Celebran fallo que condenó a genocidas que habían sido absueltos en “Monte Peloni II”
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) valoró la sentencia de la Cámara de Casación Penal que condenó a genocidas que habían sido absueltos por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Buenos Aires. En septiembre de 2019 y luego de más de dos años de audiencias de debate, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata dictó sentencia en el juicio conocido como “Monte Peloni II”, que juzgó los crímenes cometidos en el ámbito de actuación de la Subzona 12, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Trece (13) acusados por secuestros, torturas y desapariciones –algunos de ellos también por homicidios y violación- fueron condenados, mientras que otros diez resultaron absueltos. Por Indymedia Derechos Humanos.
Oscar José Bardelli, Roberto Jorge Casares, Eduardo Héctor Bernadou, Osvaldo Miguel Guarnaccia y Argentino Alberto Balquinta, fueron condenados a prisión perpetua, en línea con el pedido realizado por el Ministerio Público Fiscal y las querellas Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.
A su vez, ocho represores fueron condenados a penas de entre 9 y 22 años de prisión en orden a privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de sus víctimas y violación. Ellos fueron Héctor Alberto González Cremer, Walter Jorge Grosse, Francisco Oscar Sarmiento, Carlos Alberto Muñoz, Román Valdecantos, Luis Alberto Juárez, Raúl Ángel Córdoba y Santiago Alberto Padilla.
Las absoluciones, otorgadas en la mayoría de los casos por el beneficio de la duda, comprendieron a Julio César Tula, Horacio Rubén Leites, Roberto Manuel Fantini, Héctor Rubén Rinaldi, José Clemente Forastiero, Néstor Omar Vapore, Juan Carlos Luján, Enrique Vázquez, Edgardo Mariano Viviani y Julio Néstor Cazaux.
También se juzgó la detención y privación ilegítima de libertad de varios obreros de las fábricas Fabi y Losa, ubicadas en el partido de Olavarría, pero los casos no recibieron sanción porque el Tribunal declaró que los hechos no constituyeron crímenes de lesa humanidad.
La semana pasada, se dio a conocer la sentencia dictada por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal que revisó la sentencia en base a los diferentes recursos de impugnación que recibiera.
Este órgano judicial rechazó absolutamente todos los planteos que le formularon las y los abogados defensores de los represores condenados, a excepción del caso relativo a la condena a prisión perpetua de Eduardo Héctor Barnadou, la que anuló.
En relación a los planteos que atacaron las absoluciones, la Cámara de Casación anuló las sentencias que beneficiaron a Julio César Tula, Horacio Rubén Leites, Néstor Omar Vapore, Juan Carlos Luján y Argentino Alberto Balquinta (este fue originalmente condenado por unos hechos y absuelto por otros).
Al mismo tiempo consideró que los hechos probados relativos a la detención y privación ilegítima de libertad de varios obreros de las fábricas Fabi y Losa, presentados por la defensa como hechos policiales comunes, fueron en realidad delitos de lesa humanidad realizados en el marco del plan sistemático de represión de la dictadura militar.
El pronunciamiento de Casación se realizó bajo la modalidad llamada “reenvío”, que significa que la causa vuelve al Tribunal Oral Federal de Mar del Plata quien deberá dictar nueva sentencia en relación a lo anulado, atendiendo a las observaciones que le formulara el órgano judicial superior.
“La modificación de la sentencia implica un gran triunfo para el Ministerio Público Fiscal, las querellas, las 37 víctimas directas de la causa y en definitiva para la sociedad que ve más cerca el valor de la justicia”, valoraron desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Desde la organismo felicitaron “especialmente” el trabajo del presidente de la APDH y abogado en la causa, Guillermo Torremare, y de la abogada Mariana Catanzaro. “También reconocemos y felicitamos el trabajo y compromiso del fiscal Juan Manuel Portela, de la titular de la Procuración de Crímenes contra la Humanidad, María Angeles Ramos, y del abogado querellante de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Manuel Marañón”, indicaron.
Asimismo, reclamaron “la continuidad y aceleración de los juicios de Lesa Humanidad, en todo el territorio nacional, para lograr un poco de esa justicia tan negada en estos 45 años”.
“No Olvidamos, No perdonamos, No nos reconciliamos. Son 30.000”, concluyeron desde la APDH.