A 45 años del golpe: «La represión sigue siendo política de Estado»
Foto: Lisandro Amado
Hoy se cumplen 45 años del golpe cívico eclesiástico militar y desde el Colectivo contra el Gatillo Fácil de La Plata denuncian que la represión ejercida desde el Estado sigue siendo un instrumento de control ocultada como Violencia Institucional. «A 45 años del golpe genocida seguimos en las calles para gritar que la represión continúa siendo política de Estado, y que la verdadera justicia son la condena social a los asesinos de uniforme y la denuncia de los responsables políticos de las muertes impunes de miles de pibes en la provincia de Buenos Aires y en todo el país». Por ANRed/Foto: Lisandro Amado
Hoy se cumplen 45 años del Golpe cívico eclesiástico militar que inició una de las páginas mas oscuras de la historia de nuestro país.
Desde el Coletivo contra el Gatillo Fácil de La Plata denuncian que la política represiva continúa siendo una herramienta de control que utilizan los gobiernos y que la violencia estatal sigue siendo sistemática, sobre todo en un contexto de crisis económica y sanitaria.
«En el año de la pandemia el gobierno de Alberto Fernández asumió proponiendo una tregua en la represión, y desplegó varios golpes de efecto como anunciar la derogación de la «Doctrina Chocobar». Pero la promesa duró lo que sus policías tardaron en volver a apretar el gatillo. Nuestros pibes siguen sufriendo el hambre y la marginación y son blanco de la discrecionalidad en el accionar policial. En este año marcado por la crisis sanitaria producto del Covid-19, también estuvo marcado a nivel nacional por una escalada represiva para sostener la cuarentena en todo el país, que se cobró la vida de más de 350 personas en un año. Sabemos que hay más de 7.500 personas asesinadas por las fuerzas represivas en los últimos 37 años de democracia. Que el 48% de los casos corresponde a las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Otro 25% a la de Mauricio Macri. Y otro 5% a la de Alberto Fernández. Estos no son sólo números, son las vidas cercenadas de más de 5.800 personas en los últimos 27 años» explicaron desde el Colectivo Contra el Gatillo Fácil.
La denuncia sobre los casos de abusos y violencias, durante el período que implicó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) arroja la cifra de una muerte cada 20 horas a manos de las policías y servicios penitenciarios en todo el país.
«Seguimos denunciando la escalada represiva del gobierno nacional y los provinciales (con la participación estelar del ministro bonaerense Sergio Berni) cuya primer política sanitaria ante el Covid 19 fue el confinamiento de familias trabajadoras en los asentamientos y las villas con las fuerzas armadas y la policía en las calles aumentando el control social y descargando la represión contra les trabajadores, les jóvenes y las disidencias. No olvidemos las torturas en las calles y el hostigamiento a quiénes supuestamente violaban la cuarentena, llegando incluso a los asesinatos como el de Florencia Morales en una comisaría de San Luis y tantos otros. Recordemos también que en la Comisaría 6ta de La Plata interrogaron con una picana a un pibe de 17 años para que les diera información de un robo» agregaron.
Continuaron «a más 30 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Andrés Núñez y más de 14 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López en la Ciudad de La Plata, denunciamos que durante el primer año de gobierno de Alberto Fernández ha sumado 3 nuevas víctimas más a la larga lista de «desaparecidos en democracia», que lleva más de 215 víctimas. El crimen de Estado que une y le da continuidad a aquellos perpetrados en la última dictadura genocida son las desapariciones forzadas en democracia, el «crimen de crímenes» como dice Norita Cortiñas».
Por otro lado el Colectivo, denuncia la política de Estado en la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof. La desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, durante el período de ASPO suma a la lista de personas asesinadas por la policía bonaerense.
«No debemos olvidar que todas las comisarías, brigadas y destacamentos policiales de La Bonaerense SA funcionaron como centro clandestino de detención y que todo el comisariado continuó en sus funciones después de 1983. Fueron piezas fundamentales en la operatividad del genocidio perpetrado por la dictadura, aportando tareas de inteligencia, logística, liberando zonas y formando parte de los grupos de tareas del Terrorismo de Estado. Por eso la historia nos ha enseñado que las desapariciones forzadas implican el secuestro, la tortura, el asesinato y el ocultamiento del cuerpo, y que son perpetradas por el aparato represivo del estado con un objetivo político claro: el disciplinamiento de los sectores populares para que no reclamen por sus derechos».
La situación en las cárceles tambien son indicadores de las políticas represivas del Estado. La tortura y las muertes de las personas alojadas en los centros penitenciarios arroja cifras alarmantes. «Sabemos que las torturas en cárceles y comisarías siguen siendo la principal causa de muerte como parte de la política represiva del Estado. Así lo muestra el Archivo de casos 2020 de la Correpi, que detalla que casi el 50% de los más de 7.500 homicidios cometidos por la policía o los servicios penitenciarios de 1983 a la fecha corresponden a personas que estaban detenidas o bajo custodia. Son las vidas de más de 3.700 personas. Y así lo confirman datos de la mismísima Procuración bonaerense que dicen que su policía comete 1.700 hechos de tortura por año en comisarías y cárceles. Ello si hablamos sólo de los hechos que se llegan a investigar en una causa penal, y en su mayoría escondidos con el eufemismo de severidades, vejaciones y/o apremios ilegales. Entre enero y julio de 2020 fueron más de 570 hechos ocurridos en unidades penitenciarias o dependencias policiales y 43 personas asesinadas».
«Son momentos en que muchas de las violencias que atraviesan a nuestra sociedad son debidamente visibilizadas y denunciadas. Más si se trata de que 1 de cada 5 femicidios son cometidos por agentes de las fuerzas de inseguridad, o que La Bonaerense SA tiene en su filas a 6 mil agentes denunciados por violencia de género. Pero no casualmente la represión de Estado es intencionalmente ocultada como «Violencia Institucional». Por eso a 45 años del golpe genocida seguimos en las calles para gritar que la represión continúa siendo política de Estado, y que la verdadera justicia son la condena social a los asesinos de uniforme y la denuncia de los responsables políticos de las muertes impunes de miles de pibxs en la provincia de Buenos Aires y en todo el país» finalizaron.