Chubut: el gobierno otorga más libertad a la policía para usar armas de fuego
En medio de las crecientes protestas contra el nuevo intentó de instalar la megaminería por parte del gobernador Mariano Arcioni con el apoyo del lobby minero y el Gobierno nacional, el ministro de Seguridad, Federico Massoni, dispuso una resolución que otorga más libertad a la policía para la utilización de armas de fuego. La media se asemeja al protocolo habilitado por la ex ministra Patricia Bullricch en el 2018 conocida como «doctrina Chocobar», en el cual un policía puede disparar su arma en situaciones polémicas. Organismos de Derechos Humanos advierten la peligrosidad de la medida mientras crece el clima represivo en la provincia. El jueves hubo aprietes y allanamientos contra asambleistas. Por ANRed
La regionales Esquel, del Este y Noreste de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) junto con la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia de Trelew emitieron un comunicado repudiando la resolución 145/2020 resuelta por el ministro de Seguridad Massoni. Quien ayer participó en allanamientos y detenciones contra 11 personas por supuestos hechos de disturbios contra las protestas en la Legislatura. Vecinas y asambleístas denunciaron que la nueva resolución va de la mano al «aumento del clima represivo» y que «tiene por fin meter miedo para detener la movilización contra el intento de zonificación de la provincia para aprobar los proyectos de la megaminería». Muchos de los participantes de las protestas prefieren no dar nombres por temor a represalias.
El nuevo protocolo otorga más facilidades para desenvainar y dispar arma de fuego a los policías. Para los referentes en Derechos Humanos, la medida recuerda al protocolo de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando habilitó a las fuerzas de seguridad a disparar sobre personas en situación de fuga o dar vía libre para utilizar armas de fuego cuando los efectivos se vean superados en número. El polémico protocolo dispuesto el primero de diciembre de 2018 también se lanzo en un clima de protestas. Esta vez a días de la llegada de la Cumbre del G20.
Chubut: denuncian persecución, allanamientos y detenciones arbitrarias. “Mariano Arcioni elige el camino de la criminalización de la protesta y la represión para justificar la apertura de la megaminería”, así lo afirmó la UAC-Chubut https://t.co/4fpdmSvqME pic.twitter.com/ewDkGyyG6H
— ANRed #30Años (@Red__Accion) November 13, 2020
«Nos enteramos del anuncio de una resolución por el Boletín Oficial y que venía desde el Ministerio de Seguridad donde hablaba de un protocolo del uso de armas de fuego del personal policial y que habla del uso de estás armas en infinidad de circunstancias. Nos llamó la atención (Apdh) y también a otros organismos de la provincia. Lo primero que hicimos fue hablar con el Ministerio defensa Pública para que nos fundamentará esto y para ver si ya había algún antecedente. Nos sonaba muy parecido a lo que alguna vez fue el protocolo en la gestión Bullrich a nivel nacional que luego por suerte ese protocolo fue derogado (2019, explicó Claudia Ermili de la APDH Esquel.
