Guernica: la CIDH pide informes al Gobierno sobre el violento desalojo policial de miles de familias
Foto: Agustina Salinas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió a la Cancillería argentina, a cargo de Felipe Solá, un pedido de informes sobre el violento operativo represivo llevado adelante por Sergio Berni, ministro de Seguridad del gobierno bonaerense de Axel Kicillof, el jueves 29 de octubre, con el cual desalojó a 1400 familias de una toma de tierras en Guernica, al sur del conurbano bonaerense. El pedido es en respuesta a una solicitud de medidas cautelares realizada por el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Gremial de Abogados y Abogadas en favor de las familias, y se justifica en que el operativo pudo «colocar en situación de riesgo a las personas que ocupaban el predio», especialmente en relación al riesgo de exposición al coronavirus. Asimismo, la CIDH se pregunta si el Gobierno garantizará el acceso a la alimentación, los servicios básicos y la atención médica de las familias, y consulta cuál es la situación actual en el terreno desalojado. La solicitud explicita que el Gobierno debe responder en siete días. Por ANRed.
El pedido de la CIDH, firmado por la secretaria ejecutiva interina del organismo, María Claudia Pulido, y entregado al canciller Felipe Solá, es la respuesta a una solicitud de medidas cautelares realizada por el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Gremial de Abogados y Abogadas en favor de las familias. El texto de pedido de informes sobre el operativo represivo sostiene que el mismo «podría colocar en situación de riesgo a las personas que ocupaban el predio», especialmente en relación al riesgo de exposición al coronavirus.
Ambos organismos de derechos humanos habían presentado ante la CIDH una cautelar en favor de las familias por la «situación grave y urgente que requiere de manera inmediata la protección internacional en concordancia con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el fin de evitar daños irreparables a las nueve personas delegadas de los ocupantes», entre ellas Brian Leonardo Damián Poeta.
Tras meses de negociación, entre el 27 y el 28 de octubre, desconociendo todo el trabajo en conjunto de diálogo con los delegados y delegadas de la toma y organizaciones, el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, de la mano del ministro de Desarrollo de la Comunidad Andres «Cuervo» Larroque dejando el campo llano para que avance la orden de desalojo del juez de Garantías de Cañuelas Miguel Martín Rizzo, que fue efectivizado por el megaoperativo conducido por el ministro de Seguridad Sergio Berni.
El hecho fue confirmado y denunciado por el Centro de Estudios Legales Sociales (CELS) y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), que reclamaron al magistrado suspender el desalojo a fin de «asegurar una relocalización colectiva que asegure los derechos fundamentales de alrededor de 1400 familias en juego».
Luego del violento desalojo represivo policial de fines de octubre, la semana pasada el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, confirmó a través de la publicación del Decreto 955, la creación de una Unidad Provincial de Tierra y Vivienda, en la órbita del Ministerio de Gobierno, encabezado por Teresa García, que tendrá como objetivo el desarrollo de soluciones habitacionales y la urbanización en barrios populares. La Unidad estará integrada por representantes de las carteras de Infraestructura y Servicios Públicos, de Desarrollo de la Comunidad, de Hacienda y Finanzas, de Justicia y Derechos Humanos, de Jefatura de Gabinete de Ministros, el Instituto de la Vivienda, la Autoridad del Agua, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, y el Organismo Provincial para la Integración Social y Urbana. La medida además fue acompañada con el anuncio de la creación de un Registro de Suelo Urbano, para identificar suelo fiscal urbanizable, “susceptible de ser utilizado para el desarrollo de soluciones habitacionales”, detalla el texto oficial.
