Movilizan por la extensión y ampliación del DNU 766, que prohíbe los desalojos en pandemia
Foto: Pedro Pérez (archivo Tiempo Argentino)
Asambleas de inquilinos, inquilinas y habitantes, junto a organizaciones sociales de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires nucleados en la Campaña #ProhibidoDesalojar, concentran desde las 10 en el Obelisco porteño, para luego movilizar al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación, encabezado por Jorge Ferraresi. Allí exigirán la extensión y la ampliación del DNU 766 – que prohíbe los desalojos en pandemia y vence el próximo 31 de enero -, y demandarán «una respuesta habitacional definitiva ante el déficit estructural de tierra y vivienda para la clase trabajadora». Las asambleas y organizaciones ya presentaron al ministro de la cartera un pedido de reunión formal, que aún no fue contestado. «En caso de no prorrogarse y extenderse el DNU 766, en febrero comenzará una ola de desalojos sin precedentes. No hay plan de contingencia en ningún nivel del estado para las miles de personas y familias habitantes e inquilinas a nivel nacional que se ven al borde de quedar en la calle, en caso de levantarse la suspensión de los desalojos por falta de pago. Además, en cientos de juicios por desalojo se dictarán fechas de lanzamiento, lo cual sólo empeorará el panorama», alertan. Por ANRed.
«Demandamos una respuesta habitacional definitiva ante el déficit estructural de tierra y vivienda para la clase trabajadora. Estas demandas fueron ya presentadas al Ministro con un pedido de reunión formal que no fue contestada», denunciaron en un comunicado.
En la misma línea, alertan: «en caso de no prorrogarse y extenderse el DNU 766, en febrero comenzará una ola de desalojos sin precedentes. No hay plan de contingencia en ningún nivel del Estado para las miles de personas y familias habitantes e inquilinas a nivel nacional que se ven al borde de quedar en la calle, en caso de levantarse la suspensión de los desalojos por falta de pago. Además, en cientos de juicios por desalojo se dictarán fechas de lanzamiento, lo cual sólo empeorará el panorama».
A pesar del reclamo de extensión y ampliación del decreto que frena los desalojos, igualmente denuncian que en los hechos muchas familias se vieron afectadas igual todo éste tiempo por la crisis habitacional: «el decreto de por sí fue de un cumplimiento parcial para muchos y muchas de nosotras que vivimos en hoteles, pensiones, villas y casas colectivas. Sin posibilidad de acceder al circuito formal de alquileres, vemos cómo la normativa nos pasa por el costado (tal como sucedió con el DNU que ‘prohibía’ despidos y su incumplimiento para quienes tenemos o teníamos trabajos precarizados). La creciente pobreza y desocupación, en el marco de una crisis económica mundial sin precedentes, no sólo no tiende a apaciguarse sino que amenaza con profundizarse, al ritmo que una segunda ola de covid azota latinoamérica con una celeridad feroz. En un panorama así, no existen chances de afrontar subas de alquileres y mucho menos las cuantiosas deudas que les trabajadores hemos acumulado desde hace ya casi un año, siendo que muchas veces tuvimos que optar por comer o pagar el alquiler», sostienen.
También apuntan contra el rol que está cumpliendo el presidente Alberto Fernández en este contexto: «a medida que se aproxima la fecha del vencimiento del DNU 766, somos testigos nuevamente del silencio cómplice de los gobiernos nacional y locales. Un silencio que expresa nuevamente los límites de Alberto Fernández a enfrentarse con los grandes capitales y la propiedad privada, llevando adelante políticas de ajuste sobre el pueblo trabajador. Ya lo vimos con el amague a la expropiación de Vicentín, con el desalojo de decenas de recuperaciones de tierra en todo el país (siendo Guernica la más emblemática) y con el impuesto a las grandes fortunas devenido en un ‘aporte’ extraordinario por única vez que aún no ha podido ser siquiera recaudado. Como contracara, la suspensión del IFE y el recorte a jubilados y jubiladas estuvo a la orden del día».
El comunicado de las asambleas y organizaciones finaliza señalando: «estamos convencidxs que nuestro derecho a la tierra y la vivienda dignas pesan más que el de la propiedad privada. No naturalizamos nuestra falta de acceso a servicios básicos como agua, cloaca, luz, conectividad, vivir hacinados, golpeados por el dengue, el covid y la contaminación, mientras millones de hectáreas e inmuebles se mantienen ociosos, siendo considerados como mercancía por unos pocos y no como el derecho incumplido de tantos y tantas. Por eso, en las calles, pelearemos no sólo por la extensión y la ampliación del DNU 766, sino por sobre todo, por una solución habitacional definitiva para todos, todas y cada uno de los y las trabajadoras. En especial para quienes golpea con más fuerza la falta de acceso a derechos: las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binaries, en particular si somos migrantes. La crisis se descarga con especial saña contra nosotres», finaliza el comunicado.
Entre los reclamos concretos de la Campaña #ProhibidoDesalojar, figuran los siguientes puntos:
- Extensión del DNU 766/20 hasta el 31 de Diciembre de 2021, prorrogando así los contratos de alquiler y la prohibición de desalojos.
- Que el mismo se amplíe a la suspensión real de todos los desalojos (por falta de pago de locaciones con o sin contrato, así como los devenidos por causas que tramitan en juzgados de distintos fueros).
- Plan de desendeudamiento, con otorgamiento de créditos a tasa cero. Además, creación de programas de subsidios habitacionales para personas y familias en riesgo de situación de calle. En el caso de CABA, exigimos que el IVC habilite una mesa de trabajo con las organizaciones e inquilines, para arribar a una solución real y con participación popular.
- Que el diferencial por congelamiento no deba ser abonado por les inquilines, sino que sea costeado por el Estado (en caso que el alquiler del inmueble represente el único ingreso para el locador) o por el locador o grupo inmobiliario, inversor, etc (en caso de tratarse de personas o entidades que poseen más de un inmueble para arrendar).
- Disposición inmediata de los inmuebles ociosos estatales para ser utilizados en el marco del Programa Nacional de Alquiler Social (Ley N° 22.751 – Título III).
- Durante la vigencia de la extensión del DNU, que Fernández, Ferarresi y el Congreso, junto con organizaciones sociales e inquilines, debatan y sancionen una Ley de Emergencia Habitacional, que suspenda efectivamente todos los desalojos por el plazo de 2 años e impulse un plan de tierra y vivienda para la clase trabajadora.
- Seguro para todos los y las trabajadoras de $40.000
La Campaña #ProhibidoDesalojar está integrada por vecinos y vecinas del Hotel Costa Azul, de Casa Suipacha, Consejerías de Vivienda, el MTL Rebelde, Marabunta, la APDH, Acción Personas en Situación de Calle, el Polo Obrero, Abriendo caminos, Inquilinos en Lucha y el Proyecto 7. Para adherir y sumarse a la campaña se puede escribir a prohibidodesalojar@gmail.com o comunicarse al 11-2875-6657.
Contactos de prensa de la Campaña #ProhibidoDesalojar:
- Gigi (Consejerías de vivienda): 11-4939-4334
- Ivana (Hotel Costa Azul): 11-3186-3877