India: huelga general convocó a 200 millones de trabajadores y trabajadoras
Foto: archivio PTI
Como había sucedido al principios de año, ayer jueves una huelga organizada por las 10 centrales obreras de la República de la India tuvo características categóricas en tanto que, según confirman los sindicatos, al menos 200 millones de trabajadoras y trabajadores se plegaron a la histórica medida de fuerza contra las políticas del gobierno de Narendra Modi, Primer Ministro del país, y que incluyen, principalmente, nuevas leyes laborales e intenciones de privatización del sector público. Simultáneamente, un frente compuesto por más de 300 organizaciones del sector agrícola llamó a una movilización en coordinación con los sindicatos, dado a que el paquete de medidas también intenta atacar a la fracción asalariada rural del país. Por Máximo Paz, para ANRed.
Fue así que el orgánico cuerpo trabajador de las principales ramas como el acero, carbón, telecomunicaciones, ingeniería, transporte público, taxistas, puertos y muelles, plantaciones, producción de defensa, educación y firmas financieras se incorporaron a la contundente huelga.
Asimismo, trabajadoras y trabajadores de los sectores informales o precarizados (domésticos, construcción, autónomos y ambulantes) también adhirieron mientras en distintos estados sectores rurales se encuentran concluyendo una movilización de tres días de duración.
Entre los sindicatos centrales se hallan el Congreso Nacional de Sindicatos de la India (INTUC), el Congreso de Sindicatos de Toda la India (AITUC), el Hind Mazdoor Sabha (HMS), el Centro de Sindicatos de la India (CITU), el Centro de Sindicatos Unidos de Toda la India (AIUTUC), Comercio Centro de Coordinación Sindical (TUCC) y Asociación de Mujeres Autoempleadas (SEWA) quienes, en un comunicado, aseguraron que el acatamiento al paro general contuvo a alrededor de 250 millones de participantes.
Las y los obreros fabriles y del sector de servicios reclamaron por el incremento de los salarios mínimos, el fin del trabajo bajo contratos precarios, la intervención sobre los precios de los alimentos y bienes de carácter básico y el pedido de finalización de las políticas gubernamentales volcadas a la venta de compañías y entidades ligadas al sector público a empresas privadas.
A ese núcleo de reclamos se suman las de la distribución de 10 kilogramos de alimentos para las familias en situación de indigencia, brindar asistencia de emergencia a los sectores más golpeados de la población mediante el pago único de 7.500 Rupias (100 Dólares, aproximadamente) y el fortalecimiento del sistema de distribución pública.
Desde luego, también se halla la exigencia del retiro de los flamantes códigos laborales, a la vez que se pidió por la no aprobación de tres leyes agrícolas relacionadas con el agronegocio, así como la marcha atrás a la nueva política educativa.
En ese sentido, también el pliego de reivindicaciones incluyó la asignación del 5,0 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) a la educación, atención sanitaria universal, el 6,0 por ciento del PBI para la salud, el retiro del proyecto de ley de enmienda de la electricidad y el fin de la desinversión de las empresas públicas.
Por su parte, los agricultores reclaman mejores precios para sus productos, que el Ejecutivo declare precios mínimos de apoyo (basado en la recomendación hecha hace 16 años por la Comisión Nacional de Agricultores) y la eliminación de la deuda de los trabajadores del campo.
Otras demandas incluyen expandir el esquema de ocupación rural para proporcionar 200 días laborales en áreas agrícola-ganaderas con salarios más altos, extender la seguridad laboral a las áreas urbanas y cambiar el sistema de pensiones.
Ante el hecho multitudinario, se apreciaron irregularidades en el transporte público y en los pagos bancarios. También hubo innumerables concentraciones y movilizaciones que expresaron su descontento contra el Gobierno.
Las acciones de protesta se dan en pleno proceso de investida gubernamental sobre las condiciones laborales a partir de las exigencias que propone la lógica administrativa capitalista en el marco de la paralización económica que viene sufriendo la nación india, y el mundo en su totalidad, a partir del parate propinado por el advenimiento de la pandemia del Covid-19.
En todo 2020, cientos de miles de trabajadores de dicho país perdieron sus empleos o consiguieron trabajar con salarios muy reducidos y en condiciones inconstantes.
Por ello, y a pesar de la enérgica oposición de la opinión pública desde un principio, el gobierno puso en marcha la aprobación exprés de cuatro códigos laborales que relevaron las leyes con las cuales las y los trabajadores indios podían, en algo, proteger sus intereses.
Dichas normas consiguieron aumentar la tasa de explotación de las y los obreros a través del aumento de la carga de trabajo (productividad), bajar salarios, quitar condiciones para que los despidos se puedan lograr de forma inmediata, contratar fuerza de trabajo por menos tiempo y reducir la eficacia del seguro médico.
Por su parte, las y los trabajadores rurales se encuentran desarrollando una marcha por tres días, arrancando el martes 25 para finalizarla hoy, viernes 27.
El conflicto venía desde hace tiempo, pero despertó nuevamente cuando el Parlamento aprobó tres proyectos: el de Ley de Agricultura y Comercio de Productos Agrícolas, el Acuerdo de Agricultores sobre garantía de precios y servicios agrícolas y el de Ley de Productos Básicos.
Si bien las acciones de las y los trabajadores de la india comportan esa contundencia numérica a la hora de reclamar, todavía, desde las centrales, no anunciaron continuidad alguna para seguir por las conquistas de las demanadas.