Indoamericano, acampe qom, Guernica: tres momentos, los mismos nombres, las mismas promesas
¿Qué tienen en común la toma de tierras del Parque Indoamericano en 2010, el acampe del pueblo qom en la Ciudad de Buenos Aires en 2011 y la actual toma de tierras en Guernica? En los tres conflictos por tierras se repiten los nombres del ahora Ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés «Cuervo» Larroque y del actual ministro de Seguridad bonerense Sergio Berni. En 2010, Berni encabezó el operativo del Ministerio de Acción Social que «negoció» el desalojo de miles de familias del Parque Indoamericano, luego de un operativo represivo con tres personas muertas. En 2011 el «Cuervo» Larroque encabezó un grupo de La Cámpora que presionó para que la Gendarmería acelere el desalojo y partida de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa, que acampaban en la Ciudad de Buenos Aires pidiendo una reunión con la entonces presidenta Cristina Fernández. Hoy, en 2020, sigue vigente una orden de desalojo para el 15 de octubre para las 2500 familias de Guernica, y Larroque es el ministro que negocia con los delegados y delegadas de las familias, sin soluciones concretas a la crisis habitacional. En el Indoamericano y el acampe qom hubo promesas gubernamentales incumplidas. ¿Qué sucederá ahora con las promesas poco concretas a las 2500 familias que reclaman techo y vivienda digna? Por ANRed.
Parque Indoamericano: crisis habitacional, desalojo brutal, tres muertos y promesas incumplidas
En diciembre 2010, miles de familias de la Ciudad de Buenos Aires, provenientes del Bajo Flores, Lugano, Pompeya, Villa Oculta y Los Piletones, ocuparon el Parque Indoamericano, en reclamo del derecho a tierra para vivir y una vivienda digna. El 7 de diciembre, en un operativo conjunto, la Policía Federal y la entonces Policía Metropolitana (hoy Policía de la Ciudad), junto con grupos de choque no identificados, desataron una brutal represión contra las familias, utilizando en muchos casos balas de goma adulteradas con plomo. El desenlace fue una gran cantidad de personas heridas y tres muertas: Bernardo Salgueiro, Rossemary Chura Puña y Emiliano Canaviri Álvarez. En el 2014 fueron absueltos los 41 policías procesados por las muertes en el Indoamericano.
Tras la represión buena parte de las familias ocupantes se retiraron del parque, mientras unas 180 personas del Ministerio de Acción Social – a cargo en ese entonces de Sergio Berni – monitoreaban el operativo, donde a cada persona se le entregaba una constancia de su paso por la toma, por duplicado, con copia para el ministerio, como comprobante de que habían sido censados en el predio. Alejandro «El Pitu» Salvatierra, uno de los referentes en ese momento de la lucha por la tierra en la Ciudad, expresaba a los medios en aquel momento: «la mayoría de la gente votó por levantar la toma». Además, el referente agregaba: «los que se van a quedar son una minoría ínfima. Acá hubo una toma de conciencia, porque la gente se dio cuenta de que hay personas que buscan generar el caos y nadie pretende hacerles el juego a los que quieren desestabilizar al Gobierno».
La ocupación del Parque Indoamericano en diciembre de 2010. | Imagen: Joaquín Salguero (Página/12)
Diez años después, las familias siguen sin soluciones y la crisis habitacional persiste, con un cálculo oficial de cuatro millones de personas que viven en villas o asentamiento informales de todo el país. En diciembre del año pasado, en una entrevista con Página/12, Salvatierra, reconocía: «ninguna de las personas que estuvieron en el conflicto del Parque Indoamericano resolvió, al día de hoy, su situación. Es más, todas ellas viven peor por el solo hecho del paso del tiempo. Estaban hacinadas en el 2010 y ahora, llegando a 2020, su situación es igual o peor«, sentenció, dejando al desnudo la falta de políticas habitacionales gubernamentales y que las promesas que el gobierno de entonces realizó a muchas de las familias ocupantes en aquel momento, quedaron en palabras que se llevó el viento.
