A 45 años del golpe genocida, lo que la pandemia de impunidad nos dejó
El proceso de juzgamiento a los genocidas de la última dictadura en Argentina lleva 15 años de demoras y desprolijidades. Con o sin pandemia no puede durar otra década y media porque ya no habrá a quien juzgar. La represión sigue siendo política de Estado y muchos organismos de Derechos Humanos cambian la marcha del 24 de marzo por una forestación selectiva en momentos en que los grandes empresarios locales y extranjeros, con aval de los aliados políticos del gobierno en las provincias, avanzan sobre los territorios con desmonte o incendios intencionales. Son los mismos sectores que ocultan intencionalmente la represión de Estado como “Violencia Institucional”. Por HIJOS La Plata
15 AÑOS DE ESPERAS Y DESPROLIJIDADES
El proceso de juzgamiento a los genocidas de la última dictadura en Argentina ha sido elogiado de derecha a izquierda como un ejemplo a seguir en Latinoamérica y el mundo. Pero visto desde quienes nos involucramos todos los días en esa lucha, que es política antes que jurídica, la situación es menos auspiciosa.
Desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003 y hasta el 24 de marzo de 2021 el Estado argentino efectivizó 246 juicios con sentencia y como resultado se dictaron 1.459 condenas sobre 1.437 represores y hubo 222 absoluciones, todo ello por un universo de 9.639 víctimas. Por lo tanto, tomando como referencia los 200.000 efectivos que actuaron en la represión y los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los responsables del genocidio condenados representan menos del 1% del real actuante en el esquema represivo y menos de 1,5 represor por cada CCD. Para completar el cuadro, casi el 70% de los represores detenidos goza del beneficio de la prisión domiciliaria, y unos 1.590 represores imputados están en total y completa libertad.
Los juicios a los genocidas llevan 15 años de debates orales. Y no pueden durar otra década y media porque ya no habrá a quien juzgar. El cuello de botella que el Estado plantea para los juicios se ve con claridad este año en La Plata, donde está en curso el debate por los CCD de los Pozos de Banfield y de Quilmes, y la Brigada de Lanús con sede en Avellaneda, conocido como “El Infierno”. Este debate, que no durará menos de 4 años, se inició con una elevación a juicio en marzo de 2012 y fue acumulando otros tramos elevados hasta llegar a una megacausa que trabó los otros procesos orales. Porque en abril de 2020 debía comenzar el debate por el CCD “1 y 60” sede central del Cuerpo de Infantería de la Policía de la Provincia de Buenos aires, que incluía a 23 genocidas, entre militares del Regimiento 7 y del Destacamento 101, policías bonaerenses y de la Federal, por 194 víctimas. Pero el inicio lleva casi un año de retraso y varios represores fueron apartados por razones de salud o murieron impunes. El inicio de estos dos procesos lleva en verdad entre 6 y 9 años de demora. Y el impasse planteado por la pandemia de la Covid-19 sólo sumó nuevas demoras a las preexistentes.
Pero hay detalles que no dejan de sorprender. En el proceso “Banfield, Quilmes Infierno” el Ministerio Público Fiscal planteó la iniciativa de realizar una “instrucción express” por aquellos casos de víctimas que pasaron por esos CCD y que, por la propia desidia investigativa del requerimiento fiscal de elevación a juicio, no fueron parte del proceso. Ello complica la posibilidad de realizar ampliación en debate por esos casos para el resto de las querellas, es claramente un planteo sesgado porque no agrega todos los casos de las víctimas dejadas de lado ni suma nuevos imputados ya identificados, pero además si el Tribunal Oral aprueba esa modalidad estaría convalidando una selectividad procesal acomodaticia en la que nadie responde a una sencilla pregunta: ¿Por qué no se aplica el mismo criterio al resto de las causas que ya están elevadas a juicio, o por qué no se realiza el procedimiento en aquellos expedientes residuales de los que ya se juzgaron parcialmente o en varios que nunca se completaron debidamente?
La propuesta fiscal, acusación formal de parte del Estado, evidencia una urgencia y un proceder desprolijo que pretende hacer a las apuradas lo que no se hizo en tiempo y forma en su momento por no atender los planteos de las querellas de algunos organismos de Derechos humanos que marcaron que el desguace y la fragmentación de estas causas sólo genera más impunidad.
Un punto urgente en el reconocimiento del Estado de los horrores cometidos en los CCD del Genocidio es el de los delitos sexuales, ya que sólo el 11% de los represores condenados recibieron penas por este tipo específico de crímenes, cuando sabemos que los abusos sexuales fueron prácticas sistemáticas tanto contra mujeres como contra hombres en los campos de exterminio de la dictadura y deben ser reconocidos como delitos autónomos, distintos al de la tortura. El hecho de que se trate de delitos de acción privada, es decir que requieran el consentimiento de la víctima para instar la acción penal, no debe ser una excusa para no investigar y ni sancionar esos hechos.
