Latinoamérica.

Hoy las cosas no han cambiado tanto, donde existe megaminería, hay un historial de represiones y aprietes a quienes no dan licencia social a estos proyectos de muerte. Donde hay megaminería hay una histórica suspensión del estado de derecho, una instalación de prácticas de despojo, de explotación y opresión al pueblo. Toda esa historia de megamineria y violencia puede evidenciarse en la memoria viva de la Asamblea El Algarrobo.

Es este el contexto donde se ubica la actual violación de los DDHH de lxs compañerxs que empezó antes del último sábado. Desde los bloqueos que se sostuvieron el 22 de marzo, la presencia policial constante, el amedrentamiento, el hecho de que quisieran tomar datos de asambleístas de manera ilegal, y el rechazo del habeas corpus preventivo, dan cuenta de lo que se venía gestando previamente a la caminata del sábado. Más aún, en la semana previa, dos compañerxs fueron atropelladxs por un proveedor minero en uno de los bloqueos. ¿Cuál fue el accionar de la justicia para garantizar los derechos de nuestros compañerxs? Ninguno.

Pero el saqueo y la explotación es la mitad de la historia, la otra mitad, la más importante y fundamental, es la de resistencia. Tal como la expresa la Asamblea: “No se puede disciplinar con miedo a un pueblo que es heredero de Juan Chelemín”. La resistencia Calchaquí fue la más larga y más férrea de toda la conquista. 130 años les tomo a los españoles desterrar a los diaguitas y calchaquíes de sus huaycos y quebradas para instalar las primeras ciudades españolas en el siglo XVII. Esas voluntades de expulsión y despojo se personalizan en las empresas transnacionales como Yamana Gold y Barrick Gold, de igual manera que las resistencias diaguitas y calchaquíes se hacen memoria viva en los integrantes de la Asamblea, en su radio y su árbol, en sus bloqueos y paradas, en sus tambores y caminatas.

2. La persecución legal

Para los integrantes de la Asamblea El Algarrobo, la persecución legal no es una novedad. La sufrieron en anteriores ocasiones, causas inventadas, testimonios que luego devinieron falsos, pruebas etéreas, y siempre, pero siempre, jueces amigos dispuestos a llevarlas.

Sin embargo, lo que se vivió esta semana fue diferente, en su magnitud, en su despliegue, en su violencia y, a medida que pasan las horas y llega la información, en su innegable ilegalidad. De los 12 detenidos, a esta hora, viernes a la noche, 4 se encuentran con detención domiciliaria y los 8 restantes en la comisaría de Andalgalá.

Los primeros testimonios, los que más circulan, son los de los familiares de detenidos en los momentos de cada allanamiento. El lunes a partir del mediodía, se instaló la tensión y el clima represivo. Horas más tardes, empezaron a llegar a la puerta de cada vecino con un despliegue nunca visto de camionetas policiales, grupo de choque KUNTUR, uniformados con escudos y escopetas largas. Cuarenta uniformados por cada vecino, en detenciones sin orden judicial presentada in situ, tal como denunció públicamente la familia de Oscar Martearene.

Walter Mansilla, reconocido por su labor fotográfica y comunicacional para la Asamblea fue brutalmente golpeado. Su casa destruida, las puertas, la cocina, los murales en su casa. El “Ají”, así es como todos lo conocemos a Walter, se llevó la peor parte. Delegados de justicia pudieron intervenir el miércoles para que lo atendieran médicos y lo revisaran, constatando las gravísimas lesiones. Esto, confirmado off de record de primera fuente, fue negado de manera irresponsable e hipócrita por el secretario de derechos humanos de la provincia de Catamarca, Hernán Velardez Vaca. Para un desprevenido, eso podría para ser “increíble”. Pero aquí, en una provincia donde los fiscales que persiguen a los ambientalistas, son abogados públicamente declarados pro-mineros, no hay lugar para ingenuidades ni para incredulidades. Lo que hay es una cómplice negación, una ceguera condicionada por el vínculo incuestionable entre gobierno, justicia y empresa.

Además de la golpiza a Walter Mansilla, los veedores y funcionarios que viajaron de la Ciudad de San Fernando hasta Andalgalá, tuvieron que realmente esforzarse para negar el desconocer el testimonio de la Familia Paz que relató cómo pusieron de rodillas a un niño de 8 años con las manos en la nuca, o el testimonio de la familia Martearene donde tuvieron a una menor de 15 años tirada en el suelo bajo los gritos de la policía, en el contexto de requisas absolutamente violentas y por fuera de cualquier garantía de derechos.

Sara Fernández, otra de las detenidas, fue golpeada por una mujer policía que, como aseguraran familiares y vecinos, “es parte de la policía que vino de la ciudad”.

