Dánica quiere rebajar los sueldos de forma ilegal a sus trabajadores y trabajadoras
Desde el enérgico objetivo de abaratar su planta salarial, las y los trabajadores de Dánica Llavallol se hallan inmersos en una cruzada hostil iniciada por los dueños de la firma. Para ello se valió de la ejecución de una serie de artilugios, tales como la intensión de cambiar el convenio colectivo, la renuncia de la comisión interna, la aplicación de despidos ilegales y un lock out. Desde el otro lado, además de las medidas de fuerza empleadas para resistir la embestida, a partir de la publicación de una reciente carta, las y los agraviados apelan a la empatía para no perder la batalla. “Necesitamos el apoyo y solidaridad de la sociedad en general, contar con sus oídos y su buena voluntad para que nos escuchen y nos tiendan un puente que nos permita unirnos en contra de las injusticias”, invoca el mensaje, mientras la ofensiva patronal, día a día, continúa. Por Máximo Paz, para ANRed.
Como en el mundo, como en la Argentina, en Llavallol – un pedazo de barrio allá en el conurbano sur bonaerense-, del mismo modo que asoma el sol por las ventanas obreras de la barriada, todos los días se reproducen las sombras de la realidad económica. Es que además de los zorzales que solfean en los árboles de las irregulares veredas, en el suburbio ubicado en Lomas de Zamora los remolinos tristes de la crisis se encuentran como parte de ese paisaje. Por caso, en la planta productora de alimentos Dánica – donde sus empleados asalariados soportan día a día desde hace mucho tiempo el sablazo del ajuste patronal – aparece lo descrito.
El clima de negocios en un país quebrado es obvio: no hay nada que hacer. El que se va, alza su dinero hacia otros destinos. El que se queda, aprieta lo más que puede. Esa única lógica describe al país, describe a Llavallol y describe a Dánica: una compañía productiva privada donde, sobre diciembre de 2018, sus antiguos dueños, la brasileña Avex BRF, en el marco de su plan de reestructuración mundial, decide desprenderse de sus activos en Argentina, lo cual llevó a que el Grupo Beltrán, conglomerado nacido en Córdoba pero convertido en uno de los principales jugadores de la industria cárnica del país, se quedara con la marca histórica.
La firma cuenta con dos plantas, una en Llavallol y otra en Mercedes, provincia de San Luis. Su nombre representa un pedazo del imaginario nacional a través del ícono imborrable de un dibujo de una niña que salta la soga. Allí, Avex BRF venía produciendo más de 10 mil toneladas mensuales de margarinas, aceites desodorizados, mayonesas, aderezos y productos para panificación, con las marcas Dánica, Manty, Delicia y D’fiesta, entre otras. La operación fue por 50 millones de dólares.
No duró mucho algún tipo de luna de miel entre nuevos patrones y antiguos obreros. De inmediato, los burgueses originarios de Córdoba aclararon el objetivo de supervivencia de la acumulación: cambiar a sus obreros de convenio colectivo para pasarlos del que cuentan en Aceiteros (Convenio Colectivo de Trabajo 420/05) al del gremio de Alimentación, con la correspondiente baja de salarios en el traspaso.
Por su puesto, la tenacidad obrera no tardó en colocar sobre la mesa su manifiesto descontento a partir de una serie de medidas de fuerza. La patronal, tampoco. Por ello, destacó una innegable ofensiva cuya punta primordial fue, a manera de fotografía ejemplificadora, la desvinculación de cinco empleados.
No conformes, sobre un día de abril, a primera hora, cuando las y los trabajadores del turno mañana se presentaron en la fábrica para ingresar y mantener la huelga que se desarrollaba en reclamo por los despidos, se encontraron con el portón cerrado. Había un papel colgado. «Planta cerrada hasta nuevo aviso», decía.
Para ese entonces la pandemia se encontraba pegando de lleno. En todo sentido. Más aún en los denominados “trabajadores esenciales”, como los de Dánica, donde la producción, lo mismo que las jornadas, se incrementaron de modo extenuante.
