24/01/2021

Continúan detenidos 15 jóvenes de la localidad de Puán

Los jóvenes de Puán detenidos desde hace un mes: el uso como regla y no como excepción de la “prisiones preventivas”, violatorio de los derechos humanos, en la provincia de Buenos Aires.

En Bahía Blanca continúan detenidos 15 de los jóvenes  a los que el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni denominó “peligrosa banda narco”. En el contexto de un discurso de lucha contra el narcotráfico, el pasado 14 de diciembre a las cuatro de la madrugada, en la localidad de Puán, sudoeste de la provincia de Buenos Aires, unos 200 efectivos de la Policía Bonaerense llevaron detenidos a 20 jóvenes por una orden judicial que autorizó el operativo, basada en una investigación del fiscal Mauricio Del Cero, que durante dos años se dedicó a investigar mensajes de celulares de jóvenes que en su mayoría son cultivadores de cannabis. La Comisión Provincial por la Memoria se presenta como Amicus Curiae en la Causa.  Las familias siguen movilizadas. Por corresponsal popular, para ANRed.


En la cárcel de Villa Floresta, continúan detenidos 15 jóvenes desde hace un mes en la localidad de Puán, ubicada al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Esta localidad de tan sólo 5000 habitantes, que vive de la agricultura y la ganadería mayoritariamente y en la cual como sucede en el interior del país sus jóvenes no tienen posibilidades laborales, así como  las de proseguir estudios terciarios o universitarios son escasas, un fiscal Mauricio Del Cero durante dos años  se dedicó a investigar lo que caracterizaría como “banda de narcotraficantes, y que el ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni, también aludiría jocosamente como tal al referir a la detención ordenada por el juez Guillermo Mercuri,  de 20 jóvenes acusados por el delito de narcotráfico.

Ninguna de las personas detenidas  tenía antecedentes penales, algunas sólo eran cultivadoras de marihuana, recientemente reglamentado su cultivo con fines medicinales,  todas ellas con el común denominador de ser jóvenes.

Cinco de las personas detenidas fueron liberadas, pero aún hay 15 jóvenes que continúan detenidas en condiciones deplorables de vida, como dormir en el piso sobre  frazadas, con cucarachas, chinches, el estado calamitoso de higiene y salud en que se encuentran los presos en las cárceles no solo del Servicio Penitenciario Bonaerense, sino de todo el país.

Estas detenciones se desarrollan en el contexto de una política de seguridad y de persecución penal, denominada como de “mano dura” o de “tolerancia cero”  que lleva ya más de dos décadas y que con el actual ministro de seguridad Berni se ha profundizado, políticas basadas en un encarcelamiento y punitivismo selectivo: esto es  la captación de los sectores pobres que forman parte de las cadenas más débiles del delito.

La ley de estupefacientes, la ley  23.737,  estipula para los delitos de tráfico, duramente reprimidos, una pena de cuatro a quince años de prisión (Art. 5 de la Ley 23.737),  por lo que es sumamente cuestionada, plantea penas mínimas muy altas y no discrimina responsabilidades. Han habido ya numerosos proyectos de ley para modificarla. En el contexto actual, con el endurecimiento de la llamada “guerra contra las drogas”, un tercio de las cárceles del país estarían ocupadas por quienes practican narcomenudeo, y en el caso de las mujeres según el Informe de la Procuración General provincial, el 36% de las mujeres estaban detenidas por la infracción a la ley 23.737 de estupefacientes. Las mujeres embarazadas y las madres con hijos/as menores de cinco años viviendo en el encierro eran en diciembre de 2019 la mayor causa de detención. Además de esto, los aplicadores de las leyes, los administradores de justicia hacen un uso abusivo e incorrecto de prisión preventiva, en un contexto social y comunicacional punitivo, de “tolerancia cero”, que propicia el encarcelamiento masivo de chicos pobres y jóvenes.

Presentación de la Comisión Provincial por la Memoria como Amicus Curiae

La Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, CPM, se presentó el viernes 22 de enero como Amicus Curiae ante la cámara de apelación y garantías en lo penal,  sala I Departamento Judicial Bahia Blanca realizando una presentación colectiva en favor de los jóvenes, que son 15, aún detenidos, al haber tomado conocimiento a través de la Cátedra de Educación y Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur.

En el escrito cuestionan la medida de prisión preventiva, apelando a la normativa vigente y a la doctrina en derecho y atendiendo a la situación de las cárceles de la Provincia de Buenos Aires, y todo eso agravado por el actual contexto sanitario en contexto de pandemia.

En el escrito señalan lo desmedida de la medida de la prisión preventiva, y su empleo incorrecto por el juez de garantías Mercuri, entendiendo que “La prisión preventiva, como medida cautelar, sólo puede tener fines procesales. Su carácter procesal significa que la coerción se utiliza para garantizar la correcta averiguación de la verdad y la actuación de la ley penal» . No se puede recurrir a la detención preventiva para obtener alguna de las finalidades propias de la pena”.

Señalan fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, planteando que la CIDH “ha consagrado, dentro del contexto general de los instrumentos internacionales vigentes, que la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva, y que a su vez no debe constituir la regla general, como expresamente lo consagra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.9°.3),pues de lo contrario se estaría privando de la libertad a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida, en violación del principio de inocencia”.

En este sentido afirman que “La prisión preventiva está limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad. Constituye la medida más severa que se puede imponer al imputado, y por ello debe aplicarse excepcionalmente. La regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad pena”.

Además piden ser reconocidos como Amicus Curiae, esta figura jurídica  tiene por objeto enriquecer la deliberación en cuestiones institucionalmente relevantes, con argumentos fundados de carácter jurídico, técnico o científico, relativos a las cuestiones debatidas. Esta figura estipula que no podrá introducir hechos ajenos a los tomados en cuenta al momento de trabarse la litis, o que oportunamente hayan sido admitidos como hechos nuevos, ni versar sobre pruebas o elementos no propuestos por las partes en las etapas procesales correspondientes.

 

Las familias, compañeras, hermanxs, amigxs

Ante esta situación, las familias y vecinos de la localidad bonaerense no salen de su estado de indignación por la aplicación de la justicia que están haciendo fiscales y jueces contra los jóvenes. Cualquiera puede darse cuenta de lo que significa la prisión, la máxima pena, y estos padres y madres entienden claramente que estos jóvenes no son los narcotraficantes que desde el poder político y judicial se está afirmando.  “Mi hijo no es un narcotraficante” afirman varios de ellos y ellas. Madres, padres, compañeras, hermanxs, amigos y amigas, están comunicados, han realizado dos marchas importantes en la localidad y su exigencia de justicia claramente no va a parar.

Ver también: Buenos Aires: 20 jóvenes detenidos y detenidas en la localidad de Puan

Los y las amigas de uno de los jóvenes detenidos crearon cuentas en las siguientes redes sociales para difundir el caso:



1 comentarios

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  1. Oscar · 2021-01-25 08:39:34
    Al menos uno de los detenidos si tiene antecedentes penales, aunque no por drogas, igualmente no deja de ser cierto, que tildar de "peligrosa banda narco" a este grupo de pibes es un disparate.

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