Esto, es apenas el inicio de una causa que presenta incongruencias y violaciones, tanto a derechos humanos como a garantías constitucionales desde el inicio al final. De la información, también off de record que ha surgido de las primeras revisiones del expediente, la mayor parte de las “prueba” con la que se cuenta son “declaraciones testimoniales”, obtenidas de empleados de la empresa, integrantes de una fundación prominera y vecinos casualmente vinculados a la minera. Estos testimonios abundan en ambigüedades, descripciones poco claras, declaraciones de intencionalidad y absolutamente, ninguna prueba concreta.

En este contexto, el desempeño de la Fiscal Soledad Rodríguez, debería ser objeto de una investigación independiente y profunda. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos como para buena parte del derecho contemporáneo, la privación de la libertad es la última herramienta en el inicio de un proceso de investigación, y no la primera, como parece creer Rodríguez. Este uso irracional de la medida de coerción que implica la privación de libertad, se vuelve más drástico cuando se tiene en cuenta la particularidad de los casos, a saber, personas con arraigo comprobado, un contexto que impediría cualquier tipo de entorpecimiento de la investigación como la posibilidad de “escape” de los acusados.

No hace falta esperar más presentaciones, ni seguir escuchado a fiscales, jueces o ministros; la convicción de los familiares, la convicción de los asambleístas es clara respecto de lo que está sucediendo: un proceso de criminalización de la lucha social, de hostigamiento y persecución legal, de amedrentamiento, que es tan alevoso como autoritario.

3. La persecución cultural y cotidiana

 

Como ha transmitido siempre la Asamblea, la lucha no es esencialmente contra Agua Rica, es una lucha cultural y ancestral por el derecho al territorio, a la cultura, a los modos de vida locales. Una lucha por el agua, el agua que es vida para nuestros campos, nuestras plantas, animales y nuestrxs propios cuerpos.

Por ello, quienes están en este momento privadxs de su libertad son personas valiosas no solo para la lucha, sino también para el entramado cultural del pueblo: se trata de artistas, músicos, luthiers, artistas gráficos, militantes, trabajadores, artesanxs, montañistas. Son los andalgalenses que crían y alimentan la forma de vida pacífica y en armonía con la naturaleza que deseamos y construimos.

Es preciso entonces subvertir la lógica de la estigmatización de unxs cuantxs, la demonización de individuos, la criminalización de un par. Es el pueblo el que está haciendo de la plaza su trinchera hace casi 600 sábados, en defensa de los bienes comunes, de su cultura ancestral y de su territorio en todas las dimensiones.

La historia de este conflicto es larga, de su resistencia más todavía, pero lo sucedido estas ultimas semanas puede tener un origen concreto, la única mecha que prendió Asamblea El Algarrobo es la difusión de las imágenes de las máquinas perforadoras que ilegalmente pasaron a espaldas del pueblo, rumbo al Sagrado Nevado del Aconquija. Esa mecha es la que todavía arde y es la que va acompañar bien en el interior de su cuerpo a cada vecinx en la caminata de esta tarde.

 

*Asambleas que integramos Pucará: asamblea el valle en movimiento (capital) Asamblea Ancasti por la vida (sierra de Ancasti) Comunidad indígena Atacameños del Altiplano ( Antofagasta de la sierra) Asamblea El Algarrobo (Andalgalá) y las Asambleas de Fiambalá y Tinogasta, Asamblea El chañar (Belén) y Asamblea de vecinxs de Yokavil (Santa María).

Acta fundacional

El día 18 de febrero de 2017, en la plaza del Distrito Malli de la ciudad de Andalgalá, nos reunimos las asambleas y organizaciones sociales de la provincia de Catamarca, a los fines de debatir las distintas problemáticas socio-ambientales de los diferentes territorios de la provincia, ello con la finalidad de generar un nuevo espacio de organización común para articular acciones conjuntas para defender la vida, el agua y el territorio y evitar la contaminación, destrucción y saqueo que pretenden las empresas trasnacionales extractivas con el aval del Estado (Nacional, Provincial y Municipal).

 

Con la presencia de vecinxs organizadxs en asambleas y organizaciones sociales, de Andalgalá, Belén, Fiambalá, Santa Marìa, San Fernando del Valle de Catamarca, Ancasti, Londres, Tinogasta, y luego de un arduo debate, nació este nuevo espacio al que se denominó PUCARA, (PUeblos CAtamarqueños en Resistencia y Autodeterminación).

Objetivos

Buscar nuevas alternativas y paradigmas de vida comunitaria.

Reafirmar la Autodeterminación, soberanía territorial, económica, cultural, jurídica y política.

Unificar acciones concretas y coordinadas entre nuestros espacios y otras organizaciones hermanas.

 



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