“En San Luis, todos saben que a mi hermana la mató la policía”
A un año del femicidio de Florencia Magalí Morales, su hermana Andrea denuncia la complicidad del gobierno provincial y los nulos avances en la causa pese a las evidencias que demuestran que se trató de otro caso de violencia institucional. Por Movimiento Etiopía para ANRed
“No hay procesados, no hay apartados, no hay indagados. No hay nada. Todo sigue igual. No apartaron a nadie de la comisaría, no tomaron declaraciones. No hicieron absolutamente nada”. A un año del femicidio de Florencia Magalí Morales, su hermana Andrea y el resto de su familia siguen sufriendo la falta de justicia para Maga.
“El estado de abandono, por parte del gobierno provincial, no se limita solamente a la causa –explica Andrea–. A mis sobrinos, que perdieron a su mamá, todavía no los asistió nadie. Un año después del femicidio, siguen abandonados por el Estado. No tienen contención psicológica ni económica”.
La mañana del 5 de abril de 2020, Maga salió de su casa, donde vivía con dos hijos y su nieta. A las 5 de la tarde fue asesinada en la comisaría 25ª de Santa Rosa de Conlara, provincia de San Luis. Tenía 39 años. La policía intentó encubrir el femicidio impulsando la teoría de que se trató de un suicidio, pero pruebas posteriores confirmaron lo que sus familiares sostuvieron desde el principio: había sido asesinada.
Las irregularidades en la causa se produjeron desde el momento mismo del femicidio de Magalí y se siguen repitiendo. “Varias agrupaciones del exterior, especializadas en medicina forense, quisieron revisar los resultados de la autopsia –señala Andrea–, pero el gobierno de San Luis no lo permitió. Les prohibieron la entrada, no les dejaron hacer ninguna intervención”.
Pese a que la primera pericia psicológica dejaba en claro que no era posible que Magalí se hubiera suicidado, este año se realizó una nueva pericia que dictaminó que no podía determinarse si era o no posible un suicidio. Las irregularidades volvieron a evidenciarse: tres de los especialistas que participaron realizaron un informe individual negándose a firmar la resolución y expresando que sus conclusiones eran las contrarias.
La situación se agravó en marzo, cuando el defensor oficial José Francisco Pérez pidió archivar la causa, lo que generó una fuerte reacción social que terminó con el pedido de la Secretaría de Derechos Humanos de intervenir como querellante. Incluso para los organismos estatales, el intento de encubrir a los policías involucrados resulta indisimulable.
El último 5 de abril, a un año del femicidio, el reclamo de justicia continuó en la puerta del juzgado de Santa Rosa de Conlara. Entre otros pedidos, se exige al juez Jorge Pinto la detención del comisario Heraldo Clavero, cuya situación judicial es de las más comprometidas.
“En San Luis, todos saben que a mi hermana la mató la policía. Todos –asegura Andrea–. Pero hay una cadena de corrupción que lo encubre. La policía de San Luis está llena de corruptos que son tapados por otros corruptos que ocupan cargos en el gobierno. Mientras el gobernador Rodríguez Saá siga encubriendo a la policía, va a seguir siendo uno de los principales responsables del asesinato de mi hermana”.
Como sucede en gran parte de los casos de represión policial, la presión social es lo único que puede evitar que el caso quede impune. “El Estado es responsable de la muerte de mi hermana –insiste Andrea–. Tienen que condenar a todos los que estuvieron ese día en la comisaría, porque mi hermana llegó viva y poco tiempo después la mataron. Y en caso de que a algún integrante de mi familia le ocurra algo grave, hacemos responsables al gobierno de San Luis y al gobierno de la Nación, que tienen que garantizar nuestra seguridad”.
La valentía de su familia, el apoyo de distintas organizaciones sociales, y la difusión de su imagen y su historia cada vez que sea posible son esenciales para que la lucha continúe. Andrea lo reafirma: “No perdemos las esperanzas y vamos a seguir luchando hasta que haya justicia para mi hermana”.