Buenos Aires: 20 jóvenes detenidos y detenidas en la localidad de Puan
En el contexto de un discurso de lucha contra el narcotráfico, el pasado 14 de diciembre a las cuatro de la madrugada, en la localidad de Puan, sudoeste de la provincia de Buenos Aires, unos 200 efectivos de la Policía Bonaerense llevaron detenidos a 20 jóvenes por una orden judicial que autorizó el operativo, basada en una investigación del fiscal Mauricio Del Cero, que durante dos años se dedicó a investigar mensajes de celulares de jóvenes que en su mayoría son cultivadores de cannabis. Este lamentable funcionario es recordado por casos como el de Katherine Moscoso, en el cual mantuvo a la familia sin poder acceder a la causa, obstaculizando y entorpeciendo la investigación, revictimizando a la familia. . La investigación que devino en el operativo del 14 de diciembre y en las 20 detenciones, se inicia en agosto de 2018 y de la misma, según este fiscal, se desprendería que estos jóvenes, que tienen hoy 20, 22, 24 y 30 años de edad, residentes en una localidad del sudoeste de la provincia de Buenos Aires de 5000 habitantes, serían una banda de narcotraficantes. Por corresponsal popular para ANRed.
Detenciones y operativos
El delirio de este fiscal con los supuestos mensajes interceptados no tiene límite pero un juez, Guillermo Mercuri, dio lugar a la realización del operativo en la localidad con cientos de policías de la provincia y varios vehículos. Estos irrumpieron por la noche en las viviendas, donde en su mayoría vivían con sus padres y/o madres, rompiendo puertas, destrozando placares, y hasta una cuna de bebé en un caso. En el marco del operativo fueron trasladados 20 jóvenes, entre ellos una jovencita de 20 años, madre de un bebé de 10 meses y su compañero. Ella estuvo más de una semana detenida en la DDI de Bahía Blanca.
Hoy los 20 jóvenes se encuentran en la Unidad 4 de Villa Floresta a la espera de una definición del juez en los próximos días, que ante el pedido de familiares y sus defensas y la preocupación manifestada por organismos de derechos humanos, como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), debería responder a un pedido del fiscal ahora, de domiciliarias por las condiciones en contexto del Covid-19.
Familias de los y las jóvenes, amigos, amigas, vecinos y vecinas de la localidad han realizado desde el 14 de diciembre dos marchas en las que denuncian estas detenciones y exigen la liberación inmediata de los 20 jóvenes detenidos.
¿Que hay detrás de estos operativos y detenciones absurdas?
El delirio no es solo de este fiscal y del juez, sino viene de los altos mandos del poder político. El ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni desde sus redes sociales se refirió a este hecho como “un megaoperativo” en el que desbarataron “a una peligrosa banda”. La familia de uno de los jóvenes, Nicolás Lupín, hizo público un repudio a estas expresiones de Berni.
En un contexto de desempleo, de jóvenes sin trabajo, precarizados, la avanzada represiva es alarmante en esta región de la provincia. A unos 160 km fue lo de Facundo Astudillo Castro, a menos de 30 km, desaforadamente, las semanas pasadas la policía irrumpió en el parque de Pigué golpeando y llevando jóvenes detenidos por estar a altas horas en el parque. Ese era su delito.
No se trata de una guerra contra las drogas. Nadie con un mínimo de cordura puede reconocer que en un pueblo de 5 mil habitantes, pueblo que vive de la producción agropecuaria, o bien son propietarios pequeños o peones rurales, docentes, albañiles o camioneros. Esas son las ocupaciones de las madres y padres de estos jóvenes. ¿Quién puede pensar que en estas localidades van a haber 20 o más narcotraficantes y que estos tienen 18, 20 o 22 años, al momento de que se inicia la investigación?
Se trata de una criminalización hacia los y las jóvenes. Basta leer el último informe de CORREPI, en el que se señala la situación actual en las cárceles federales y provinciales, “con más de 100.000 personas presas, a las que hay que sumar no menos de 20.000 que están en comisarías y otros lugares de detención. 60% del total son jóvenes de 18 a los 30 años de edad. Casi el 90% de las personas detenidas están acusadas o condenadas por delitos contra la propiedad (robos, tentativas de robo, hurto, etc.) o por infracción a la ley de drogas, casi siempre por narcomenudeo, u otros delitos menores sin violencia”.