«Creemos que una norma de este tipo supone un enfrentamiento bélico y no estamos en estas circunstancias. Es inadmisible en una convivencia democrática. La fuerza de seguridad tiene el servicio al bien común y previniendo el delito para luego tomar algunas otras medidas pero no para actuar en este esa manera. Definimos expresar que esta resolución en los principios básicos para el uso del fuego se aparta mucho de lo que se aprobado en Naciones Unidas en su momento. Estamos esperando que el Ministerio de la Defensa Pública analice este protocolo y se pronuncie, como se pronunció aquella vez contra el protocolo de la gestión Bullrich. También rechazamos los allanamientos y persecución a los vecinos de la costa de Rawson que se realizaron ayer. Estos allanamientos fueron ordenados por el juez Monti. Y también esta involucrado el fiscal Rivarola, viejo conocido en Esquel en la causa de espionaje a vecinos del No a la Mina y vecinos de comunidades mapuche. Sabemos que esta movida fue justificada por ellos por los incidentes en la última movilización en Rawson. Pero nada justifica la forma en que fueron avasallados tanto allanando sus casas como con agresiones físicas hacia las personas, tirándolos al piso. Hay fotos que ilustran el muy violento el accionar que se tuvo y obviamente la asamblea de vecinos tanto de Rawson como de toda la provincia es un movimiento familiar y pacífico. También decimos que la primer violencia es la violencia del gobierno que no sólo quiere imponer la minería a cambio de sueldos después de 3 años de atraso y una desidia espantosa en cuanto a los insumos que no llegan a los hospitales, que nos llegan a las escuelas, etc. De las condiciones que estamos viviendo todos los chubutenses. Tienen que entender estos señores, que la megaminería no tiene licencia social. Exigimos al gobierno de chubut el cese inmediato de la persecución y criminalización de la protesta», finalizo Ermili.
#Chubut #Esquel multitudinaria marcha por el no a la megaminería, y no a la zonificación propuesta por el gobernador Arcioni.
Video: Santiago Vasconcelos pic.twitter.com/Dmrol1vKCg— ANRed #30Años (@Red__Accion) November 12, 2020
Mientras, Mariela Flores Torres que es parte de la Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia ( ver comunicado) , expresó, «Es preocupante la situación. Chubut esa sumida en una crisis hace más de tres años y desde hace más tres años que mantiene a los trabajadores movilizados buscando la regularización y recomposición de su salario. La respuesta ha sido más ajuste y represión. Acompañada de una persecución selectiva contra luchadores y luchadoras. Este año agravado por la emergencia sanitaria y también la pandemia. El gobierno de Chubut ha desconocido toda recomendación desde la Corte Interamericana Derechos Humanos o desde el Ministerio de Seguridad de la Nación sobre como enfrentar la pandemia. Se han cometido excesos de todo tipo abusos de poder y violaciones a los Derechos Humanos. Por ejemplo, hay personal que hasta el día de hoy tanto de sector activo pasivo sigue sin cobrar su salario. Me refiero a los anuncios que hace el señor gobernador Mariano Arcioni, planteando que para el mes de noviembre se van a regularizar todos los rangos y se va a pagar todo. Es una irresponsabilidad hacer promesas en esta situación y no cumplir. El único salario que se pagó en los cuatro rangos fue el salario de agosto y estamos en noviembre. El señor ministro de Seguridad (Massoni) es el brazo ejecutor de la represión y hoy, el único que sostiene al gobernador porque según nosotros está quedando cada vez más aislado del arco político con sus planes de instalar la megaminería y el único apoyo que tiene es el Ministerio de Seguridad con su brazo ejecutor de la represión, las mineras y los medios hegemónicos que insisten en crear una teoría de los dos demonios en donde intentan hacer crear una imagen a la histórica movilización pacífica como violentos o como “ecoterroristas” y correr el eje de la verdadera violencia que es la violencia del Estado y de la megaminería.
