¿Qué pasa en Uruguay?

Mientras desde algunos medios hegemónicos argentinos se idealiza a la gestión del presidente Luis Lacalle Pou, una serie de medidas de ajuste, la escalada represiva, e incertidumbre en relación a la pandemia, preocupan a la clase trabajadora del Uruguay. Desde los despidos y salarios adeudados en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), o el intento de imponer la Ley de Urgente Consideración – LUC, a las represiones en espacios públicos mientras en paralelo se fomentan aglomeraciones en Punta del Este u otros centros turísticos, ponen en jaque al supuesto modelo de “cuidado libre”, planteado en Argentina como un “ejemplo a seguir”. Por Ramiro Giganti (ANRed).

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“Por un lado está todo el mundo internacionalmente encantado por nuestro presidente, por la forma en que llevamos adelante el COVID, pero internamente gran parte de la población tiene la sensación de que estamos en un andamio, que en cualquier momento nos venimos abajo.” Comentó Daniel Dornelles periodista de FM Horizonte de Paysandú en conversación con ANRed, preocupado por la poca claridad en los protocolos de distanciamiento y cuidados colectivos en relación a la pandemia. “Circularon videos que se hicieron virales de un festejo en un colegio privado de los muy caros donde no había ningún tipo de distanciamiento social ahí, pero mientras no hay represión ahí si tenemos represión a los jóvenes que se juntan en un una Plaza. Lo de la extrema de Derecha es algo que nos preocupa a muchos colegas, como sistemáticamente está pasando algo como lo que pasó y sigue pasando en Brasil con Bolsonaro, donde el líder de Cabildo Abierto (Manini Ríos) que surge de la nada, algo parecido a Bolsonaro, con declaraciones muy fuertes acaparando a minorías, y que está tomando decisiones dentro del gobierno, pero decisiones fuertes dentro del gobierno y con reacciones preocupantes en cuanto a los Derechos Humanos”.

La semana pasada se registraron distintos episodios represivos con operativos policiales desmedidos. Un comunicado firmado por organizaciones de Derechos Humanos, feministas, sindicales y difundida en medios alternativos, enumera algunos episodios sucedidos en los últimos días. El viernes 30 de octubre por la noche noche un operativo con más de 5 patrulleros y 20 policías armados con escopetas desalojaron el Bar Tundra en Montevideo. El domingo 1 de noviembre por la tarde en  El Cuadrado de la Rambla, Plaza de los Bomberos y Plaza Varela personas fueron desalojadas por la policía. Ese mismo domingo a la noche en la Plaza Seregni en un fuerte operativo policial con motos, escudos, balas de goma y palazos. Hubo varias personas golpeadas y 12 detenidas (que fueron liberadas en la mañana del lunes). Ese mismo domingo a la noche en el Casino del Parque Rodó, luego de que terminara una cuerda de tambores, un grupo de choque de la Republicana con escudos y escopetas avanzó por Salterain. Estos episodios enumera el comunicado publicado en Reactiva Contenidos, Radio Pedal, Rebelarte. el colectivo Catalejo y otros medios alternativos comunitarios y populares, firmado por diversas organizaciones. “Hay una cantidad de represiones sistemáticas, por ejemplo este fin de semana no solo pasó en la Plaza Serengui. Pasó también en Juan Lacaze, pasó en Durazno, y en otras partes también” agregó Dornelles informando sobre otros episodios similares.

Por su parte, el gobierno avanza en un presupuesto con ajustes muy cuestionados y continúan las polémicas y movilizaciones en relación a la Ley de Urgente Consideración – LUC.  “La LUC operará como el brazo represor que el capital consciente de que la crisis la seguirán descargando sobre los trabajadores, necesitan de la LUC para reprimir cualquier atisbo de movilización popular” dice en  un comunicado de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por ayuda Mutua – FUCVAM. El comunicado también expresa criticas hacia el Frente Amplio por discutir solo algunos artículos en lugar de cuestionar la integridad de la ley que, desde principios de año, es fuertemente criticada de manera integral por el retroceso que supone en diversas temáticas (Derechos Humanos, libertad sindical, recursos estratégicos, medioambiente, entre otros). «Consideramos que ir solamente contra algunos artículos, será mucho más complejo que ir contra toda la LUC. Se trata de ver en profundidad el alcance de la ley en su conjunto y no por partes, insistimos en esto, creemos que hay acuerdo generalizado de que la ley en sí, es el brazo jurídico-político fundamental de la defensa de la propiedad y el capital contra los intereses populares» sostiene otro fragmento del comunicado.

