Justicia por Úrsula: herramientas sobran, faltan voluntades

¿Qué evidenció el femicidio de Úrsula Bahillo? Pasada la manifestación del 17F frente a Tribunales queda analizar y pensar cuáles son las herramientas que faltan para que terminen los femicidios y trans-travesticidios en nuestro país. Por Comunicadas.

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El femicidio de Úrsula Bahillo, ocurrido en Rojas, provincia de Buenos Aires, el 8 de febrero pasado, le corrió el velo definitivo al elemento patriarcal que convive en nuestras instituciones estatales y evidenció la connivencia entre un Poder Judicial y unas fuerzas de seguridad, cuyas prácticas oscilan entre el machismo y la misoginia para aplastar a las personas más vulnerables, servir a los poderosos y así perpetuar el status quo o patriarcado.

No se puede decir que la legislación argentina no sea vanguardista en materia de perspectiva de género. A modo de ejemplo, la ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, sancionada en 2009 y adherida de base a la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, más conocida como Convención Belém do Pará; y la ley 26.743 de Identidad de Género, con ordenamiento constitucional en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, demuestran la sintonía que existe con las normativas internacionales, al tiempo que, junto con leyes sancionadas recientemente, tales como la Ley Micaela, ubican a nuestro país a la cabeza en relación a la ampliación de derechos con perspectiva de género.

A nivel Ejecutivo, una de las primeras medidas del gobierno actual fue crear el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, lo que instó a que las dependencias provinciales y municipales empiecen a contar con áreas dedicadas a la problemática de género para trabajar y crear políticas públicas que resuelvan las diferentes desigualdades que las mujeres y diversidades vivimos a diario en carne propia.

Ahora bien, a pesar de los avances legislativos y de contar con áreas estatales especializadas en género, ¿por qué en lo que va del 2021 contabilizamos 44 femicidios, con un promedio de un femicidio cada 23 horas?

Qué pasó con las denuncias por violencia de género que hizo Úrsula contra su expareja, el policía Matías Ezequiel Martínez, en la comisaría de Rojas. Qué pasó con la perimetral que Martínez rompió cuando asesinó a Úrsula. Por qué Úrsula no contaba con botón antipánico, a pesar de tener derecho a portarlo.  

Nos hacemos estas preguntas porque a pesar de tener un gobierno que ubica a la perspectiva de género como política de Estado y de contar con una legislación que nos ampara, hay instituciones que hacen oídos sordos y continúan reproduciendo prácticas que nos dejan en una situación vulnerable frente a los machitos violentos. 

Según el fiscal Sergio Terrón, “la justicia trabaja con pocas herramientas”, pero la realidad es que hay sectores del Poder Judicial que prefieren no aplicar la legislación vigente con tal de seguir perpetuando la violencia.

Qué pasa con las fuerzas de seguridad, ¿será que a pesar de contar con áreas especializadas en género en los respectivos ministerios y dependencias de seguridad, sigue primando una formación machista y por ende, violenta de sus trabajadores?

De acuerdo a datos brindados por el Observatorio de Género Ahora Que Si Nos Ven, 5% de los femicidios ocurridos en 2020 fueron perpetrados por efectivos de las fuerzas de seguridad. Este dato no es menor, ya que pone en tela de juicio la lógica violenta y de subordinación que impera en nuestras fuerzas y que trasciende la cuestión de género. Es esta lógica, fácilmente observable en las prácticas institucionales, la que de alguna manera explica la impunidad que pesa frente a los funcionarios públicos de las fuerzas de seguridad. Esto nos permite afirmar que la violencia institucional es otra cara de la violencia de género y viceversa, no olvidemos que cuando les amigues y familiares de Úrsula fueron a reclamar a la comisaría por su femicidio, fueron reprimidos sin que el pulso les temblara a los efectivos de la policía.

Asimismo, el femicidio de Úrsula demostró la complicidad presente en aquellos varones cis que responden a una masculinidad hegemónica y heteronormada, quienes prefieren callar y señalar al otro para así mantener ajeno al violento, sin cuestionar las prácticas que reproducen la violencia de género y que ellos mismos ejercen a diario.

Por otro lado, con respecto al Poder Judicial, sabemos que contamos con las herramientas para eliminar la violencia de género en todos sus aspectos, pero es muy difícil que las mismas sean aplicadas si todavía perduran las prácticas patriarcales que sostienen dicha violencia. En ese sentido, democratizar la justicia resulta fundamental si apuntamos a un Poder Judicial con perspectiva de género, no solo para nosotras, sino para toda la sociedad.

Las redes feministas que fueron construidas en los últimos años, lograron que las fiscalías recepcionen las denuncias por violencia de género de millones de pibas. Las promotoras contra la violencia de género, que no perciben un sueldo, ni ningún tipo de reconocimiento por su trabajo diario de contención y asesoramiento, son las que madrugan, prestan plata para el bondi para ir a la comisaría y hasta patean escritorios en las instituciones para que atiendan a aquellas mujeres que padecen violencia.

Para finalizar, no podemos decir que en nuestro país no existan las herramientas necesarias para prevenir y condenar la violencia de género. Tenemos los elementos, pero falta voluntad individual, social y también política para desarmar las estructuras patriarcales presentes en nuestras instituciones. Escuchemos ese “si no vuelvo, rompan todo” de Úrsula, como un llamado a deconstruir y terminar con aquellas prácticas y lógicas que se retroalimentan de la violencia y de la opresión de le otre.