A 45 años del golpe genocida los juicios a los represores se encuentran asediado por distintos ejes de impunidad: el estiramiento indefinido de los procesos a favor de la impunidad biológica de los genocidas, el cuello de botella entre la instrucción de las causas y los debates orales, y las medidas ilegítimas de beneficios extraordinarios a los peores asesinos de nuestra historia, como ser las domiciliarias, las excarcelaciones y los ceses de prisión efectiva.
Esta forma parcial de juzgar a los genocidas -que se reproduce en prácticamente la totalidad de los juzgados del país- resulta funcional a los intereses políticos, tanto de aquellos que pretenden mantener la impunidad absoluta, como de quienes pregonan que es suficiente con juzgar a unos pocos asesinos paradigmáticos.
Desde la querella del espacio Justicia Ya La Plata, que integramos como HIJOS La Plata, conseguimos en 2015 el primer fallo de un tribunal oral federal del país que reconoce la comisión del delito internacional de Genocidio, en este caso en la causa por los crímenes de la Fuerza de Tareas 5 de la Armada Argentina en nuestra región. Sucede que esa sentencia aún no está confirmada en segunda instancia, hecho que comportaría un importante cambio simbólico y político en el reconocimiento de la magnitud de los crímenes de Estado cometidos durante la última dictadura. Desde Justicia Ya venimos planteando condenas por Genocidio desde 2006, en el juicio al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz donde desaparecieron por segunda vez a Jorge Julio López. En aquel entonces lo hacíamos en soledad, por el rechazo de otros organismos de Derechos Humanos o querellas del propio Estado. Hoy casi ninguna querella, incluido el Ministerio Público Fiscal, esquiva el planteo de llamar a la aniquilación de una parte específica del grupo nacional argentino por su nombre: Genocidio.
Nos preguntamos qué sucede entonces cuando el propio Estado argentino, que aún no ha reconocido plenamente el Genocidio, nos plantea de manera oportunista como hizo la gestión del Secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla, utilizar la ley penal para castigar el negacionismo del genocidio de la última dictadura. Ni hablar del reconocimiento estatal de sus propios crímenes, otros genocidios silenciados, como la persecución y encarcelamiento a pueblos originarios en lucha por su soberanía, las desapariciones forzadas en democracia, el gatillo fácil, las torturas en cárceles y comisarías, la trata, los femicidios, o bien el atropello a los Derechos Humanos de nueva generación referidos por ejemplo a la protección del medio ambiente.
LA REPRESIÓN COMO POLÍTICA DE ESTADO
En materia represiva actual el panorama destila continuidades. El kirchenrismo, que se autoproclamó “el gobierno de los derechos humanos” asesinó en sus 3 gestiones nacionales a más de 3600 personas, lo que equivale al 51% de los casos. Esto lo ubica como el gobierno que más personas asesinó en los últimos 35 años.
La gestión de Daniel Scioli en la provincia causó más de 600 muertes a manos de su Policía y su Servicio Penitenciario gracias a las políticas de mano dura de sus ministros Ricardo Casal y Alejandro Granados. Casal llenó las cárceles de pibes pobres, superando los 40 mil internos en el SPB, y uno de cada 2 internos recibió distinto tipo de torturas en ese período. Granados llevó a La Bonaerense a tener más de 100 mil efectivos, como nunca en su historia, creó las policías locales improvisadas, inició la llegada de fuerzas federales al conurbano con los operativos en los trenes, y desplegó cientos de operativos de saturación en los barrios. A nivel nacional la gestión Cambiemos se llevó la vida de más de 2.000 personas, más de 1.500 en cárceles y comisarías y más de 500 en casos de gatillo fácil. El macrismo bajó la tasa de asesinatos a manos de las fuerzas represivas de 1 cada 28 horas a 1 cada 21 horas. Pero la gestión de Alberto Fernández llevó el promedio a 1 cada 20 horas y sumó otro 5% de los casos, las vidas de más de 400 personas en un año de gestión. Entre esos casos de 2020 se cuentan las desapariciones forzadas de Facundo Astudillo Castro en Villarino en abril, Luis Espinoza en Tucumán en mayo y Ariel Valerián en Jujuy en junio. Las tres con cometidas con la excusa de violar la cuarentena obligatoria. Tres nuevas víctimas a la larga lista de desaparecidos en democracia, que lleva más de 215 casos de crímenes de Estado que unen y le da continuidad a aquellos perpetrados en la última dictadura genocida. El “crimen de crímenes” como dice Norita Cortiñas se sigue cometiendo en el país de los 30 mil desaparecidos.
