CABA: nueve familias en la calle tras desalojo en barrio Charrua
Esta mañana, luego de meses de intimidaciones, nueve familias, todas mujeres cabeza de familia con 17 niños y niñas quedaron en la calle tras la irrupción en un operativo de desalojo llevado adelante por la Policía de la Ciudad. Las familias venían denunciando que no tienen donde vivir y un supuesto dueño les cobraba un pago de alquiler informal mientras llegaban las intimidaciones de desalojo. «Un camión nos sacó las cosas y nos dejaron en una plaza con los nenes. No tenemos donde ir». Tras la negativa del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación, Jorge Ferraresi en no prorrogar el DNU 320 se han incrementado los desalojos. Por ANRed
Esta mañana un grupo de Policías de la Ciudad ingresó sin previo aviso a las casas en las calles Rivera Indarte y Fernández de la Cruz en donde vivían 9 familias con sus niños desde hace siete meses. El operativo fue ordenado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 67, a cargo de la Dra. Marcela Eiff. El acta señala la “intrusión” del inmueble. Sin embargo, las familias venían denunciando que les continuaban cobrando el pago de alquiler al mismo tiempo que llegaban las amenazas del inminente desalojo. “Queremos llegar a un acuerdo no tenemos dónde vivir. Acá somos todas mujeres con muchos niños y en ningún lado nos aceptan. Cuando nos dijeron que nos querían desalojar comenzamos a buscar pero nadie quiere recibir a los niños”, comentó una de las madres a ANRed. Hasta el momento el gobierno de la Ciudad no ofreció nada concreto a las familias sin viviendas.
Solo una de las familias tiene un subsidio habitacional que apenas llega a 6mil pesos. “No dijeron que quizá nos llevarían a un parador pero es lo mismo que nada. ¿Cuánto podemos estar ahí? Necesitamos que alguien se haga cargo sino vamos a dormir en la calle”, agregaron.
Luego del desalojo las familias informaron que un camión las llevó hasta una plaza cercana y bajaron las pertenencias y nadie desde el Gobierno les acercó ayuda. «Un camión nos sacó las cosas y nos dejaron en una plaza con los nenes. No tenemos dónde ir. Y tenemos miedo que venga la lluvia».
El pasado 31 de marzo venció el DNU 320/20 que había sido dictado el 29 de marzo del 2020 que detenía ciertos desalojos amparado en la crisis provocada por la pandemia de Covid-19. Este año el Gobierno Nacional no concedió la prórroga lo que dió luz verde para una “ola de desalojos” a pesar de dictarse otro paquete de medidas restrictivas para la circulación por el agravamiento de la pandemia con una segunda ola de contagios masivos llamada «tsunami» por el gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Desde las Concejerías de Viviendas explicaron que las familias una vez desalojadas se encuentran con dos problemas cruciales: “primero, que el subsidio habitacional es completamente insuficiente para costear el alquiler de una pieza (hace décadas que les inquilines precarizades no saben lo que es alquilar algo mayor a 1 ambiente), y por otro, la negativa de alquilar a familias con niñes, cada vez más extendida». Frente a esta situación señalan que es urgente un aumento del subsidio habitacional que ascienda a un rango entre 15 y 24 mil pesos.
El 31 de marzo decenas de organizaciones sociales nucleadas en la campaña #ProhibidoDesalojar movilizaron al centro de la ciudad porteña exigiendo la suspensión de los desalojos y un subsidio de emergencia. Denunciaron la situación crítica por la que atraviesan las y los inquilinos en medio de la crisis económica y la pandemia. Las amenazas de desalojo son diarias. La Consejerías de Viviendas que acompañan cientos de casos de familias en riesgo de ser desalojadas un día antes del vencimiento del DNU 320/20 emitió un comunicado alertando sobre los hostigamientos padecidos por parte del Gobierno de la Ciudad y la policía.
“En el caso de nuestra organización, las Consejerías de vivienda, desde el comienzo de la pandemia hemos recibido más de 300 consultas y estamos actualmente acompañando un número de 150 situaciones de riesgo de desalojo o desalojo consumado. Todo este trabajo es a pulmón, autogestivo y nos consideramos independientes del estado. Ya desde el año pasado la policía de la ciudad, comandada por Diego Santilli, nos viene pisando los talones, con presencia de personal uniformado y de civil (infiltrades), tanto en nuestras Asambleas como en espacios de base a los que convocamos a través de nuestras redes. Con la excusa de saber si va a haber una concentración o una marcha, se han presentado cada domingo por medio en la olla popular en donde hacemos además nuestros encuentros con vecines. Para evitar la persecusión que veníamos sufriendo, dejamos de colocar la dirección donde se realizarían las Asambleas, repercutiendo claramente en la posible masividad de las mismas”. (ver completo)