Chubut: periodistas denuncian que el gobernador Mariano Arcioni está «minando las libertades democráticas»
Periodistas, comunicadores y comunicadores de Chubut emitieron un pronunciamiento donde señalan que en los debates sobre el proyecto de zonificación minera en los departamentos de Gastre y Telsen hubo «tergiversación y manipulación de informes científicos del CONICET», «denuncias de corrupción e intercambio de prebendas por partes de legisladores y funcionarios afectados a la temática», «detenciones y allanamientos ilegales a activistas» y que «las ‘mesas de trabajo’ convocadas a instancias del Ejecutivo provincial en las últimas semanas, fueron integradas únicamente por los sectores afines a la aprobación al proyecto», sin acceso a las transmisiones de esas reuniones, además de «restricciones a la información y a la participación en instancias clave de debate del proyecto 128/20, y de la Iniciativa Popular 2020». Por lo que reclaman «que las eventuales sesiones se realicen de manera presencial o mixta», y rechazaron «el hermetismo y la ocultación deliberada de información», con «exposiciones de espaldas a la prensa y a la población en general, comisiones legislativas cuasi-clandestinas, sesiones virtuales desde locaciones no públicas, y el desconocimiento prácticamente total del proyecto oficial con las modificaciones introducidas a pocas horas de intentar aprobarlo. Por ANRed.
Los y las periodistas y comunicadoras chubutenses ya se habían pronunciado anteriormente en defensa del derecho a información clara, precisa y transparente sobre los debates en torno a la megaminería.
Esta vez, en un segundo pronunciamiento, titulado «Minando las libertades democráticas»– al que se van sumando cada vez más firmas en apoyo – recuerdan: «a principios de diciembre de 2020 decenas de periodistas, comunicadorxs y trabajadorxs de prensa de Chubut nos pronunciamos en defensa del derecho a información clara, precisa y transparente, debido a que en nuestra provincia, el gobierno de Mariano Arcioni y Ricardo Sastre – con el aval del presidente Alberto Fernández – impulsa un proyecto que habilita la explotación de minería a gran escala (o “megaminería”) en los departamentos de Gastre y Telsen. Con esto, se estaría abriendo la puerta para decenas de proyectos similares en otros puntos del territorio provincial».
En la misma línea, agregan: «el proyecto oficial ha recibido un amplio rechazo en diversos sectores de la población: sindicatos, ciencia, cultura, educación, estudiantes y juventud, salud, diferentes creencias y sentires religiosos, partidos políticos, numerosas asambleas socio-ambientales y las comunidades originarias que viven en la Meseta».
En el marco de los debates en torno a este proyecto de zonificación minera, denuncian que en el último año hubo «tergiversación y manipulación de informes científicos del CONICET», «denuncias de corrupción e intercambio de prebendas por partes de legisladores y funcionarios afectados a la temática», «detenciones y allanamientos ilegales a activistas», y «restricciones a la información y a la participación en instancias clave de debate del proyecto 128/20, y de la Iniciativa Popular 2020, apelando a razones de ‘epidemiológicas’ que no son coherentes en relación al funcionamiento del resto de las dependencias y organismos públicos».
Además, remarcan que «las ‘mesas de trabajo’ convocadas a instancias del Ejecutivo provincial en las últimas semanas, fueron integradas únicamente por los sectores afines a la aprobación al proyecto» y que «nadie pudo tener acceso a dichas transmisiones». «No estuvieron allí representadas ninguna de las voces que se movilizan en las ciudades y pueblos de Chubut, en rechazo al proyecto oficial y en apoyo a la Iniciativa Popular. El Ejecutivo provincial formalizó el pasado martes 2 de febrero la convocatoria a sesiones extraordinarias para el día viernes 5, con el objetivo de tratar, entre otros proyectos, el correspondiente a la zonificación minera. Independientemente de los recientes sucesos, a saber, la falta de dictamen en la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Económico y Medio Ambiente y la posterior suspensión de la sesión a instancias del presidente de la comisión de receso; y el pedido de suspensión de la sesión por parte de una jueza de Esquel que dio lugar a una medida cautelar».
Frente a esta situación, reclaman al gobierno de Mariano Arcioni y los y las legisladoras provinciales:
«1) Que las eventuales sesiones se realicen de manera presencial o mixta. No es aceptable ninguna excusa ‘epidemiológica’, cuando el Congreso Nacional (con más de 300 legisladorxs entre Diputadxs y Senadorxs) ha sesionado de esta manera, 27 ediles pueden hacerlo con los protocolos correspondientes; y cuando el mismo Ejecutivo provincial asegura junto a sus ministros (discutiblemente) que existen condiciones seguras para la presencialidad de casi 20 mil docentes y 160 mil alumnos en las aulas.
2) La más absoluta libertad de prensa, para realizar nuestra labor de informar, comunicar, investigar, preguntar. El derecho a la información es un derecho humano y si lxs comunicadores no tenemos acceso a ella, consideramos se están vulnerando derechos fundamentales de la vida democrática. Rechazamos el hermetismo y la ocultación deliberada de información. Exposiciones de espaldas a la prensa y a la población en general, comisiones legislativas cuasi-clandestinas, sesiones virtuales desde locaciones no públicas, el desconocimiento prácticamente total del proyecto oficial con las modificaciones introducidas a pocas horas de intentar aprobarlo. Todos fenómenos que conspiran contra la libertad de prensa y opinión.»
El pronunciamiento de los y las profesionales de la comunicación chubutense culmina: «en Chubut, más ‘extraordinaria’ que la sesión convocada es la falta de acceso a la información, en tanto un derecho, subrayamos, inescindible de las libertades democráticas».