30/03/2021

El Grupo Techint: pasado y presente de la violencia empresarial contra sus trabajadores

«En cada aniversario del 24 de marzo la imagen que señala la responsabilidad de Dálmine-Siderca (actualmente Tenaris Siderca) en el Terrorismo de Estado recorre las calles de Campana».

La nota de Pablo Peláez para la revista La Marea repasa el accionar del Grupo Techint como ejemplo de la vinculación entre la dinámica represiva de la última Dictadura y los procesos de expansión y reproducción ampliada de empresas que participaron directamente de la represión. El autor, historiador especializado en el mundo del trabajo, traza líneas de continuidad entre aquel momento histórico y el presente, echando luz sobre las políticas de flexibilización, los despidos y los recortes salariales que implementó el grupo Techint durante la pandemia. para evidenciar su rol como articulador de las ofensivas del capital sobre el trabajo en el país. 


Durante la última dictadura, los/as trabajadores/as de grandes empresas, como Techint, Dálmine-Siderca, Ford, Mercedes-Benz, Ledesma, Astarsa, Acindar y otras tantas, fueron uno de los sectores sociales con más personas detenidas-desaparecidas. El autor que investiga responsabilidad de la empresa en el secuestro y desaparición de obreros/as y delegados/as de Techint afirma que el objetivo de ampliación industrial de la empresa resulta inescindible de su involucramiento activo en la represión y de la modificación de las relaciones laborales impuestas por la dictadura.

Esta nota está dedicada a la memoria de Claudio Spiguel, quien fuera historiador, investigador, docente y colaborador de esta revista, pero principalmente, un amigo y referente imprescindible a la hora de pensar históricamente.

Techint es un grupo empresario transnacional dirigido por el ítalo-argentino Paolo Rocca, y actualmente uno de los principales productores de acero y tubos sin costura para la industria petrolera, tanto a nivel local como mundial. Fue fundado en 1947 por el abuelo de Paolo, Agostino Rocca, quien tras haber oficiado como importante funcionario del complejo industrial italiano bajo el régimen fascista de Mussolini, huyó  hacia la Argentina.

La represión como garantía para la acumulación

En marzo de 1974, Dálmine-Siderca (la siderúrgica “madre” del grupo en Argentina, ubicada en Campana, provincia de Buenos Aires) había sido pionera en la introducción de tecnologías para lograr la integración vertical de la planta. El plan de ampliación industrial que finalizó la empresa en 1978 fue exitoso al punto de que pudo posicionarse en los años siguientes como jugador de primer orden en la competencia global. Entre 1976 y 1983 la cantidad de trabajadorxs en la planta se incrementó un 15%, a la vez que la producción de acero creció aproximadamente un 70% y la productividad medida en toneladas/hombre se incrementó alrededor del 80%.1

Sin embargo, el “milagro productivo” que el grupo Techint protagonizó para entonces, resultó inescindible de su involucramiento activo en la represión contra sus trabajadores y de la modificación de las relaciones laborales que llevó adelante, amparándose en la política represiva y laboral de la dictadura instalada en 1976.

«Croquis de la planta de reducción directa para el mineral de hierro, instalada en 1976 como parte del plan de ampliación de la fábrica». Fuente: Boletín Techint.

Durante los años previos al golpe, los trabajadores de la planta habían protagonizado una intensa puja por las condiciones laborales y el control del proceso de producción en la fábrica. Desde allí, habían logrado una importante fortaleza reivindicativa. Los informes de inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires señalaban para entonces que la fábrica presentaba una “fuerte infiltración a nivel de cuerpos de delegados, comisiones internas y bases” y que esta era “la más jaqueada de las empresas de la zona, por el accionar de elementos subversivos”. Hacían referencia al importante espacio de intervención conquistado por los delegados y las comisiones internas desde el lugar de trabajo, que les permitía discutir ritmos de trabajo y condiciones de salubridad, entre otras cuestiones claves. Hacían referencia al creciente activismo de las mujeres trabajadoras, que se había expresado en la elección de la primera mujer delegada de la UOM en la empresa, desde el sector administrativo. El aparato represivo estaba atento también al creciente activismo obrero político, que se extendía y se expresaba en la conformación de agrupaciones y corrientes combativas y de izquierda en la fábrica y el territorio de Campana y Zárate.

No por casualidad, la represión militar-empresarial a partir de 1975 se dirigió específicamente a los representantes gremiales de base en la fábrica y los activistas político-sindicales más reconocidos. En marzo de 1975, aún bajo el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, se dio la primera oleada represiva en la zona. Bajo el encuadre de la ley “antisubversiva” 20.840 y como parte del megaoperativo de fuerzas conjuntas “Serpiente Roja del Paraná”, lanzado por el Ministerio del Interior para desmembrar las experiencias clasistas del movimiento obrero del cordón industrial de la ribera del Paraná con epicentro en Villa Constitución, fueron detenidos en la zona a disposición del Poder Ejecutivo una gran cantidad de activistas y delegadxs de Dálmine-Siderca. Los primeros desaparecidos y desaparecidas serían fruto de otra oleada represiva hacia diciembre del mismo año.