Pero más allá del avance de la LUC, desde el gobierno se están empezando a implementar medidas de hecho, ajustando el presupuesto en políticas públicas necesarias y despidiendo personal. Un ejemplo de ello son los despidos y pagos atrasados en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

“Desde el Mides hace ya 5 meses que venimos denunciando irregularidades en el pago de salarios a trabajadoras y trabajadores en el ministerio. Son pagos que se atrasan, hay gente que hace 4 meses que no cobra su salario y el sindicato está prestando dinero para paliar este déficit, es una situación. A esto se suma que la semana pasada, de una manera informal, las autoridades del ministerio nos informan que van a despedir de manera injustificada a 3 trabajadoras técnicas con cargos técnicos del interior del país, que ingresaron por concurso, y que desarrollan tareas sindicales en su territorio. A través de distintos espacios de negociación, si bien el ejecutivo tiene una fuerte política de reducción de recursos humanos en el estado, de la cual estamos en contra como sindicato público, habíamos llegado a un acuerdo de que no iba a haber despidos injustificados y que toda persona que fuera desvinculada, las autoridades iban a traer las justificaciones al sindicato para que cada persona pueda hacer su descargo, sobre su situación particular y que solo iban a desvincular personas cuya tarea no fuera necesaria o que tengan faltas graves. Esto no fue cumplido, cuando fuimos a preguntar los motivos de la desvinculación de estas compañeras, realmente no había ningún motivo que pudiera explicarlo, lo que nos obliga a declarar un pre conflicto. Para no generar más perjuicio a la población del que ya tiene por la pandemia, en este contexto de crisis, resolvimos generar durante tres días paros de una hora al mediodía con cortes de calle frente a la sede central en calle 18 de julio, para visibilizar nuestra situación, así como también la importancia de nuestra tarea. Esto también fue acompañado en todo el territorio nacional con un paro y movilizaciones en cada departamento del país.” Declaró, en conversación con ANRed, Lucía la Buonora, integrante de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social (Utmides).

Las movilizaciones dieron sus frutos, al menos en parte. El viernes en una reunión bipartita las autoridades informaron que reconsideraban uno de los despidos. Para mañana y pasado (10 y 11 de noviembre respectivamente) el gremio está convocando a movilizaciones en Fray Bentos y Artigas, departamentos donde trabajan las dos personas que fueron desvinculadas sin respuesta.

Pero el conflicto no se reduce solo a esos 3 despidos y los salarios adeudados: las y los trabajadores están a la espera de una lista de personas a las que se les vencen los contratos y podrían perder sus trabajos. “A todo esto, estamos a la espera de un listado del que no conocemos ni la magnitud ni los criterios que la administración nos va a brindar en el que nos van a comunicar el despido y los motivos por los que van a despedir a personas que están con contratos precarios, pero que desempeñan tareas fundamentales, que son de estructuras permanentes en el estado. Entonces realmente la situación es muy delicada y no tenemos muy claro cual es el futuro de las políticas sociales en el país y el rol que va a tener el ministerio para este gobierno. Esto nos preocupa muchísimo.” Agregó.

En la movilización del viernes también participó el colectivo Nitep, una organización que nuclea a personas en situación de calle, ante la situación de incertidumbre sobre los planes del gobierno para abordar la problemática. En el  invierno pasado ya hubo situaciones de abandono por parte del estado a personas en situación de calle. Un caso fue el de Gustavo Castro, quién murió de frío en la calle luego de que se le negara el ingreso a un refugio por falta de cupo, durante el pasado mes de Julio. «Sobre eso tampoco tenemos muchas respuestas, y es un poco lo que estamos buscando, tanto por la continuidad de las fuentes laborales como de las tareas que el estado dejará de cumplir en caso de la desafectación de esas trabajadoras y trabajadores»  Concluyó La Buonara.

Trabajadoras de los Servicios de Violencia Basada en Género (VBG) de Inmujeres-Mides, también emitieron un comunicado en el que señalaron que “a pesar de haber sostenido la tarea durante todos estos meses de riesgo sanitario por el covid-19, parte de las trabajadoras de los servicios de atención a situaciones de violencia de género a nivel nacional” se encuentran “sin cobrar el salario correspondiente a los meses de setiembre y octubre”, dando cuenta de otra situación de destrato, tanto las trabajadoras del organismo como a las mujeres que necesitan ayuda por sufrir situaciones de violencia.