Otro ataque de la justicia a quienes defienden el agua en Andalgalá
La justicia catamarqueña le da luz verde a la minera Yamana Gold sobre los nevados del Aconquija. El juez Rodolfo Cecenarro rechaza el habeas corpus solicitado por los vecinos agrupados en La asamblea El algarrobo, al mismo tiempo que sale a cuestionar públicamente a los asambleístas a los que cataloga de “setentistas”. Con doce días de bloqueo selectivo a vehículos mineros, el pueblo de Andalgalá se manifiesta para seguir defendiendo el agua contra las mineras. Por ANRed | Imagen de movilización: Susi Maresca.
Desde el año 2009 la comunidad de Andalgalá se opone al proyecto “Agua Rica» de la minera canadiense Yamana Gold, por el cual busca extraer oro, cobre, plata y molibdeno del cordón montañoso nevados del Aconquija.
A través de las distintas movilizaciones en resistencia al proyecto, el pueblo andalgalense logro en el 2016 que el Consejo Deliberante promulgara la ordenanza municipal 29/16 que prohíbe la extracción a cielo abierto y el cianuro en toda la localidad y la cuenca hídrica del rio Andalgalá. Esta ordenanza reconocía que no había “licencia social” para la megaminería. El 23 de diciembre del 2020, La Corte Suprema de Catamarca hace lugar al planteo de la empresa minera y declara inconstitucional la ordenanza 29/16. Desde ese momento la comunidad se moviliza de distintas formas contra lo resuelto por el tribunal supremo.
El historial de represiones y represalias vividas desde el año 2009, llevo a los ambientalistas a solicitar un habeas corpus “en resguardo de las vecinas y vecinos» que llevan adelante los bloqueos selectivos e informativos en los caminos de Choya y El Potrero.
El habeas corpus fue denegado por el juez de control de garantías, Rodolfo Cecenarro. Quien en declaraciones posteriores justifico su accionar argumentado que el habeas corpus “no cumple con los requisitos formales» . Al mismo tiempo asegura sufrir “una reacción de parte de ellos”, mientras niega haber sido parte de la represión sufrida por la comunidad andalgalense, en febrero del 2010. En las mismas declaraciones, que pueden leerse en El Ancasti, el letrado deja planteada su visión sobre las formas de reclamos contra la minera, a las que considera “setentistas” y violentas.
En su comunicado la asamblea el algarrobo de Andalgalá denuncia que el rechazo al habeas corpus por parte del juez de control de garantías, “no respeta el debido proceso” y que “la tardanza en la notificación coarta nuestro derecho a apelar la decisión”. Afirman que con esta medida “el juez Cecenarro, en clara complicidad con los empresarios megamineros y los políticos corruptos, deja abierta la posibilidad a otra brutal represión, como la que sufrimos hace 11 años”.
Con respecto a las declaraciones periodísticas de Cencenarro, consultamos a Silvina Reguera, ciudadana andalganense y miembro de La asamblea El algarrobo. Silvina, nos comenta que es una práctica habitual del juez expresarse en los medios de comunicación, buscando implantar en la sociedad catamarqueña que “nosotros somos los violentos, los malos, los intolerantes”. Desmiente al juez Cercenarro en lo relacionado a su accionar en al año 2010 y afirma que la asamblea tiene en su poder, una copia de la orden de represión firmada por el juez.
Para Silvina, el fallo de la Corte Suprema, la negación del pedido de habeas corpus y las declaraciones del juez Cencenarro son parte de la “postura que tienen los jueces” y toda la justicia catamarqueña que define como “promineros”.
El discurso de la criminalización de los ambientalistas de Andalgalá, no es algo nuevo, ni exclusivo de un juez. Ya en el 2012, Amelia Sesto de Leiva, Ex presidenta de la Corte Suprema de Catamarca declaraba públicamente contra las manifestaciones de la comunidad aldalganense. En declaraciones televisivas cuestionaba la forma de reclamo de la comunidad, al mismo que reconocía que “los ambientalistas, son gente que está dispuesta a exigir que se cumpla su derecho” afirmaba que la “solución” frente a esas exigencias es “bueno a esa gente habrá que sacarla y llevarla a la cárcel”.
Silvina recalca que la postura del sistema judicial catamarqueño genera múltiples trabas en sus reclamos judiciales “A nosotros nos cuesta el doble todo, nos cuesta mucho sacar un papelito de la corte, pedir información, acceder a la información, a la justicia”.
El pueblo de Aldalgalá hace más de 10 años defiende el agua contra las mineras. Resistiendo a un proyecto minero 3 veces más grande que La Alumbrera. Todos los sábados, los vecinos del pueblo de Andalgalá realizan las caminatas que junto con las asambleas autogestivas son las formas que utilizan para manifestarse de manera sostenida durante los últimos 11 años. En las más de 570 caminatas el pueblo andalgalenense sigue diciendo NO al proyecto de Agua Rica. Desde el 22 de marzo cuando observaron que se estaban llevando adelante trabajos de la empresa multinacional, vecinas y vecinos iniciaron un bloqueo selectivo de vehículos mineros que ingresan por los caminos de El Potrero y Choya .