Acampe Qom: conflicto por tierras ancestrales, desalojo y promesas incumplidas
Encabezado por Félix Díaz, su qarashe, la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa, inició un acampe el 23 de diciembre de 2010, al pie del monumento de Don Quijote ubicado en la plazoleta Cervantes de Avenida de Mayo y 9 de Julio, en pleno microcentro porteño. Su objetivo era lograr una audiencia con la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con el fin de encontrar canales de diálogo para lograr la devolución de tierras ancestrales quitadas por el Gobierno formoseño de Gildo Insfrán – alineado políticamente con el kichnerismo -, la instalación de agua potable en el territorio, servicios de salud, viviendas dignas y la obtención de sus documentos de identidad, ya que los mismos habían sido quemados por la policía durante un allanamiento de sus humildes casas.
También reclamaban que se procese y castigue a los policías responsables del asesinato del originario qom Roberto López, ocurrido el 23 de noviembre de 2010, cuando reclamaban en la ruta nacional 86 de Formosa la restitución de las 1.300 hectáreas de tierras ancestrales quitadas por gobierno formoseño.
Imagen del qarasche Félix Díaz, retirándose llorando, en medio del desalojo del acampe | Foto: Reynaldo Ortega.
El viernes 6 de mayo de 2011, Andrés «Cuervo» Larroque, en ese entonces diputado kirchnerista, subsecretario de Fortalecimiento de la Democracia y titular de La Cámpora, junto a miembros de su agrupación, presenció el violento desalojo del acampe, llevado adelante por efectivos de Gendarmería Nacional, que llegaron en un micro y camiones a las 9 de la mañana. Al grito de «vamos, vamos, levántense», los obligaron al desarme de la carpa y a guardar las pertenencias en los camiones. Aterrados, los originarios ni siquiera pudieron recoger toda la ropa y comestibles que porteños y personas del GBA les habían dado durante esos cinco meses de acampe.
En tanto, Larroque y sus muchachos de La Cámpora – con el aval del entonces Jefe de Gabinete Aníbal Fernández – se mantuvieron cerca de los uniformados y ejercían presión para que aceleraran el desalojo y la partida. En ese momento, Nora de Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, manifestó ante las cámaras de televisión: «que venga una especie de patota de jóvenes que son de La Cámpora y organizaciones afines al Gobierno a provocar esta situación, nos duele. Esto parece tolerancia cero». Pasado el mediodía, partió el micro que trasladó a los originarios a Formosa.
Imagen del momento del desalojo del acampe qom.
Andrés «El Cuervo» Larroque, junto a integrantes de La Cámpora, en plena acción de presión para que se acelere el desalojo del acampe qom.
Tras recibir amenazas de Larroque de suspender la reunión con el Gobierno si no levantaba el acampe, Félix Díaz accedió a suscribir un comunicado con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) donde se informó que no hubo desalojo, y que «la decisión de suspender la protesta fue tomada por los miembros de la comunidad en función del compromiso firmado con el gobierno nacional» de recibir al referente qom y a representantes de diversos organismos. Así fue que el lunes 9 de mayo, el ministro del Interior Florencio Randazzo recibió al Ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo de Formosa, Jorge González, a Félix Díaz y a representantes del CELS, del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), de la Defensoría General de la Nación y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
El Gobierno de la Provincia de Formosa se retiró durante la reunión, a la vez que se mostró reticente a avanzar en las soluciones propuestas. Asimismo, de manera permanente intentó obstaculizar la Mesa y la firma de los acuerdos. Por su parte, el Estado Nacional no logró gestionar el conflicto con el gobierno de la Provincia, ni avanzó – hasta el día de hoy – en las soluciones que son de su exclusiva competencia, como la devolución de las tierras ancestrales quitadas al pueblo qom.
Guernica: 2500 familias sin soluciones habitacionales concretas y la incertidumbre ante la próxima fecha de desalojo
Hoy estamos en 2020. Desde julio 2500 familias toman tierras en la localidad de Guernica, al sur del conurbano bonaerense, nuevamente por el eterno reclamo por el acceso al derecho a tierras para vivir y una vivienda digna, en medio de una crisis social, económica, social y habitacional extremada por la pandemia de Covis-19, donde muchas familias han perdido sus empleos, ingresos y no pueden seguir pagando sus alquileres.
El antecedente reciente es que, en un año donde se agudizaron la cantidad de tomas de tierras en Argentina y, principalmente, en el conurbano bonaerense, la mayoría de las tomas fueron desalojas violentamente por las fuerzas policiales y no hubo ninguna solución concreta para la crisis habitacional de las familias. En el caso de Guernica, luego de posponerse dos veces, ahora la nueva fecha de desalojo dispuesta por el juez de garantías Martín Miguel Rizzo es el 15 de octubre.