Con ello la tregua esperanzada sobre la represión que prometió el Frente de Todos en Nación y Provincia no incluyó a nuestros pibes. Porque más allá de las promesas de derogar la “Doctrina Chocobar” nuestros pibes siguen sufriendo el hambre y la marginación y son blanco de la discrecionalidad en el accionar policial. En provincia de Buenos Aires el ex militar carapintada Sergio Berni, espía de los mineros huelguistas de Río Turbio en los ’90, defensor de la mano dura y especialista en la represión a los trabajadores organizados, se encargó de encubrir sistemáticamente a los policías desaparecedores de Facundo, los agentes Siomara Flores, Alberto González, Mario Gabriel Sosa y Jana Curuhuinca.
Sabemos que las torturas en cárceles y comisarías siguen siendo la principal causa de muerte como parte de la política represiva del Estado. Así lo muestra el Archivo de casos 2020 de la Correpi, que detalla que casi el 50% de los más de 7.500 homicidios cometidos por la policía o los servicios penitenciarios de 1983 a la fecha corresponden a personas que estaban detenidas o bajo custodia. Son las vidas de más de 3.700 personas. Y así lo confirman datos de la mismísima Procuración bonaerense que dicen que su policía comete 1.700 hechos de tortura por año en comisarías y cárceles. Ello si hablamos sólo de los hechos que se llegan a investigar en una causa penal, y en su mayoría escondidos con el eufemismo de “severidades, vejaciones y/o apremios ilegales”. Entre enero y julio de 2020 fueron más de 570 hechos ocurridos en unidades penitenciarias o dependencias policiales y 43 personas asesinadas.
En el año de la pandemia las muertes en lugares de encierro se incrementaron y se cortaron las visitas y los beneficios a lxs presxs por causas sociales. La tortura sigue siendo una práctica sistemática y moneda corriente en nuestro país. Sabemos también que la aplicación de tormentos es escondida por los fiscales y los jueces que instruyen esos hechos criminales: se cierran los procesos sin determinar culpable o se la investiga bajo figuras penales más leves, como en el caso de “Noa” Suárez, asesinado en 2014 en la Comisaría 2da de Quequén en Necochea y que se está juzgando este año bajo la irrisoria carátula del homicidio culposo, como si se tratara de un hecho producido por negligencia o “exceso” en el uso de la fuerza.
Son momentos en que muchas de las violencias que atraviesan a nuestra sociedad son debidamente visibilizadas y denunciadas. Más si se trata de que 1 de cada 5 femicidios son cometidos por agentes de las fuerzas de inseguridad, o que La Bonaerense SA tiene en su filas a 6 mil agentes denunciados por violencia de género. Pero no casualmente muchos organismos de Derechos Humanos cambian la marcha del 24 de marzo por una forestación selectiva en momentos en que los grandes empresarios locales y extranjeros, con aval de los aliados políticos del gobierno en las provincias, avanzan sobre los territorios con desmonte o incendios intencionales. Son los mismos sectores que ocultan intencionalmente la represión de Estado como “Violencia Institucional”. Por eso a 45 años del golpe genocida seguimos en las calles para gritar que la represión continúa siendo política de Estado, y que la verdadera justicia son la condena social a los asesinos de uniforme y la denuncia de los responsables políticos de las muertes impunes de miles de pibxs en la provincia de Buenos Aires y en todo el país.
Seguirán presentes en nuestro reclamo contra la represión estatal los nombres de Andrés Nuñez, Miguel Bru, Darián Barzábal, Ezequiel Heredia, Cristian “Rusito” Perez, Omar Cigarán, Víctor González, Damián Corvalán, Mauricio Andrada, Ismael Perusatto, Daniel Migone, Miguel Bru, Andrés Nuñez, Soledad Bowers, Nicolás Vargas, Sebastián Nicora, Braian Mogica, Néstor Canizzo, Rodrigo Simonetti, Maximiliano Campos, Matías Marincovich, Germán Ramón Gomez, Johana Ramallo y tantxs otrxs que nos arrebataron en nuestra ciudad.
A 45 años del golpe genocida desde HIJOS La Plata seguiremos exigiendo, gobierne quien gobierne, y mucho más mientras haya víctimas directas del Terrorismo de Estado entre los funcionarios responsables de impulsar estas políticas, mayor celeridad, criterios razonables en jueces y fiscales y la cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas y sus cómplices, sin ningún beneficio.
SEGUIMOS DICIENDO:SON 30 MIL, FUE GENOCIDIOJUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS.CARCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA.APERTURA DE TODOS LOS ARCHIVOS DE INTELIGENCIA DE LA DICTADURA.BASTA DE PRIVILEGIOS A LOS REPRESORES.NO A LAS DOMICILIARIAS. NO A LAS EXCARCELACIONES.BASTA DE GATILLO FÁCIL Y MUERTES POR TORTURAS EN CÁRCELES Y COMISARÍAS.SI ES INSTITUCIONAL NO ES VIOLENCIA, ES REPRESIÓN ESTATAL.