“Instamos a la ciudadanía a solidarizarse con el caso de las niñas. No se puede ser neutral. Ser neutral es estar del lado del Estado”
“No murieron en un enfrentamiento. Pesaban 42 y 43 kilos. No tenían capacidad de cargar un arma de 50 kilos como dijo el gobierno de Paraguay”, sentenció Miriam Villalba, mamá y tía de las niñas asesinadas. “Las tiraron en una bolsa plástica usando la pandemia como excusa para eliminar pruebas”. La historia de Lilian Mariana y María Carmen parece sumarse a los ejemplos que evidencian la tremenda (pre)potencia que tiene el poder político cuando posee la voluntad de desvanecer pruebas y ocultar rastros. Como contraparte, distintas organizaciones feministas de países latinoamericanos en un ejercicio de reparación para las familias, y para la sociedad toda, el sábado efectuaron un juicio ético, una iniciativa donde confluyeron esfuerzos de distintos feminismos que denunciaron las vulneraciones de derechos de niñas y mujeres en todo el continente. La necesidad de un juicio “ético”, porque en el otro carril la justicia que investiga el caso de Lilian Mariana y María Carmen parece no encontrar a quien imputar. Por María Sol WF, para ANRed.
Mientras se aguarda que Argentina brinde estatus de refugiadas a las madres de las niñas, este otro juicio, señala Claudia Korol, integrante del Tribunal Ético Popular Feminista, “no es un juicio a los violentos, sino a la justicia, por ser culpable, por no informarse ni formarse, por no respetar ni siquiera sus propias leyes”. Este otro juicio promueve el juzgamiento del aparataje judicial y su sesgo patriarcal y machista y propone un modo de encuentro político pedagógico de cuidado y sanación para las víctimas.
Lilian Mariana y María Carmen aparecieron asesinadas el 2 de septiembre en Yby Ya’u durante un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) Paraguaya en un supuesto enfrentamiento con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el departamento de Concepción. Mientras las voces oficiales, entre ellos, la del primer mandatario enunciaban el día posterior por redes sociales que “Luego de un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos”, fue demostrándose que eran niñas y tenían 11 años. “Personas abatidas”, “mujeres de entre 16 y 17 años”. Eran niñas de nacionalidad argentina. Sus cuerpos fueron enterrados 24 hs después del asesinato y sus ropas quemadas.
Desde ese momento, desde Argentina “se comenzó a trabajar con el Consulado y se denunció al Comité de Derechos del Niño que se reúne en Ginebra”, indicó Laura Taffetani de la Gremial de Abogadas y Abogados de Argentina. También “se solicitó la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), con tres negativas como respuesta por parte del Paraguay”, señala.
Otros de los datos que inquietan es que a la abogada de la familia de las niñas en Paraguay no le permitieron acceder a la autopsia. Por otro lado, los primeros días salieron fotos de los “supuestos” uniformes que usaban las niñas “pulcros, lo que no se condice con la situación de combate”, indicó Taffetani. La Justicia paraguaya acusa a las familias de las niñas como supuestas “reclutadoras”. Desde la Gremial “se efectuó un pedido de refugio por parte de la Argentina para las madres de las niñas”, indicó la especialista. “Lamentablemente las ejecuciones sumarias, los famosos ´falsos positivos´ son parte de la realidad de América Latina, pero la ejecución de niñas de 11 años es un punto de inflexión”.
La familia de las niñas vive hace 10 años en Puerto Rico, provincia de Misiones “porque les era imposible vivir en Paraguay debido a la persecuciones que padecían”, cuenta la abogada Cecilia Rodríguez, integrante del Equipo Misionero de Derechos Humanos.
Tanto Taffetani como Rodríguez participaron en esta jornada brindando información sobre pasos que se fueron dando en la causa.
Frente a los dichos del coronel paraguayo Héctor Grau, quien indicó que “Argentina es una guardería guerrillera”, y a la criminalización de la niñez, desde la Coordinadora de Derechos de la Infancia y la adolescencia de Paraguay (CDIA) remarcaron que “hace 10 años desde la sociedad civil venimos señalando que hay niños, niñas y adolescentes en los campamentos y el rol del Estado en ese caso es tratarlos como víctimas y protegerlos”, no dispararles.