Nuevamente, aparecen los mismos protagonistas: Sergio Berni y Andrés «Cuervo» Larroque. El primero ahora es ministro de Seguridad del gobierno de Axel Kicillof, y el segundo hoy es el Ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense. Berni no tardó en posicionarse con respecto a la toma de Guernica y el resto de tomas en la provincia: «el que toma tierras en la provincia de Buenos Aires irá preso – aseguró – Es un delito que está organizado; detrás de la necesidad habitacional aparecen vivos que se organizan para ver cómo sacan provecho. En la provincia de Buenos Aires el derecho a la vida y a la propiedad privada son dos cosas que no se discuten», remarcó, por si no lo habían entendido, el pretendido Bolsonaro criollo del Frente de Todos, que en las redes se instala con discurso represivo y marcial.
«El que toma tierras en la provincia de Buenos Aires irá preso», aseguró Berni.
Por su parte, el ahora ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, que es el encargado de llevar adelante las reuniones de negociación con los delegados y delegadas de las 2500 familias de Guernica, recientemente salió a instalar en los medios que la toma es organizada por “grupos violentos”, criminalizando a las organizaciones sociales que acompañan a las familias.
Por su parte, desde la asamblea de la toma denuncia maniobras gubernamentales para romper su unidad: “quieren apretar individualmente a las familias. Comenzaron con intentos de coimas y sobornos, en algunos casos ofreciendo $45 mil para que se retiren”. La Gremial de Abogados y Abogadas, representante legal de las familias, apunta contra el gobierno provincial, el ministro de Seguridad Sergio Berni y la intendenta de Presidente Perón Blanca Cantero: “serán responsables directos de la represión”, en el caso de que decidan avanzar con el desalojo represivo planteado para el 15 d eoctubre.
En tanto, desde la misma toma hay una solución viable, y que se ajusta a la ley: la Comisión de Urbanismo – conformada por arquitectos, arquitectas, geógrafos y geógrafas graduadas y estudiantes de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) -, que asesora a al cuerpo de delegados y delegadas de las 2500 familias de la toma de tierras de Guernica, y a las organizaciones que las acompañan, presentaron al gobierno de Kicillof un proyecto de urbanización de lo que hoy es una toma de tierras. «Se propone la creación de un barrio de 145 manzanas que incluyen espacios públicos, equipamientos, paseos ribereños y podría alojar las 2500 familias. La propuesta de urbanización se apoya en las herramientas que dispone la Ley de Acceso Justo al Hábitat (Ley 14.449), aprobada en noviembre de 2012, la cual brinda un marco para el abordaje de las problemáticas de tierra y vivienda en la Provincia de Buenos Aires. El otro sector es un área de unas 57 hectáreas que son parte de los terrenos de una gran parcela de 360 hectáreas. pertenecientes al emprendimiento de barrio cerrado impulsado por Bellaco S.A., el cual actualmente ocupa una parte. Se propone aplicar el artículo 51 de la Ley 14.449, la cual plantea que los considerados ‘Grandes Emprendimientos Inmobiliarios’, deben ceder el 10% de la superficie total», detalla el proyecto.Sin embargo, a pesar de la voluntad de diálogo y de haber participado de todas las mesas de negociación, tanto los delegados y delegadas de las familias, como la Gremial de Abogados y Abogadas que las representa, no han obtenido aún de parte de Larroque ni de Kicillof respuestas ni soluciones concretas para las 2500 familias, salvo que deben desalojar el predio porque se avecina el desalojo, para luego seguir negociando.
En este contexto, los antecedentes de Berni y Larroque en años anteriores, y sus promesas incumplidas en los conflictos del Indomaericano y del acampe qom, no generan un marco de confianza en el gobierno y sus funcionarios, y la pregunta queda abierta: ¿Qué sucederá ahora con las promesas poco concretas qjue recibieron hasta ahora las 2500 familias que reclaman techo y vivienda digna? ¿Correrán el mismo destino que las familias del Indoamericano y del pueblo qom? ¿Qué rol les tocará a Berni y Larroque en este conflicto? ¿Estarán al frente de la represión, realizando censos y prometiendo negociaciones futuras, o resolviendo el problema con voluntad política en las mesas de negociación?