Reclaman a Alberto Fernández extender el decreto que suspende desalojos y un plan de desendeudamiento
Foto: Consejerías de Vivienda
El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, anunció que a partir del 1 de abril el Gobierno no extenderá el DNU 66/21 (prórroga del 320/20) que congela los alquileres y prohíbe los desalojos, disponiendo un «protocolo nacional de alerta temprana de desalojos de vivienda única y familiar en regímenes de alquileres formales». Ante la amarga novedad, la Federación de Inquilinos Nacional, acompañada de personalidades de organismos de derechos humanos, sindicatos, legisladores, asociaciones y defensorías de familias inquilinas, presentó una carta al presidente Alberto Fernandez y a Ferraresi pidiendo la extensión del decreto que suspende los desalojos, congela el precio de los alquileres y extiende automáticamente los contratos de alquiler, y reclamó un plan de desendeudamiento». Por su parte, las organizaciones nucleadas en la campaña #ProhibidoDesalojar, anunciaron una concentración para este miércoles a las 10 en el Obelisco porteño, en reclamo de «la suspensión efectiva de todos los desalojos y por un subsidio de emergencia para evitar que millones queden en la calle». Por ANRed.
A través de la resolución 88/2021, publicada el viernes 26 en el Boletín Oficial, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, a cargo de Jorge Ferraresi, anunció que a partir del 1 de abril vencerá el DNU 320/20, que congela los alquileres y suspende los desalojos.
En esa línea, informó que se convocará al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como también a otros organismos nacionales y provinciales, «con el fin de recabar información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo, en los casos comprendidos en contratos de locación alcanzados por el Decreto Nº320/20 y sus sucesivas prórrogas y modificaciones». Para eso, determinó un «protocolo nacional de alerta temprana de desalojos de vivienda única y familiar en regímenes de alquileres formales».
Además, agrega que «establecerá los criterios de priorización, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros».
Ante el amargo y apremiante anuncio para miles de familias inquilinas, la Federación de Inquilinos Nacional, con el acompañamiento de personalidades de organismos de derechos humanos, sindicatos, legisladores y legisladoras, asociaciones y defensorías de familias inquilinas, presentó una carta al presidente Alberto Fernandez y a Ferraresi pidiendo que se «extienda el decreto que suspende desalojos, congela el precio de los alquileres y extiende automáticamente los contratos de alquiler hasta que elabore y ponga en marcha un plan de desendeudamiento de las familias inquilinas para que nadie quede en la calle en el advenimiento de la segunda ola que golpea cruelmente a toda la región».
«Hace dos meses el gabinete nacional firmó el decreto 66/21, donde se decía que la pandemia modificó la cotidianeidad y las previsiones de los argentinos, y que muchos trabajadores, comerciantes, profesionales y pymes vieron afectados sus ingresos ‘fuertemente’. ¿Qué cambió en apenas 60 días para que se anuncie que no habrá prórroga del decreto? – se pregunta la federación nacional de inquilinos e inquilinas – La extensión del decreto, además de ser la única forma de frenar una ola de desalojos, debe servir para conocer cuántos hogares están endeudados, cuántos hicieron uso del decreto para prorrogar el contrato, cuántos tienen sentencia de desalojo, y cuántos no tendrán opción para alquilar en las condiciones que le imponga el mercado que lleva adelante una maniobra inhumana de aumentos, incumplimiento de lo dispuesto por la nueva ley de alquileres y recurrentes amenazas, maltratos y hostigamientos hacia los inquilinos que intentan se cumplan sus derechos», finaliza la carta.
#NosQuedamos
Desde *Inquilinos Agrupados* organizan #RuidazoInquilino en todo el país hoy lunes 29 a las 20hs para que los inquilinos y las inquilinas de todo el país se hagan escuchar desde sus hogares y en las plazas del país. EnCapital Federal el punto de encuentro es Plaza Almagro a las 19.30Hs. Los principales puntos de reclamo al gobierno es la extensióndel decreto, un Plan de desendeudamiento, Basta al abuso inmobiliario y cumplimiento de la ley de alquileres.
Por su parte, las organizaciones nucleados en la campaña #ProhibidoDesalojar anunciaron que concentrarán este miércoles 31 desde las 10 en el Obelisco porteño, en reclamo de «la suspensión efectiva de todos los desalojos y por un subsidio de emergencia para evitar que millones queden en la calle».
En la misma línea, remarcan: «las salidas que dice brindar el gobierno nacional son falaces, como sugerir que las mediaciones pondrán un freno a los desalojos. Además, sólo se centran en las situaciones de alquiler enmarcadas en la formalidad. Un claro ejemplo de esto, es la resolución 88/2021: ‘Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar de Alquileres Formales’. Desde ya que los sucesivos DNU tuvieron la gran falla de no contemplar ni los alquileres informales (hoteles, pensiones, casas familiares, villas), como tampoco las respuestas populares ante el déficit habitacional como las recuperaciones de tierras o casas colectivas. Con lo cual, no nos sorprende pero sí nos indigna que luego de tres reuniones el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat haga oídos sordos a las necesidades de este sector precarizado y lamentablemente creciente», remarcan.
Entre los principales reclamos, sostienen la «suspensión efectiva de todos los desalojos», el ortorgamiento de un «subsidio habitacional de emergencia a nivel nacional», «ayuda urgente económica y habitacional para víctimas de violencia de género», un «plan de desendeudamiento», la creación de una «mesa con vecines y organizaciones para discutir el programa de alquiler social», «tierra y vivienda ociosa para la construcción de viviendas para y por los trabajadores, no para los negociados privados», un «plan de construcción de 4 millones de viviendas y Obra Pública bajo el control de las organizaciones de ocupades y desocupades, y financiadas enteramente por el Estado, con convenios laborales y salarios iguales a la canasta básica», aplicar un «tope a los alquileres igualando la paritaria anual más baja» y un «salario igual al costo de la canasta familiar, hoy en $100 mil pesos».