Respecto a la causa indicaron que “no hay información sobre avances”. La justicia paraguaya viene “impidiendo el acercamiento de los representantes legales a la causa. Hay un comportamiento sistemático de violación a los DDHH”, indicaron.
Después del relato, donde además de hablar la mamá de una de las niñas y tía de la otra, también estuvo la voz de la abuela de las niñas, Nora Cortiñas, de Madres de la Plaza de Mayo Línea Fundadora expresó la “falta de humanidad” que demostraron estos hechos asemejándose a las prácticas durante la Dictadura en Argentina. “Nos sentimos impotentes con tanta injusticia que se vive en nuestro país”, denunció Alicia Amarilla, coordinadora de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri) CLOC-Vía Campesina de Paraguay. “Seguimos viviendo la doctrina de Stroessner”, sentenció. El actual presidente de Paraguay es hijo de quien fuera secretario del dictador Alfredo Stoessner en lo que fue la dictadura más larga de América del Sur que duró 35 años, entre 1954 y 1989.
En Paraguay se instala desde 1954, hasta la actualidad, el Partido Colorado, menos un lapso de 4 años, entre 2008 y 2012, en el que tuvo lugar el gobierno de Fernando Lugo, quien llegó de la mano de una coalición de movimientos sociales y partidos políticos que se habían unido contra el Partido Colorado. Lugo terminó abruptamente su mandato por un juicio parlamentario después de la Masacre de Curuguaty donde 17 personas (11 civiles, seis policías) murieron en el sudeste del país, durante el desalojo de campesinos sin tierra que ocupaban un terreno que le pertenecía a un gran propietario. Tan sólo una semana después de la masacre, el Senado votó la salida del presidente.
En los días siguientes a que se diera a conocer la noticia de los asesinatos de las niñas, la respuesta de la sociedad paraguaya fue salir a las calles a protestar y exigir justicia pero fue criminalizada. “Se dieron a conocer la cedulas de quienes se manifestaron, dando a conocer públicamente sus datos personales”, denunció Vicki Monjes, miembro de la organización feminista Casa Fem. “Los medios difundieron un número para que la gente llame y denuncie a quienes se manifestaron”. Por todo esto, “instamos a la ciudadanía a solidarizarse con el caso de las niñas. No se puede ser neutral. Ser neutral es estar del lado del estado”, señaló Monjes.
En este nuevo ciclo del Juicio Ético a la Justicia Patriarcal, otras integrantes del Tribunal Ético Popular Feminista fueron: Adriana Guzmán de Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia; Celina Rodríguez Molina del Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional en el Movimiento de los Pueblos de Argentina; Lolita Chávez feminista comunitaria del Pueblo K’iché de Guatemala; Verónica del Cid coordinadora de la Red Alforja de Guatemala; Claudia Korol de Pañuelos en Rebeldía; Marielle Palau, integrante de Base Investigaciones Sociales de Paraguay; y Rosa Zúñiga secretaria general de CEAAL de México. El 25 de noviembre se leerá el veredicto parcial del jurado.
El primer ciclo de este juicio fue realizado en Resistencia, Chaco, el 15 de octubre de 2017, en el marco del 32º Encuentro Nacional de Mujeres. Para esa primera instancia se realizaron previamente 14 audiencias en las que se presentaron 68 casos emblemáticos en los que la justicia actuó legitimando violencias y crímenes cometidos por el poder machista, racista, y clasista como el de la desaparición de adolescentes y jóvenes en Bajo Flores y Lugano, Otoño Uriarte, Melina Romero, Araceli Funes, Lucía Pérez, Bertha Cáceres, Marielle Franco, Diana Sacayan, entre muchos nombres e historias.
Mientras tanto, las familias de las niñas Lilian Mariana y María Carmen esperan. “Este tribunal se propone acuerpar la historia de estas niñas. Honramos sus vidas”, recordó Lolita Chávez, que acompaño la jornada desde Guatemala e instó: “Llamamos a la protección comunitaria”. Un llamado urgente y necesario frente a la desprotección y vulneración de derechos por parte del poder político.