La reforma judicial feminista pone en jaque la estructura clasista y patriarcal de la Justicia
«El poder judicial está en crisis. Es el único poder que parece vivir al margen del sistema republicano». Con estas palabras, durante la apertura de las sesiones legislativas de 2021, el presidente argentino Alberto Fernández definió el problema que rodea al Poder Judicial en el país. Desde los procesos de lawfare -la instrumentalización legal para perseguir a dirigentes políticos, como también ha ocurrido en Brasil, Bolivia y Ecuador en los últimos años- hasta la falta de perspectiva de derechos humanos, una reforma estructural del sistema de justicia se fue instalando en el debate público del país. Y, en gran parte, esto se debe al movimiento feminista. Por Diario Femenino
No es un proyecto de ley que vaya al hueso de la cuestión de género. Crear nuevos juzgados, pero que estén compuestos por hombres machistas no cambia nada. Es necesario contar con más personas con perspectiva de género, y no sólo con más mujeres, señala Herrera.
El caso de María Ovando fue emblemático en este sentido. Madre de 12 hijos, Ovando fue condenada dos veces por los tribunales de la provincia norteña de Misiones. Una vez por la muerte de una de sus hijas, víctima de desnutrición, y otra por «no haber impedido» un caso de abuso sexual a otra de sus hijas y a su nieta. La jueza Margarita Potschka condenó a Ovando a 20 años de prisión, mientras que los acusados de los abusos sexuales a las niñas recibieron penas menores.
Ovando sigue presa, y el caso reveló graves irregularidades y una estructura basada en estigmas que aún rige el poder judicial.
Moviendo las estructuras del poder judicial
Herrera destaca las posibilidades de acciones positivas para una reforma judicial feminista: incluir contenidos con perspectiva de género en las facultades de Derecho; partir de una lógica de paridad y transparencia en los concursos para nuevos magistrados; aplicar la capacitación obligatoria en materia de género; y priorizar los criterios desde una perspectiva de género y derechos humanos para la incorporación de jueces y juezas.
«Proponer una reforma judicial feminista pone en crisis al Poder Judicial en si, porque su estructura es evidentemente sexista y patriarcal», dijo Herrera. «Los lugares de decisión siempre estuvieron ocupados mayoritariamente por hombres que reproducen actos de violencia institucional, en un organismo que, supuestamente, es el garante de los derechos de las personas».
Desde agosto del año pasado, cuando se aprobó el proyecto de ley en el Senado, el debate sobre la necesidad de una reforma judicial ha sido impulsado por el movimiento feminista a raíz del avivamiento del caso de Úrsula Bahillo.
La joven fue asesinada después de haber denunciado 18 veces a su ex novio, sin respuestas eficaces o directamente ignoradas por parte del sistema judicial. Este 8 de marzo, una de las principales reivindicaciones de las mujeres fue una reforma judicial feminista, como señaló Cele Fierro, del movimiento Juntas y a la Izquierda.
«El sistema judicial es patriarcal y clasista. Es el único poder que no es elegido por el voto popular, sino por el poder político gobernante», señala Herrera.
Decisiones anónimas
A principios de marzo, una exposición de la vicepresidenta Cristina Kirchner también impulsó la discusión sobre el Poder Judicial. A pedido suyo, se transmitió por las cadenas de televisión una audiencia en la Cámara de Casación Penal en el marco del caso del dólar futuro. En un año electoral como el 2015, la causa judicial contra Kirchner tuvo una fuerte cobertura mediática, y el candidato del partido de extrema derecha Cambiemos, Mauricio Macri, fue electo presidente.
En casi una hora, denunció las decisiones arbitrarias tomadas en el anonimato por jueces y fiscales.
«Insistí en la presencia de los medios de comunicación y en la presencialidad de la audiencia porque es importante conocer la cara de los jueces, de los fiscales», dijo Kirchner. El anonimato puede ser «conveniente». «Ustedes, los jueces, influyen en la vida de los argentinos, que no se dan cuenta que las decisiones que ustedes toman impactan directamente en sus vidas y en su bienestar», dijo señalando a los magistrados.
Instalar el debate
Según Herrera, en un año de elecciones legislativas, la reforma del Poder Judicial tendrá dificultades para ser aprobada, ya que necesitaría contar con los votos de la oposición.
