Justicia salteña discrimina a comunidad wichí a favor de usurpador VIP

La Comunidad Yokwespehen fue desalojada en plena pandemia. Un empresario fumigador los hostiga desde hace años para que abandonen sus tierras. Sucedió el 21 de octubre, posteriormente lograron reingresar a resistir en territorio, pero una nueva intimación de desalojo llegó el 4 de diciembre. Mientras tanto el poder judicial salteño rechazó la apelación, la nulidad de la orden de desalojo y les han vuelto a armar tres causas. El empresario alega que las tierras comunitarias se las compro a la iglesia Anglicana. En esa incertidumbre comenzaron el 2021. Por Corresponsal popular para ANRed.

---

 

Desalojo

A la espera de la nulidad aguardan hace ya tres largos meses, en donde antes estaban sus casas. Organizaciones sociales- la UTT, la Fundación Volviendo a casa, la APDH- y un abogado defensor acompañan a la Comunidad Yokwespehen por temor a una nueva represión orquestada por el terrateniente fumigador que pretende esas tierras. Es que los usurpadores VIP pululan por todo el país, y desde hace décadas atemorizan a los indígenas y campesinos pobres a punta de arma o violentando y acosando mujeres, allí donde es difícil la llegada de los medios, y la justicia la manejan “los que tienen plata”.

El desalojo estaba “previsto” desde noviembre del año pasado, y avisadas estaban las instituciones de las que depende que se cumpla el derecho indígena (INAI, INADI, IPPIS, Secretaría de Asuntos Indígenas de Salta, etc.) también sus correspondientes autoridades. Sin embargo, quienes no resultaron avisados fueron los miembros de la comunidad, que tampoco tuvieron traductor al momento del brutal desalojo que destrozó sus casas, y los dejó cual si fueran ocupas en sus propias tierras, favoreciendo a un ladrón con dinero que se maneja de tú a tú con el poder local.

“Despojados” es el nombre de la comunidad en español. Parece que así los quiere el poder judicial salteño que apaña el saqueo territorial. Pudieron pasar fin de año en su lugar gracias a un amparo que presentó en noviembre su abogado, Hernán Massietti. Pero en la incertidumbre de no saber qué va a pasar si esa misma in-justicia que avala al empresario que usurpó su territorio decide fallar a favor de él otra vez y dar paso así a un nuevo desalojo. Ricardo Fernández es el nombre real de quien en otros registros figura como Jorge Panayotidis, nombre de su abuelo, un poderoso local. Desde hace décadas esta familia viene tejiendo lazos con los jueces de ese departamento.

Reparto de tierras, violación de derechos y violencia de género

Mientras tanto son más de 470 hectáreas las que corren riesgo de perderse a manos de un privado y por irresponsabilidad de la in-justicia salteña. Estos empresarios terratenientes, “aparecen de un día para otro con títulos catastrales”. ¿Cómo pueden tener título catastral de un territorio que siempre fue de la misma comunidad, ya no por décadas, sino por generaciones, por cientos de años?

“En los ´80 el romerismo se repartió las tierras de las comunidades en reuniones de café. Panayotidis “le compró” a la iglesia anglicana.” Nos dice Seila ¿Cómo el terrateniente le puede comprar a la iglesia anglicana algo que no es de la iglesia, si ellos lo que hacían en la zona era “ayudar” o “evangelizar” a las comunidades en territorio de las comunidades? Nunca la iglesia anglicana le compró las tierras a la comunidad, entonces, ¿porqué vendió como si fuera dueña? Lo difícil en estas situaciones es el día a día de la comunidad. Los usurpadores vienen con la policía, o con gendarmería, con amenazas y armas inclusive, es zona liberada para ellos.