O el ultimo informe 2020 también sobre las cárceles bonaerenses de la Comisión Provincial por la Memoria, en el que señalan que “el actual estado de cosas se configuró por la orientación, sostenida durante más de dos décadas, de una política de seguridad y de persecución penal basada en el encarcelamiento y el punitivismo selectivo: la captación de los sectores pobres que forman parte de las cadenas más débiles del delito. Denominada como de ‘mano dura’ o de ‘tolerancia cero’ «. En dicho informe señalan que las políticas de seguridad están orientadas “fundamentalmente a la persecución de delitos menores cometidos por los sectores sociales más vulnerados, la política criminal provincial se sostiene en dos puntales principales: el control policial del territorio y el encarcelamiento creciente. La violencia policial afuera y la violencia penitenciaria adentro, garantizadas por un Poder Judicial que las convalida en todos los eslabones de la cadena, componen una violencia estatal utilizada como forma de gobierno de esas poblaciones excluidas, que armoniza con los efectos excluyentes del modelo económico”.
Así de este modo el “sistema de la crueldad” funciona de manera casi automática y el Poder Judicial opera como un gestor de la violencia estatal en la calle y en la cárcel.
Así los jóvenes son perseguidos por la policía, captados por el sistema penal, captados por los mercados ilegales, y el sistema de justicia, que no garantiza pleno derecho a la defensa y a un juicio justo, son sometidos a situaciones de castigo penal que no respetan bases mínimas de la vida humana en condiciones dignas.
Todo esto para entender que los y las jóvenes no son peligrosos sino que están en peligro. “Lo que está detrás de este operativo absurdo no lo sabemos, pero algo gordo hay detrás – dice alguna de las madres en comunicación estos días – Mi hijo es un chico tranquilo, trabaja en el campo, otro es albañil, otro de ellos está montando con su amigo un restaurant».
La madre de Nicolás Lupin, Fabiana Herrero, en la Radio de la Universidad Nacional del Sur (AM 1240), manifestaba que “este es un pueblo de 5000 habitantes, entraron rompiendo todo”, y señaló que se han organizado con otros papás para acercarles comida, elementos de limpieza, de higiene personal. «Nosotros hemos estado tratando de ilustrar quién es mi hijo. Nicolás es un pibe que el anda en bicicleta o caminando, no tiene auto, de hecho vive en casa prestada porque no tiene una casa, tiene tres trabajos, trabaja de albañil, trabaja los fines de semana en un bar de mozo y tiene un proyecto con un amigo que están preparando un local para poner un restaurant. Eso te demuestra que mi hijo no es un narcotraficante, como calificaron en los primeros momentos que habían desbaratado una banda narco y del crimen organizado como ellos le llaman”. Cuenta que en el operativo a su hijo solo le encontraron plantas que tenía en el patio para uso personal.
La policía y el poder judicial de la mano para criminalizar a los y las jóvenes
En esta causa, que tiene 600 fojas, hay un entramado y un armado de verdades desde el poder judicial dando vía libre a la policía para que actúe, que es una verdadero reflejo del célere la verdad y las formas jurídicas de Foucault. Como usan el lenguaje jurídico y sus formas para inventar esas realidades que necesita el poder.
Cuando aun están en libertad quienes asesinaron a Facundo Castro en esta zona, nos encontramos con un operativo de esta magnitud y con jóvenes hacinados en una comisaria, jóvenes sin antecedentes penales.
Hoy el delito es ser joven. En los 70′ esta zona fue foco no solo de las tres fuerzas que actuaron de modo conjunto, foco de la inteligencia militar, de la comunidad informativa que infiltraba y perseguía jóvenes considerados “delincuentes subversivos”. Hoy esas tecnologías del poder son utilizadas para perseguir militantes sociales nuevamente, como se vio con el espionaje de la AFI cuya magnitud en Bahía Blanca es alarmante y, al mismo tiempo investigan y persiguen a jóvenes que cultivaban e intercambian cannabis, justamente en un contexto de debate sobre la legalización de su cultivo, que devino en la aprobación en noviembre pasado de la reglamentación de la Ley N° 27.350 que había sido aprobada en 2017 y que reglamenta el autocultivo o cultivo solidario con fines terapéuticos, con lo cual a partir de noviembre esta Ley rige para todo el territorio nacional.
Estos veinte jóvenes son trofeos de guerra de un debate abierto sobre la legalización del cannabis, son trofeos de guerra de las fuerzas represivas estatales, son trofeos de guerra para ministros de seguridad delirantes, para jueces y fiscales que lejos están en este mundo injusto de representar a la inmensa palabra “Justicia”. Estos y éstas veinte jóvenes, son jóvenes, y ese es su único delito.
Los y las amigas de uno de los jóvenes detenidos crearon cuentas en las siguientes redes sociales para difundir el caso:
- Instagram: @todxsconnicolaslupin
- Facebook: Tod@s con Nicolás Lupin