La represión se profundizó brutalmente con la llegada del golpe de 1976. En su memoria y balance general aprobado en marzo de 1977, el directorio empresario afirmaba “su confianza en la naturaleza de las medidas económicas adoptadas después del cambio institucional del 24 de marzo de 1976” y que “se normalizó la actividad laboral”. Sabemos actualmente que al menos 86 trabajadores que desarrollaban tareas en el polo productivo del grupo en Campana resultaron víctimas de crímenes de lesa humanidad: fueron detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, desaparecidos, asesinados, forzados al exilio o la migración, y/o secuestrados y liberados. Al menos 41 permanecen desaparecidxs hasta la actualidad. Al menos 6 fueron asesinados, y cerca de 34 trabajadores fueron secuestrados y luego liberados.

La represión tuvo como objetivo atacar las bases de la organización obrera desde el lugar de trabajo y aislar a los cuadros políticos y sindicales más importantes, poniendo fin a la etapa previa de intenso activismo y conquista de derechos. Entre esos trabajadores, alrededor de veinticuatro eran al momento de su detención, o lo habían sido previamente, representantes sindicales de base de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la fábrica, como delegados o en comisiones internas, y en algunos casos, como miembros de la conducción seccional del sindicato. Cerca de treinta trabajadorxs pertenecían al PRT-ERP o participaban en espacios frentistas ligados a la organización, de fuerte presencia en la fábrica y la localidad, mientras que otrxs tantos eran activistas de distintas corrientes políticas dentro del peronismo y la izquierda.

Con el golpe militar, la empresa prohibió las elecciones de delegados y designó “interlocutores” obreros a dedo. Las comisiones internas quedaron diezmadas de sus miembros más combativos y mayormente integradas al esquema de intereses de la empresa. La gerencia barrió también con algunas de las conquistas más importantes que los trabajadores habían obtenido en la etapa previa. Los premios por producción y el “adicional Dálmine” fueron dejados de pagar arbitrariamente a partir de 1977. El régimen de insalubridad que regía en la acería desde 1974 fue eliminado casi en su totalidad en 1978, reimplantándose la jornada laboral de 8 horas y la realización de horas extras en la sección.

Estos objetivos fueron considerados por la empresa como parte de una estrategia industrial disciplinante basada en el terror, cuyos pilares fueron la combinación entre represión estatal ilegal y una serie de prácticas empresariales represivas, tal como se probó en el informe Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad.2 Militarización de la planta (controles de acceso, requisa y producción), designación de policías retirados en cargos jerárquicos, secuestros de trabajadores desde dentro de las secciones, represión y disciplinamiento llevados adelante por una agencia de seguridad privada a cargo de un militar retirado, infiltración de agentes de inteligencia entre los trabajadores, y secuestros y/o torturas vinculadas a la actividad gremial seguidas de envíos de telegramas de despido y cesación de actividades, fueron algunas de las formas que adoptó la violencia empresarial. Dálmine-Siderca  resultó una de las empresas con mayor cantidad de víctimas trabajadoras y sindicalistas, y uno de los casos en los que existen sobradas pruebas del involucramiento empresarial en la represión.3

En 1985 la subsecretaría de Derechos Humanos refería a la responsabilidad de la empresa en el secuestro y desaparición de obreros y delegados, afirmando que “el caso de los obreros de la empresa Dálmine-Siderca es por demás significativo, pues permitiría demostrar la connivencia existente entre los directivos de aquella fábrica y las fuerzas represoras actuantes en la zona de Campana”. A pesar de haber pasado 36 años, no ha sido imputado aún ningún miembro del directorio o de la gerencia de la empresa y el grupo. Resulta una tarea inmediata, en este sentido, lograr avances sustantivos en el juzgamiento de los responsables empresariales de la represión a los trabajadores, lo que además permitirá continuar afianzando la comprensión colectiva de la última dictadura militar como un régimen planificado y amparado por la clase dominante, apoyado en una brutal “revancha clasista”.

Obreros saliendo del complejo industrial de Campana en 1986. Dálmine-Siderca es una de las empresas con mayor cantidad de víctimas trabajadoras durante el terrorismo de estado. Fuente: Cara a Cara. Fotografías históricas de Alides Cruz desde 1957 a 1991.

