Una nueva fórmula para postergar jubilaciones
Una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones promete una mejora en los haberes, mientras que desde organizaciones sindicales y partidarias denunciaron que no se abandona la política de financiarse con el ajuste previsional. El tema jubilatorio es de los principales puntos en foco en la política económica en todo el mundo y así lo entiende el FMI que tiene un variado portafolio de propuestas ajustadoras. El enfoque lleno de puntos confusos que propone el gobierno está en línea con los términos que propone el organismo internacional y se aleja del sentido de la jubilación: un ingreso para garantizar un período de descanso al final de una vida de aporte a la sociedad. Por Demian Garcia Orfanó para ANRed.
El día de ayer en la Cámara de Diputados se aprobó la fórmula previsional que preparó el Frente de Todos, con 132 votos a favor y 119 en contra. La nueva fórmula consta de un esquema similar al esquema de actualización vigente entre 2009 y 2017, incluyendo ahora los recursos de la ANSES e índices salariales como variables que determinan las jubilaciones.
El esquema que llegó a la Cámara baja tuvo modificaciones del propio oficialismo en el Senado al proyecto original del Ejecutivo. Allí, el bloque del Frente de Todos mantuvo el esquema trimestral de actualización en lugar de pasar a uno semestral, introdujo un segundo índice salarial para el cálculo, y se evitó que se elimine de la base de cálculo el aumento de 5% otorgado en diciembre.
Una manera de entender la metodología de cálculo es que se otorgan aumentos en tres trimestres (basados en la variación de recursos tributarios y salarios) y que el último “ajusta” en función de la disponibilidad de recursos de la ANSES, otorgando un último aumento que se adapte a esa variación (o eventualmente no otorgar aumento). En caso de que los recursos permitan aumentos mayores, los mismos no se considerarán sino que se otorgará el resultante de la variación de recursos tributarios y salarios.
Si bien no es posible que la fórmula arroje rebajas en los haberes, sí puede implicar pérdidas respecto a la inflación, la que no es considerada en forma explícita. Es uno de los puntos más cuestionables, ya que si bien permite recoger mejoras por crecimiento económico, no ofrece ninguna garantía de que se preservará el poder adquisitivo en caso de que haya estanflación o procesos inflacionarios.
La fórmula matemática cuenta con un par de detalles adicionales que le otorgan más “suavidad” en caso de subas pronunciadas, en relación con la fórmula del 2009. Son un reflejo de la voluntad de cuidar la caja a costa del poder adquisitivo de les jubilades. Les traslada el costo de “amortiguar” el gasto en períodos de alta inflación. El mensaje implícito es similar al de los economistas de la derecha ortodoxa que afirman que el gasto público es la causa de las hiperinflaciones. El cambio de ajuste semestral a ajuste trimestral que introdujo el Senado acotó esa pretensión del equipo económico.
La consideración de la variable “recursos tributarios” es otra muestra de esa orientación ortodoxa. La recaudación de impuestos incorpora en un sólo índice recursos provenientes de ganancias -al menos un año de desfasaje-, y otros que dependen de la dinámica económica más inmediata (como la recaudación del iva sobre el consumo, el monotributo -mensuales- o del impuesto a los débitos y créditos bancarios -semanal-).
Las distintas variables son analizadas en todos los casos según la cantidad de beneficios que se otorgan. Con una población cubierta que crece por el envejecimiento poblacional, esta fórmula es más “sostenible” porque da por descontado que la misma masa de recursos se va a distribuir entre más personas. La tendencia a la baja es sutil en el corto plazo pero está presente. La otra consideración de la sostenibilidad es que las reformas tributarias no van a afectar el monto a distribuir, ni a favor (si se introducen nuevos impuestos) ni en contra (por ejemplo, si a futuro se reanuda la baja de contribuciones patronales, o se disminuye la alícuota del impuesto a las ganancias). Es decir que la fuente de mayores recursos deberá ser el crecimiento económico.
La fórmula reemplaza la implementación de aumentos por decreto que se otorgaron a lo largo del 2020, luego de que la Ley de Solidaridad Social votada a pocas semanas de la asunción del Gobierno de Alberto Fernández congelara la fórmula de actualización macrista. Los aumentos por decreto fueron menores a los que disponía la fòrmula congelada. Resultaron especialmente castigadas las jubilaciones por encima de la mínima, ya que parte de los aumentos fueron por medio de sumas fijas que achataron la pirámide jubilatoria. Incluso quienes cobran la mínima perdieron en la segunda mitad del año, dejando de percibir en sus flacos bolsillos $5.564 (de junio a diciembre).