Siembran el terror con complicidad del poder judicial y policial locales. Hacen que la comunidad quede a la buena de dios. De repente la gente se encuentra sin su sustento diario, porque resulta que dicho sustento tiene que ver con el lugar donde viven, son la caza y la pesca, por ejemplo. Ni jóvenes ni niños pueden continuar con sus estudios, porque entre la comunidad y la ciudad más cercana hay muchísimos kilómetros, que muchas veces se hacen a pie, y en estas circunstancias suelen estar al acecho violentos que “trabajan” para los poderosos.

Como muestra de esto vale solamente la mención de que el terrateniente Jorge Panayotidis ha amenazado a viva voz incluso con la violación a las mujeres de la comunidad. Esto mientras se encontraban todas reunidas una mañana en los días subsiguientes a la represión.

Defensa

La comunidad fue noticia hace unos meses, en los días subsiguientes al 21 de octubre, fecha en que se perpetró el violento e ilegal desalojo. Sin embargo, estos meses siguieron los hostigamientos, que soportaron silenciosamente. Pacífica esperaba al costado de una ruta nacional -que casi nadie transita- a que se le restituyan sus tierras. Su abogado defensor escribía en la nulidad de desalojo que presentó días después del brutal hecho: “Artículo 101 Reintegro de inmuebles: la usurpación es un delito en el cual el bien jurídico protegido es la posesión de un bien inmueble, no su escritura ni mucho menos la cédula parcelaria.”

No solo “no se podía desalojar en pandemia ni mucho menos una comunidad indígena sino después de investigar a fondo la relación de los pobladores con su territorio (inciso 17 artículo 75 Constitución Nacional y leyes 24.071 y 26.160).” Además era y es insostenible defender al privado en base a un título catastral porque cualquier poderoso local puede acceder a ellos ilegalmente, no así las comunidades, que no obstante tener derechos ancestrales y propiedad comunitaria, muchas veces no tienen acceso a su propia documentación por cuestiones varias, entre ellas la del idioma.

Las defensas a las comunidades indígenas se tornan muy difíciles cuando el principal organismo que debiera ocuparse de esta cuestión no solo no acompaña a los abogados particulares, sino que cuando les toca intervenir, dilatan la situación, desmoralizan y no terminan de tomar cartas en el asunto. Así las cosas, todas las señales son de complicidad o al menos de desidia, saltan a la vista.

Hernán es un abogado conocido en Salta por estar siempre a disposición de las comunidades y por ser conocedor del derecho indígena, hablamos con él para que nos cuente la situación actual de la comunidad: “Por resistir a la injusticia de una causa le hicieron tres causas nuevas, la última noticia es que les hicieron una causa federal por protestar en la ruta, en la Ruta 86 que no pasa nadie. El INAI, el IPPIS y la Secretaría de Derechos Humanos y todos sabían desde antes que la comunidad necesitaba un abogado, y nunca se lo dieron, es lo único que necesitaba. (…) La iban arrastrando hacia el desalojo, por los medios procesales, por los medios legales, por el juzgado, por el fiscal, por el Ministerio público, un abandono total y nunca les pusieron abogado. Ahora, para otras cosas sí hay. Hay defensores especiales, hay fiscalías especiales, y está bien que haya, pero acá no solamente eso, sino que no se preocupan de ponerles un abogado, ni de pagarme una mísera estampilla. La comunidad necesitaba un abogado y nunca se lo han dado, le han dado promesas cuando necesitaban un abogado.

Después del desalojo, hago el Habeas Corpus, los hermanos estaban dentro de la comunidad, buscando sus animales, por culpa de no haberles prevenido del desalojo, dentro de los horarios que están fuera de la ley, lo he puesto como causal de nulidad. No quiero que se los reprima devuelta, con la orden anterior de desalojo. Me lo rechazaron al Habeas Corpus. Apelo al Habeas Corpus, ahí está en la Corte Suprema de la Provincia de Salta, porque es la que resuelve las apelaciones sobre los Habeas Corpus. También pongo la nulidad. La nulidad es de acá a la China, porque no se les respetó el idioma, porque no sabían –la comunidad- nada de lo que estaba pasando, han tenido una defensa totalmente ineficaz – INAI, INADI, IPPIS, Secretaría de Asuntos Indígenas de Salta y el defensor oficial -.Estamos en la apelación con una de las causas. También me rechazaron la nulidad. Pero por suerte ya están adentro resistiendo.

