CABA: no se computan faltas ni quitan vacantes hasta que la Corte Suprema resuelva sobre las clases presenciales
El juez Guillermo Scheibler ordenó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que «se abstenga de computar las faltas o quita de vacantes respecto de aquellos alumnos y alumnas cuyos padres y madres resolvieran la no concurrencia de sus hijos o hijas a los establecimientos educativos», y que adopte «las medidas necesarias a fin de garantizar la escolaridad virtual», hasta que la Corte Suprema resuelva la cuestión planteada por el GCBA respecto a la constitucionalidad del artículo 2º del DNU 241/2021 del gobierno de Alberto Fernández. En este marco, un dato transparentó la situación sanitaria límite de la ciudad: el ministro de Salud porteño Fernán Quiróz admitió que Ciudad le pidió a Nación 50 respiradores prestados, porque los que tenían los prestaron al sector privado. Otro dato pone en cuestión la superioridad que el gobierno porteño otorga públicamente a la educación: trascendió que el Ministerio de Educación frenó ocho obras de infraestructura en jardines y escuelas porteñas a fines de 2020. Amanda Martín, Secretaria Gremial del sindicato docente Ademys, apuntó contra ambos gobiernos: «intentan resolver judicialmente el fracaso de los gobiernos en garantizar la escolarización en plena pandemia». Por ANRed.
Así lo resolvió este lunes el juez porteño Guillermo Scheibler, en la causa caratulada «Leguisa, Andrea Soledad y Otros c/ GCBA s/ Amparo – Educación» (expediente N° 90772-2021/0). El fallo judicial ordena «al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que: a) se abstenga de computar las faltas y/o quita de vacantes respecto de aquellos/as alumnos/as cuyos padres y madres resolvieran la no concurrencia de sus hijos/as a los establecimientos educativos, y b) adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar la escolaridad virtual del colectivo involucrado en autos».
La medida es «hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva la cuestión planteada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto a la constitucionalidad del artículo 2º del DNU 241/2021«, dispuesto por el presidente Alberto Fernández como medida pública de emergencia sanitaria ante el avance de la segunda ola de la pandemia de Covid-19 en la Argentina.
En tanto, mientras continúa el tironeo político (ahora judicializado) entre Horacio Rodríguez Larreta y el gobierno de Fernández por la suspensión de las clases presenciales, asomó un dato que muestra el nivel límite del sistema de salud de la Ciudad. El ministro de Salud porteño Fernán Quiróz admitió hoy en conferencia de prensa que la Ciudad tuvo que pedir 50 respiradores a Nación, para reponer los que la Ciudad le entregó a los privados: «le hemos entregado en calidad de préstamo cerca de 50 respiradores al sector privado. Por lo tanto le hemos pedido al ministerio de Salud de la Nación en una reunión informal, si nos podían reponer esa cantidad».
Así mismo, el ministro anunció la apertura de turnos de vacunación para mayores de 65 años, además de pedir un esfuerzo «máximo» a la ciudadanía por las próximas «dos o tres semanas» para evitar los encuentros familiares en espacios cerrados: «la situación de la pandemia en la ciudad está muy difícil. Hemos tenido una aceleración muy rápida de la curva de contagios. Pero en la escuela no se producen, por eso mantenemos las clases presenciales», aseguró.
El Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), que se dedica al seguimiento e intervención en políticas urbanas, denunció el 15 de abril que, contradiciendo los dichos del jefe de Gobierno porteño y de su ministra de Educación María Soledad Acuña, que aseguran poner como prioridad la educación de los y las estudiantes en este contexto, el Ministerio de Educación porteño frenó ocho obras de infraestructura en jardines y escuelas de la Ciudad, en resoluciones que fueron fechadas entre agosto y diciembre de 2020, y recién publicadas este 15 de abril en el Boletín Oficial.
«Las obras frenadas implicaban la realización de trabajos de instalación eléctrica, termomecánica y extensión de la red de agua y de cloacas. Pese a que para entonces – agosto de 2020 – el GCBA declaraba que era esencial la vuelta a las aulas, las ocho disposiciones argumentan que se rescinde el contrato debido a que ‘el contexto de emergencia y de fuerza mayor, motivó una valoración distinta del interés público’ «, denunció Jonatan Baldiviezo, referente del ODC.
«Entre las obras que ya estaban adjudicadas y firmadas, se encuentra la realización de trabajos sumamente necesarios para de ‘Instalación Eléctrica, Termomecánica y Aislación Térmica’ en el Jardín de Infantes Nucleado B – D.E. 19°, ubicado en la calle Mom 2380. Y la ‘Extensión de RED de Agua y Cloaca’, en la Escuela Inicial de Creación – D.E. 5° ubicada en Uspallata 3325; ambas obras con un costo menor a los 5 millones de pesos. El mismo día donde publica estas ocho disposiciones – que hubiesen necesitado un presupuesto de alrededor de 28 millones de pesos-, el GCBA convoca a una licitación para realizar la Obra Pública denominada: ‘Entorno para Homenaje a los Policías de la Ciudad de Buenos Aires caídos en cumplimiento de su deber’, donde se destinarán un poco más de 20 millones de pesos (Resolución N° 103/SSGA/21).11124″, amplió Baldiviezo, para quien «queda claro que en ‘el contexto de emergencia y de fuerza mayor’ que vivimos, evidentemente hay ‘valoración distinta del interés público’ entre el GCBA y la ciudadanía porteña».
Por su parte, Amanda Martín, Secretaria Gremial del sindicato docente Ademys expresó: «Larreta y Acuña son irresponsables. Dado el grave cuadro epidemiológico no se puede volver a las aulas. Intentan resolver judicialmente el fracaso de los gobiernos en garantizar la escolarización en plena pandemia. Larreta no defiende la educación. Lleva adelante junto a la ministra Acuña un recorte histórico de presupuesto para la educación, dejan a miles de estudiantes sin vacantes y con salarios de miseria. En más de un año no se destinó un peso en acondicionar las escuelas o en garantizar el acceso a la educación virtual. Con más de 3000 casos por día, un minúsculo número de docentes vacunados y un sistema sanitario colapsado no hay condiciones para la presencialidad», remarcó.
Saliéndose de la «grieta», Amanda también se refirió al DNU presidencial: «los anuncios de Fernández son insuficientes. No hay medidas para garantizar la continuidad pedagógica en la virtualidad. No se anunciaron medidas que garanticen la conectividad ni los dispositivos. Tampoco hay vacunas ni para la docencia ni para el conjunto de la población». Por lo que sostuvo que desde Ademys proponen «centralizar el sistema de salud«, «no permitir que se lleven la producción de vacunas del país para beneficios empresariales», y «que se asista económicamente a los trabajadores afectados por la pandemia».