El Grupo Beltrán siguió con su guerra. Por ello apeló a otra estrategia aún más cruel y comenzó a retardar los pagos de salarios. El contraataque, cuya punta de lanza fue el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (SOEIA), fue la denuncia de los despidos ilegales en tiempos de pandemia.
El conflicto no se quedó quieto y concitó una escalada de magnitud. A tal punto que el brete derivó en la intervención del propio Estado, de la mano del gobernador bonaerense Axel Kicillof y el intendente lomense, Martín Insaurralde.
Con la estampa que proporcionan los fueros institucionales, el dúo amenazó con multar a la empresa. Pero luego de ladrar, no mordieron. La solución se trató de un combo benefactor hacia los patrones que incluyó asistencia crediticia, beneficios Repro y la disposición de un Preventivo de Crisis.
Aunque todo volvió a foja cero, la “Paz Social” duró poco. El multi-vitamínico oficial le otorgó a la empresa el espaldarazo suficiente para retomar la senda de los despidos. De ese modo, Lucas Suárez y Hugo Fiorini, quienes ya habían sido desvinculados en abril pasado, recayeron en el puntapié patronal nuevamente.
“Fuimos despedidos por segunda vez en menos de tres meses, nuevamente de manera injusta, sin ningún motivo que justifique nuestros despidos y haciendo caso omiso tanto del decreto presidencial como de la ‘paz social’ firmada con el sindicato unas semanas antes, solo podemos decir que a la empresa les molestamos, por el simple hecho de reclamar por nuestros derechos y el todos ustedes”, expresaron los damnificados en una carta pública.
La patronal no descansó y siguió con su objetivo, mediante la estrategia de persuadir a toda la comisión interna para que renuncie y, así, dejar indefensos a los trabajadores. Lo consiguió. “La Comisión interna representa los intereses de la patronal y hoy renuncia porque no está dispuesta a dar la cara ante semejante arreglo. Decirles traidores es poco”, plasmaron las y los trabajadores en un comunicado ante el insultante hecho originado en plena lucha.
También pudo valerse de las intensiones de modificar las categorías laborales, quitar adicionales y violar la prohibición de despedir en pandemia tras la invención de falsos causales y presionar en forma individual a las y los trabajadores para que sometan al despojo de su convenio y, en consecuencia, sus derechos.
Como si no fuera suficiente, en las audiencias legales mediadas por el Ministerio provincial del fuero, el Grupo Beltrán insistió en su pretensión de desconocer la legislación en curso para avanzar contra el Convenio sin más argumento que su propio peso patronal, en tanto que sus presuntos problemas económicos jamás los pudo demostrar mediante la presentación de balances o documentación alguna.
La voluntad de las y los obreros demostró un esmerado rigor para hacer frente a la investida. Desde el día uno se exigió el cumplimiento del Convenio, la reincorporación de los despedidos, la aplicación de los protocolos sanitarios por el COVID-19 y el pago de las deudas que la patronal mantiene al violar los acuerdos salariales homologados.
Sobre esa marcha, en el día de ayer, una inspección del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires se presentó en Llavallol, y por la tarde, una delegación de trabajadores sostuvo una audiencia con integrantes del cuerpo del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Lomas de Zamora.
“Solo tenemos nuestras manos y nuestro espíritu que no quiere claudicar y que anhela un mañana mejor para nuestras familias y cada trabajador que vive estos atropellos. Necesitamos el apoyo y solidaridad de la sociedad en general, contar con sus oídos y su buena voluntad para que nos escuchen y nos tiendan un puente que nos permitan unirnos en contra de las injusticias”, expresa una reciente carta abierta confeccionada por las y los trabajadores, pedido público que intenta hallar, sobre la solidaridad de sus iguales, una mayor herramienta que aplaque el desequilibrio evidente entre la potencia empresarial y las y los que no quieren perder porque eso significaría hundirse, aún más, en un mundo, una Argentina y un Llavallol en crisis.