Cuando estaban desalojados ellos habían hecho un corte de ruta. Que en realidad el corte de ruta es un delito de resultado, tiene que haber un auto que se queje para que haya una denuncia. Nadie transita la Ruta 86, y ninguno hizo denuncia. Se los denunció también por haber reingresado. Los denunció el terrateniente Panayotidis por “haber violado una resolución judicial”, que era la que los desalojaba, así que por eso hay tres nuevas causas. Después de la vergüenza pasada al menos en las noticias por desalojar a una comunidad en pandemia, y por desalojarlos en realidad, porque la Constitución no permite desalojarlos, no hicieron más ilegalidades con respecto a eso pero sí los están castigando con las causas.

Me insisten – en que sea su abogado- y la verdad que sí, yo no puedo viajar a Tartagal. No puedo porque no me dan los recursos propios, de llegar hasta allá, pagarme la nafta hasta allá. Acordate de que Ricardo Altabe murió porque le agarró una descompensación, y no tenía crédito en su celular, además de haber estado defendiendo a 200 comunidades de allá del Chaco… y no tenía crédito en su celular. Así trabajamos las defensas indígenas. Hasta en lo más mínimo –hay problemas-.Sin una estampilla según el código de acá de Salta, no me pueden hacer caso a ningún escrito ni a ningún pedido, una estampilla sale 1300 pesos y la tengo que poner en el primer escrito.

Entonces les digo Estampilla Penal Federal bien grande, matrícula tanto, mía, Colegio de abogados y le pongo el precio, resulta que en vez de Penal Federal le venden una solo Penal, Penal Provincial… Entonces, qué tenemos que hacer? Tenés que ir y que te devuelvan la plata, pero no te devuelven la plata, tenés que juntar devuelta la plata, y estamos hablando de una comunidad que se les están muriendo los chicos de hambre.

Lo atienden mal – a Rodolfo Suárez, el presidente de la comunidad- de mala gana, ven que ahí dice “Estampilla Penal Federal “ y le venden una Penal Provincial. No sé si lo hacen con todo el propósito de causar daño pero sí lo hacen con cierta desidia y tal vez asco de tener que atender a un niyak que viene de trabajar.

Pero el problema es para nosotros, porque ahora no le podemos pedir nada al juez, porque no tenemos la estampilla, tenemos una estampilla pero no nos sirve, tenemos que cambiarla, pero no nos la quieren cambiar, necesitamos plata para comprar la estampilla que la teníamos pero no nos la quieren devolver… Una semana hablando con el Presidente del Colegio de Abogados, que nos solucionó todo, pero después de una semana, y una semana de maltratos, por una estampilla, discriminación que no la tienen los ricos, que no la tiene Panayotidis.