El presente del grupo Techint y la ofensiva durante la pandemia

Recientemente, el grupo fue noticia en distintas partes del mundo por sus rápidas acciones para evitar que las medidas tomadas ante la pandemia afecten sus negocios. En marzo de 2020 se conoció el lobby y las campañas publicitarias de las que fue partícipe para lograr que su fábrica siderúrgica Tenaris Dálmine en Bérgamo (Italia) no cerrara, a pesar de que la ciudad era noticia por tener uno de los brotes más importantes del virus a nivel mundial. En Argentina, fue foco de atención por haber despedido a 1450 trabajadores de su rama de construcción civil, tras la paralización de obras en distintas partes del país, y por el sinnúmero de estrategias desplegadas para hacer recaer los impactos económicos de la crisis sobre las espaldas de sus trabajadores: intentos de exceptuar actividades “no esenciales” del cumplimiento del aislamiento, suspensiones de personal con rebajas salariales, despidos de trabajadores tercerizados, pagos no remunerativos, ofrecimiento de retiros “voluntarios”, entre otras.4 El grupo señaló el camino con su accionar para que otras grandes empresas avanzaran sobre condiciones de trabajo y de vida de sus trabajadores, en el marco de la profundización de la crisis económica y sanitaria desatada por la articulación entre la pandemia del COVID 19 y la dinámica de acumulación capitalista.5 Para el mismo momento, se conoce que Rocca forma parte de la lista de mayores multimillonarios del mundo en la publicación de la revista Forbes y que la filial argentina de su holding de aceros planos, Ternium, obtuvo durante 2020 una mejora en sus ganancias del 70%.6

Durante las últimas cuatro décadas el grupo Techint marcó la línea para los grupos económicos locales en distintos sentidos. Obtuvo cuantiosos beneficios por parte del Estado y los distintos gobiernos en materia fiscal e impositiva a través de regulaciones de orden arancelario y subsidios preferenciales, fue beneficiario directo de la estatización de la deuda externa privada y la licuación de pasivos ocurrida en 1982 bajo la presidencia de Cavallo en el Banco Central, fue parte integrante de la denominada “patria contratista” a partir de los años setenta, participó en los procesos de privatización de empresas públicas como firma accionista durante la década del noventa, y protagonizó un proceso de centralización e internacionalización de capital desde la Argentina con la conformación de sus actuales holdings a nivel mundial (Tenaris y Ternium). También resultó un grupo pionero en la aplicación de reformas laborales flexibilizadoras para los trabajadores a partir de la década del ochenta, y en la aplicación de estrategias de tercerización laboral y externalización productiva, en auge desde la posconvertibilidad.

Un nuevo 24 de marzo exige recordar que ni el posicionamiento de Techint como vanguardia del gran capital local ni la aplicación de formas de violencia contra sus trabajadorxs son novedades en la historia. Por eso la memoria por los 30.000 compañeros y ccompañeras desaparecidas se disputa y se reactualiza también en el terreno de la lucha cotidiana contra los responsables de ayer, que siguen siendo los responsables de la miseria planificada de hoy. Porque preguntarnos por el pasado y por los perpetradores del genocidio es cuestionar el presente y a los actores que continúan protagonizando nuestra realidad. Porque la historia es una relación activa del presente con el pasado, y nuestro conocimiento de ella debe actuar como factor útil para el movimiento de la sociedad y el devenir de las luchas obreras y populares.


Notas:

1 Uso el lenguaje inclusivo cuando hago referencia a varones y mujeres, sin distinción de género. Cuando utilizo el masculino o femenino es porque estoy haciendo referencia a un género en particular.

2 AEyT FLACSO, CELS, PVyJ, & SDH. Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado. Posadas: Editorial Universitaria de la Universidad Nacional de Misiones, 2016. Disponible en: https://flacso.org.ar/wp-content/uploads/2017/03/Responsabilidad-empresarial-en-delitos-de-lesa-humanidad-I.pdf

3 Investigaciones en curso avanzan sobre la participación patronal en la represión en otra de las fábricas del grupo: Propulsora Siderúrgica. Ver, por ejemplo, Esponda, Alejandra, ´Entrábamos a trabajar con el fusil en la espalda´. Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad contra trabajadores de Propulsora Siderúrgica, Ensenada-Provincia de Buenos Aires, Argentina (1976-1983)”, en Tratado Latinoamericano de Antropología del Trabajo, Hernán Palermo y Lorena Capogrossi (comp.). CLACSO, 2020.

4 Al respecto, puede profundizarse en el documento de trabajo producido por Victoria Basualdo, Silvia Nassif y Pablo Peláez, en el marco del Área de Economía y Tecnología de FLACSO, “La crisis del Covid-19 y las relaciones laborales en la industria siderúrgica y la agroindustria azucarera en Argentina (marzo-junio 2020). Disponible en: https://bit.ly/32C3KiO

5 Al respecto, puede verse el documento de trabajo producido por Victoria Basualdo y Pablo Peláez, en el marco del Área de Economía y Tecnología de FLACSO, “Procesos de conflictividad laboral en el marco de la pandemia del Covid-19 en Argentina (marzo-mayo 2020)”. Disponible en https://www.flacso.org.ar/wp-content/uploads/2020/07/Procesos-de-conflictividad-laboral-COVID-19-V-Basualdo-y-P-Pelaez.pdf

https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/pese-a-la-pandemia-ternium-elevo-sus-beneficios-en-2020/

Pablo Peláez es historiador, docente y becario doctoral del CONICET. Forma parte del “Programa de estudios del trabajo, movimiento sindical y organización industrial”, en el Área de Economía y Tecnología de FLACSO.



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