Y continuo Flores Torres, «Nosotros no nos sorprendemos. Esto es parte de una política sistemática y sostenida por parte de Arcioni y su ministro de Seguridad ya en el 2018 intentaron profesora compañeros y compañeras que estaban movilizándose legítimamente por su salario. Y en esa movilización, el resultado un efectivo policial muerto por un paro cardiorrespiratorio producido efectivamente por los gases que la propia policía tiró en el lugar. En esta ocasión el coordinador de Gabinete era Federico Massoni que aprovecho para meter causas a varios manifestantes pero por supuesto estaa causas no prosperaron. En el año 2019 en el marco de una fuerte movilización del sector docente en Casa de Gobierno y Legislatura Sucedió una muerte profundamente evitable; las compañeras, María Cristina y Jorgelina cuando retornaban a Comodoro Rivadavia (accidente automovilístico). Esta fue una muerte no se hubiera dado sin los salarios de hambre, sin la postergación histórica de los docentes las compañeras no hubieran movilizando aquel 17 de septiembre en Rawson. Esto produjo una enorme frustración, desesperación y movilización de los sectores en lucha. Y de aquella manifestación resultaron nuevos procesamientos y más persecución. Hoy, hay un juicio que intenta imputar a cuatro. Compañeros y compañeras de distintos gremios y centrales de trabajadores que se los acusa de incendio cuando también es una acusación infundada porque claramente no se produjo un incendio sólo hubo fuego en algunas partes pero no un incendio de la Legislatura. Claramente, el poder judicial de alguna manera es cómplice de estos procesamientos y señalamiento a los sectores en lucha y la persecución dirigida desde gobierno. También en diciembre del año pasado durante una movilización para que no se aprobara el Ministerio de Hidrocarburos y Minería en la última de las sesiones de los diputados salientes. Esa represión se ensaño contra 6 militantes del NoAlaMina que sufrieron calumnias, injurias, etc. a varios y varias de las referentes se les señalo desde los medios. Todas estas acusaciones fueron cayendo y hoy, todavía, le pesan imputaciones a dos compañeros».
#Chubut Movilización en toda la provincia contra la megaminería
En #Esquel hubo asambleas, panfleteada y cortes intermitentes en la ruta 259 de Vecinos Autoncovocadxs Esquel No a la mina.@NoalaminaEsquel | Video: @Fotografias con Voces- Nicolás Palacios. pic.twitter.com/8OIRmq2Upe
— ANRed #30Años (@Red__Accion) November 13, 2020
Comunicado completo de los organismos de Derechos Humanos en Chubut contra la resolución 145/2020:
Las Regionales Esquel, Noroeste, y Junta Promotora Este de la y la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia, Trelew n ́ ́ 145/2020 , ́ ́ 11 2020, ́ ́ , .
La norma supone falsamente un contexto de enfrentamiento bélico en nuestra sociedad, que justifica el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas policiales para “proteger a la sociedad”. Se trata de un punto de vista inadmisible para con los principios de convivencia democrática, en el que las fuerzas de seguridad deben estar al servicio del bien común, previniendo el delito primero y tomando las medidas para hacerlo cesar después. El protocolo es un manual de actuación que supone un conflicto armado, en el que las fuerzas policiales actúan sin la organización y logística necesaria para prevenir delitos, otorgando en consecuencia amplios poderes discrecionales a los policías, con normas abiertas que buscan legitimar abusos y justificar su posterior juzgamiento. La Resolución de Ministerio de Seguridad de la Provincia se aparta mucho de los principios básicos para el uso de armas de fuego aprobados por las Naciones Unidas, que verdaderamente consagra los principios de legalidad, moderación y proporcionalidad que no se advierten verdaderamente en la norma provincial mas allá su enunciación. El protocolo chubutense cita estos principios pero legisla claramente al revés, habilitando el uso de armas de fuego en situaciones hipotéticas, fundadas más en la subjetividad del agente que en hechos objetivos que denoten una amenaza real y concreta sobre la vida humana, único bien jurídico a proteger por el uso excepcional, moderado y proporcional del arma de fuego.
Exigimos desde la APDH la derogación de la norma y la intervención de los organismos de control institucional destinados a la protección de los derechos humanos para evitar la ejecución de este protocolo o de cualquier otro que sirva para legitimar abusos. Provincia de Chubut, 12 de noviembre de 2020.
#Ahora #Chubut Contra la Megaminería
Protestas en toda la provincia
Luego de una asamblea, vecinos y vecinas organizadas en la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, Asamblea de Vecines de Epuyen, Asamblea en Defensa de la Cuenca del Río Epuyen, pic.twitter.com/WxrFMMpdAU
— ANRed #30Años (@Red__Accion) November 12, 2020