Estampillas, abuso judicial y de las fuerzas represoras

Hablamos con Seila Pérez, activista indígena del pueblo guaraní de Tartagal, integrante de la APDH, quien acompañó a la Comunidad Yokwespehen estos meses: “El día 21 de diciembre Rodolfo Suárez, el presidente de la comunidad va a comprar una estampilla Penal Federal del Colegio de abogados delegación Tartagal. Y cuando va, la señora le vende una estampilla solo Penal (…) Va ese mismo día a la tarde a reclamarle, y estaba cerrado. Regresa al otro día, a la mañana, tuvo que venir del kilómetro 20 que es bastante lejitos, otra vez al centro a hacer el reclamo de que esa estampilla no era… y la señora le dice que ahí no venden esa estampilla, que la venden en el Poder Judicial de acá de Tartagal. No tuvo tiempo de ir porque estaba en el velatorio de su padrastro y se tenía que ocupar de hacer los trámites por el cajón y demás. Le hizo quedar la estampilla que no era la señora que atiende, pero no le devuelve el dinero, le dijo que cuando ella pueda vender la estampilla que ahí recién le van a devolver el dinero, así que tampoco pudo ir al Poder Judicial si él ya no tiene el dinero, porque imagínese, esos 1300 –pesos- deja de comprar muchas cosas, porque esto se dio en un contexto en donde cortaron la ruta, porque les llega una notificación de gendarmería, y estaban cortando la ruta para que no los desalojen. Bueno, es paradójico lo que pasa acá en Tartagal, por pedir justicia tienen que pasar estos malos momentos, pérdida de tiempo y de dinero. Fue otra vez para que le devuelvan el dinero, porque necesitan enviarle al abogado la estampilla, y le dijeron que no… Cualquier cosa dicen que necesitan una nota de un abogado para que recién puedan analizar ellos esa nota para recién devolverle el dinero, eso es lo que ocurrió acá con Rodolfo Suárez.”

Por la causa que tienen por el corte de ruta les llega una citación de gendarmería, a Rodolfo Suárez, presidente de la Comunidad Yokwespehen, Erminda Esteros, su cacica, Jorge Altamarino, cacique de la Comunidad Loira – una comunidad que se solidarizó con Yokwespehen, que se encuentra a cinco kilómetros de Tartagal- entre otres. El día de la citación tuvieron que trasladarse hasta Orán, son muchos kilómetros, mucho tiempo y mucho dinero que tuvieron que invertir entre todos los miembros de esta comunidad y colaboradores, siendo que tienen muchas necesidades materiales. Tanto es así, que la UTT, los días inmediatos al desalojo organizó un comedor que ayudó a los wichí varias semanas, hasta que lograron el reingreso. Cuando lograron reingresar, una de las abuelitas, Pola, que tiene pensión, compró unas chapas para hacer un tinglado donde se puedan reunir, ya que en la zona son terribles tanto los calores como los desmontes y necesitan resguardo del sol. La policía les destrozó el tinglado y “les confiscó” las chapas en medio de lo que fue un nuevo intento de desalojo ilegal.

La Ruta 86 casi no tiene tránsito, excepto por “Desde el sur”, una empresa, “que tiene su base en medio de territorios indígenas y es la primera contaminadora de la zona con agrotóxicos. No hay un hogar que no tenga bidones desocupados de agrotóxicos, los tiran por cualquier lado, son altamente perjudiciales para la salud de las comunidades.”

Complicidad del INAI

Denegada la nulidad, la defensa apeló dos veces, ante la Corte Suprema de la Provincia de Salta. Mientras tanto, el INAI que en principio dijo acompañar a la comunidad no apareció más, en su mayoría niñ@s, ancian@s y mujeres que permanecían a la intemperie. Recién más de un mes después del desalojo, Julián Fernández, el abogado del INAI, llegó a prometer lo mismo de siempre, que pocas veces cumple –menos en el norte salteño-: el relevamiento territorial, estuvo algunas horas y se fue. Con Magdalena Odarda nunca se pudieron comunicar ni la comunidad ni los organismos de derechos humanos intervinientes en el caso. Tampoco se supo nada de los técnicos que debieran ocuparse del mencionado relevamiento del territorio de la comunidad. Hoy esperan a un costado de donde fueron destrozadas sus casas en violento e injustificado operativo policial a que les devuelvan lo que es suyo por derecho constitucional, internacional y ancestral, 470 hectáreas. En esa espera recibieron año nuevo.

Este año tiene nueva fecha de vencimiento la 26160, que contempla la propiedad indígena y comunitaria, y cuya prórroga en septiembre de 2017 se promulgó por cuatro años más. Desde su sanción, en 2006, poco se ha avanzado en la defensa del derecho de propiedad comunitaria de los pueblos originarios.