INTA: denuncian despidos de precarizados por «contar con otro trabajo»
Foto: Voz Regional
Trabajadoras y trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alzaron la voz para poder visibilizar su realidad puertas adentro, en tanto que, según denunciaron, se encuentran registrando despidos en diferentes provincias. Puntualmente, las acciones se focalizan en el Programa ProHuerta. Entre ellos se halla personal que lleva más de diez años de actividad en dicho proyecto. Los artilugios aplicados para llevar adelante el objetivo de desvinculación de asalariadas y asalariados del organismo descansan, como una continuidad que no se superó, a los que quiso aplicar el gobierno de Cambiemos y que le valiera un fuerte rechazo social en su momento. Por Máximo Paz, para ANRed.
Sobre la crisis aguda de 1989 – fines del agónico gobierno de Raúl Alfonsín y principios de menemato – se dispararon una serie de problemáticas, que si bien ya estaban presentes y acompañaron desde casi siempre a la historia del país, se posaron sobre las narices de la realidad de modo rotundo y categórico. Uno de ellos fue el hambre generalizado a partir de la configuración palpable de un numeroso ejército lamentable de pobres e indigentes. Tal fue así que el nervio del Estado tuvo que actuar, de algún modo, en ello. Sobre aquél contexto cruel fue que a partir de una resolución del Consejo Directivo del INTA, del 3 de agosto de 1990, inició su actividad el Proyecto Integrado “Promoción de la Autoproducción de Alimentos (ProHuerta)”.
Tal iniciativa fue apuntada para contribuir en el impulso de la agroecología para el auto-abastecimiento a través de la capacitación, la asistencia técnica, el desarrollo de tecnologías apropiadas y el financiamiento de proyectos productivos. A su vez, el programa tiene que ver con la comercialización de los excedentes, el acceso al agua potable y el desarrollo de ferias y mercados populares de proximidad.
Tal como lo afirma cualquier gráfico o estudio, las condiciones de vida de la mayoría de las y los argentinos del ’89 hacia la actualidad, no solo que no mejoraron, sino que empeoraron en términos estructurales. Por ello, el programa menemista perforó todos los gobiernos y llegó para quedarse. Hoy, es ejecutado por el INTA, en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Desarrollo Social.
Como argucia paralela, el Estado Nacional cuela en su seno su permanente ajuste sobre lo que promueve.
En ese sentido, durante el gobierno de Macri -de la mano del Ministerio de Modernización-, aparecieron los despidos en masa en INTA. Como posible argucia para continuarlos, los contratos del Pro Huerta arribaron con una nueva cláusula, cuyo punto central descansó en la confección de una declaración jurada donde las y los trabajadores debían blanquear si contaban con otro trabajo.
Es decir, que se llegó a contemplar como medida de sanción hacia su propia planta la extensión de sus horas laborales en otros empleos.
“Los despidos en el INTA, como los del INTI o el SENASA tienen un doble objetivo, no responden solo a un plan de ajuste para generar desempleo y mano de obra barata, sino que también tienen como objetivo desregular la producción industrial y agropecuaria”, aseguró un diputado del Frente para la Victoria en aquellos tiempos de hegemonía cambiemita, mientras todo el bloque kirchnerista de legisladores anunciaba la presentación de un proyecto de ley para declarar la emergencia laboral en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y así frenar los despidos.
Hoy, todos, o al menos la mayoría que quedaron en el frente constituyen el oficialismo. Pero la triquiñuela macrista fue capitalizada por aquellos indignados de antaño: ahora las autoridades del INTA –que responden al gobierno-definieron cruzar aquella información para dar de baja los contratos que muestren “incompatibilidad”. Producto del cruce, ya son cinco trabajadoras y trabajadores que fueron expulsados de sus funciones en el organismo. En alguno de los casos, se trata de personal que se viene sosteniendo en esa condición hace más de 10 años.
«Esperamos revertir estos despidos y alertar sobre lo que empieza a suceder con los cruces de información. No se puede hablar de ‘incompatibilidad’ cuando estamos hablando de flexibilización”, señaló Sebastián Fajardo, trabajador del ProHuerta y delegado gremial del Instituto en una entrevista para el medio Tierra Viva.
«Pareciera que para las autoridades de INTA es justo que los contratados de ProHuerta se resignen a ser pobres y precarizados” exclamaron desde los escritorios de ATE-INTA, para agregar, además, que “también se expresa con claridad una continuidad del proceso iniciado por el otrora Ministerio de Modernización del macrismo: lo que antes parecía inconcebible hoy se ejecuta con naturalidad y sin aviso previo a las y los damnificados”, sentenciaron.
Es que en el INTA el sistema de flexibilización con contrataciones por tres, seis o máximo diez meses se trata de un clásico inamovible. Esos precarizados perciben, según el nivel de especialización, ingresos que van entre los 20 mil y 40 mil pesos al mes.
Asimismo, las y los trabajadores revelaron que las personas contratadas que fueron despedidas no recibieron aviso de la decisión de cancelación de sus contratos y se enteraron de que no continuaban en el programa al no recibir el pago del último mes trabajado, ya sin contrato vigente.
“Para los contratados, siempre se destacó desde la institución que, al menos, se podía hacer otro trabajo para complementar el ingreso y mucha gente acomodó su vida y su economía en función de eso. Ahora ocurren estos despidos por ‘incompatibilidad’, algo que no había ocurrido ni siquiera durante el macrismo, cuando se logró mantener firmes todos los contratos del ProHuerta”, señaló también Fajardo.
A partir de lo sucedido, desde las entrañas mismas del cuerpo trabajador–que se cuentan en varios, dada la extensión territorial del programa- suscita el temor a ser excluido de su trabajo y, montado en ello, de osar continuar con alguna actividad que complemente su magro salario. Doble condena.