A costa de los ingresos de jubilades el sistema previsional ahorró recursos, en un gesto muy claro del Gobierno a los acreedores de la ilegítima deuda externa.
En las sesiones parlamentarias quienes defendían el proyecto de ley argumentaban que la fórmula es muy similar a la fórmula anterior y que eso iba a permitir una recuperación similar (aproximadamente el 25% entre el 2009 y el 2017). La diferencian así de la fórmula del 2017 que había llevado a una caída del 22% en el poder adquisitivo al momento de la asunción del nuevo gobierno.
Detrás de esa presentación se encuentra la búsqueda de embellecer la dura situación actual en base a futuras esperanzas. Analizan únicamente el desempeño de la fórmula (que probablemente sea mejor si hay crecimiento económico el año que viene) haciendo caso omiso del nivel inicial, de los plazos de una eventual recomposición, y de la manera de empalmar las fórmulas.
-La actual jubilación mínima es de $19.035, y abarca cerca del 50% de les beneficiaries. Se trata de un monto muy bajo para una vida digna. Distintos gobiernos les han robado ingresos en las últimas décadas, que han ido a parar a otros gastos, al pago de la deuda o a las arcas de empresarios a quienes les han bajado impuestos. Recomponer este valor implica una elección real entre un sector social y otro. Hubiera sido un buen antecedente que el actual presidente cumpla la afirmación de preferir pagar jubilaciones antes que intereses de LELIQs. No pasó.
-Mientras que la fórmula del 2008 reemplazó un esquema de aumentos discrecionales que a lo largo de varios años le habían ganado a la inflación, la fórmula del 2017 implicó un golpe directo en el momento del empalme, el famoso “robo de un trimestre” en la actualización. La comparación que se usa para analizar esa fórmula es el resultado al momento de la asunción de este gobierno. Pero el congelamiento evitó la recomposición prevista en marzo del 2020 del período de alta inflación del final de 2019. Es un cálculo injusto, ya que parte de la pérdida no debe imputarse al macrismo sino al congelamiento de este Gobierno.
-Un aumento de un 25%, como muestran quienes defienden la actual fòrmula, implicaría que la mínima pase a estar en $23,793. Tampoco es un monto que permita acercarse a una canasta de consumos deseable (la defensoría de la Tercera Edad la estimaba en casi $50.000 en el mes de octubre). Por otro lado, en la fórmula anterior esa recomposición necesitó casi 10 años. Es una muestra de cinismo prometer una mejora de $4.000 dentro de diez años para el 30% de jubilades que hoy día ya superan los 75 años de esperanza de vida en nuestro país.
Ese “25% en diez años” implica apenas un 2,25% por año, siendo una promesa muy moderada incluso para quienes no sientan de forma tan acuciante el peso del tiempo. Además, una base de cálculo que ha perdido un 22% requiere un 28% de aumento para volver al nivel inicial:
Superar la etapa de recuperación y obtener un 25% implicaría, al mismo ritmo anualizado, al menos 21 años.
El tema jubilatorio es de los principales puntos en foco en la polìtica económica en todo el mundo y así lo entiende el FMI que tiene un variado portafolio de propuestas ajustadoras. El enfoque lleno de puntos confusos que propone el gobierno está en línea con los términos que propone ese organismo internacional para el análisis, y aleja del sentido de la jubilación: un ingreso para garantizar un período de descanso al final de una vida de aporte a la sociedad (sea por trabajo remunerado o no remunerado, formal o informal).
Es una oportunidad perdida para poner el eje en el poder adquisitivo de las jubilaciones y que las mismas estén en un valor digno, en lugar de análisis financieros basados en la estructura del mercado de trabajo de la posguerra. Un cambio de eje de debate tiene otras consecuencias políticas, implica discutir cómo se produce riqueza para una población crecientemente envejecida, y para sostener a quienes no están en condiciones de trabajar (sea por edad u otras consideraciones). Implica un enfoque más integral, más creativo, que estè dispuesto a afectar intereses empresarios y a planificar la producción. Más afín a pensar un Sistema Nacional de Cuidados que a sostener la economía política de la mesura que despliega el actual Gobierno.