Ella cree que un primer paso sería establecer un debate público y hacerlo más inclusivo, contra la percepción de que la justicia es algo lejano a la población. Herrera establece un paralelismo con el proceso de construcción de la ley del aborto en Argentina.
«Si me preguntaran hace cinco años si tendríamos aborto en Argentina, diría que no. Sin embargo, hoy tenemos el aborto legal. Lo que era imposible, lo hicimos posible. Creo que este año, instalar el tema y analizar sus implicaciones de manera profunda, en sí mismo, ya es un paso importante: visibilizar y tomar conciencia de lo que es el Poder Judicial«.
Perspectiva de género y sistema judicial
Pensar en la perspectiva de género atravesando todo el sistema judicial, en todos sus niveles, implica también pensar –en el orden federal- “en las expresiones de violencia de género que no son violencia doméstica o sexual o femicidios, como las mujeres imputadas en delitos de narcotráfico. Con perspectiva de género, pueden ser víctimas de trata o explotación”.
“Es muy difícil atravesar los muros del Poder Judicial. Cuando decimos que tenemos que cambiar el paradigma, la perspectiva de género viene a decir que la complejidad del fenómeno social, la violencia, tiene una multidimensionalidad y no puede ser interpretada si no es a partir de la interdisciplina”, resalta Mila Montaldo, coordinadora de la Comisión de Género de la Asociación Civil Justicia Legítima, que le presentó su proyecto de reforma al Presidente, para transversalizar una mirada jurídica de género en la justicia federal, “descolonizar” el sistema de justicia y democratizarlo propiciando una composición igualitaria en paridad de género, cupo laboral trans, indígena y de personas con discapacidad.
“Cuando las reformas se plantean como normativas, sin considerar qué prácticas hay que corregir, probablemente estemos en el mismo camino del fracaso porque el problema es estructural”, alerta Ileana Arduino, abogada especializada en violencia de género, directora del área de Feminismos y Justicia Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). “Las investigaciones muestran que lo que marca la diferencia para las personas que sufrieron episodios de violencia en el marco de la pareja es tener acompañamiento especializado, incluso operadores judiciales dicen que ven el proceso con una calidad mejor cuando las víctimas tienen ese acompañamiento. Pero en las estructuras del Ministerio Público y demás son marginales”, señala sobre una cuestión concreta a modificar. En la misma línea, trabajar sobre la identificación del riesgo, con evaluaciones específicas para saber cuál es el riesgo a evitar y cómo.
“Si no hay un circuito claro de quién interviene, va a haber hermosos informes de fin de año pero poca capacidad de transformación”.
Así resume Montaldo las dimensiones de la transformación que se necesita encarar:
“Los femicidios son crónicas de una muerte anunciada y ese anunciamiento lo tiene el Estado, que no está pudiendo dar respuesta. De la evidencia de los últimos casos, estamos hablando de la desidia del sistema judicial y la fuerza policial, los más refractarios a incorporar perspectiva de género y cambiar el modelo fálico que tienen de instrumentación”.
La formación de género como requisito excluyente
“La reforma judicial en su lógica habla de administración de justicia y unificación de fueros, y consideramos que hay dos patas fundamentales aún más importantes: paridad de géneros y formación de postulantes”, plantea Melisa García, referente de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem Argentina).
“Es un paradigma que hay que cambiar y la única manera es que haya formación cada vez más acorde para que no nos encontremos más ni con jueces ni con fiscales sin formación en género y termine pasando que muera una mujer cada 23 horas”.
Por eso, Abofem impugnó ante el Consejo de la Magistratura, el organismo que elige a los jueces de primera y segunda instancia, a 52 de los 138 secretarios, fiscales y abogados que se habían postulado a un concurso público, y tiene a otras postulaciones en la mira.
La formación, plantea García, es imprescindible para romper con prejuicios aún vigentes como la concepción de la “víctima estereotipada: una mujer desecha, que no puede rehacer su vida, sufriente, donde el Estado patriarcal tiene que venir a sacarla. Si rompe ese esquema, no es tan víctima. Como Thelma Fardín: rompe el esquema de la víctima que se espera que sea y se empieza a poner en tela de juicio su relato. La justicia busca esa víctima en sus preguntas. ¿Por qué estabas vestida de tal manera? Todavía está eso en las sentencias”.
Fuentes: Resumen Latinoamericano/ Fernanda Paixao/Tiempo Argetino/Luciana Rosende/