Toma de tierra en Guernica: inminente desalojo, criminalización gubernamental y disparos policiales con plomo
Foto: Germán Romeo Pena (ANRed)
Es la toma de tierras más grande de Argentina. La protagonizan 2500 familias sin techo en Guernica, al sur del conurbano bonaerense, sobre las que pesa una orden de desalojo para los días 1, 2 y 5 de octubre. Un símbolo de la crisis habitacional y socio-económica que padecen miles de argentinos y argentinas, agravada por la pandemia. El gobierno de Axel Kicillof, de la mano de su ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, instala que es organizada por «grupos violentos», criminalizando a las organizaciones sociales que acompañan a las familias. La asamblea de la toma denuncia maniobras gubernamentales para romper su unidad: «quieren apretar individualmente a las familias. Comenzaron con intentos de coimas y sobornos, en algunos casos ofreciendo $45 mil para que se retiren». La Gremial de Abogados y Abogadas, representante legal de las familias, apunta contra el gobierno provincial, el ministro de Seguridad Sergio Berni y la intendenta Blanca Cantero: «serán responsables directos de la represión». En este contexto, la peor cara represiva: efectivos de la Policía Bonaerense dispararon balas de plomo contra integrantes de la CTD Aníbal Verón y Corriente Nuestra Patria de Guernica, dejando a uno grave. Antes habían atacado a un comedor de la misma organización y con un operativo impidieron que Médicos del Mundo ingresen a la toma a controlar la situación de salud de sus habitantes. Las familias ratifican su decisión de resistir el desalojo. Por ANRed.
Estimatización y criminalización gubernamental
La toma de tierras de Guernica, en el Partido de Presidente Perón, al sur del conurbano bonaerense, es llevada adelante por 2500 familias, con el acompañamiento de organizaciones sociales. Es la toma más grande de Argentina, sintetiza la grave situación socio-económica y habitacional de miles de argentinos y argentinas, y se instaló como fractura expuesta nacional en la agenda de los medios de comunicación. Y es inminente su desalojo para los días jueves 1, viernes 2 y lunes 5 de octubre, de acuerdo a la orden del juez de Garantías de La Plata con asiento en la localidad de Cañuelas, Martín Rizzo.
Sin respuestas ni soluciones concretas para las familias sin techo, el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, de la mano de su ministro de Desarrollo Social, Andrés «Cuervo» Larroque, busca criminalizar el acompañamiento que organizaciones sociales hacen a las 2500 familias. En esa línea, instaló en varios medios de comunicación que se asiste a «una situación grave e inédita» porque un «grupo de organizaciones políticas que forman parte de la ocupación decidió impedir de manera violenta la asistencia a las familias que se encuentran en el predio, obstruyendo la labor del Estado», en referencia a la gestión interministerial de los gobiernos nacional, provincial y municipal, que este domingo quiso instalar oficinas móviles de atención en la zona, en el marco de un «Plan de Intervención Integral», solicitado por el juez Rizzo, como paso previo al desalojo.
También en Radio 10 Larroque expresó: «un grupo de organizaciones lamentablemente está haciendo una utilización política del conflicto y de la necesidad que tienen miles de personas. Fue una situación bastante violenta». «Uno tiene la preocupación de cómo va a terminar esto si no hay diálogo y colaboración porque las horas corren», dejó entrever de manera sugerente el ministro kichnerista.
Según este medio pudo constatar, varios vecinos y vecinas de la toma no rechazaron las donaciones gubernamentales, sino que pidieron que las dejen en la entrada de la toma para que los y las vecinas las repartan entre las familias. Decidieron hacer eso como forma de poder frenar lo que consideran maniobras el gobierno para partir la unidad de las lucha de las familias.
«La gente quiere tierra para vivir no plata», expresó un grupo de familias en contra de los ofrecimientos de dinero y electrodomésticos para retirarse del predio, algo que vienen denunciando desde hace días como maniobras gubernamentales para dividir y quebrar su lucha por vivienda digna: «quieren apretar individualmente a las familias y debilitar está lucha pero no lo lograrán. Ya comenzaron con intentos de coimas y sobornos, y en algunos casos ofreciendo $45 mil para que se retiren», denunciaron desde la asamblea de familias de la toma. Y agregaron: «utilizan los datos de censo para hacer llamados y visitas a nuestros familiares con el objetivo de amedrentarnos. Queremos una solución, no amenazas de desalojo violento y criminalización de nuestro reclamo que es un problema social masivo».
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En cambio, las familias aceptaron sin reclamos ni enojos las donaciones desinteresadas y solidarias de agua, alimentos y colchones que una inmensa caravana de estudiantes, docentes, trabajadores y trabajadoras de la alimentación y la salud llevaron ese mismo días por la tarde a la toma, como también se pudo apreciar en un video aportado por un corresponsal popular en el territorio.
#FueNoticia #BuenosAires #Guernica Este domingo docentes, estudiantes y trabajadores/as de la salud visitaron la toma de tierras que llevan adelante 2500 familias para construir viviendas dignas. Donaron ropa, colchones y alimentos para las familias. pic.twitter.com/th9kpiV0kf
— ANRed #30Años (@Red__Accion) September 28, 2020
Balas de plomo policiales y clima represivo previo al desalojo
En este contexto, y como clima previo al desalojo, la madrugada del domingo, en un episodio que aún se investiga, desde un automóvil civil, policías bonaerenses balearon a metros de un destacamento policial a un grupo de jóvenes militantes de la CTD Aníbal Verón y de la Corriente Nuestra Patria de Guernica, según denunció en un comunicado la CTD. Dos jóvenes fueron heridos de bala. Leandro Matías Sanchez, de 21 años, resultó gravemente herido y fue trasladado por quienes lo acompañaban al hospital de Guernica, donde se encuentra internado en terapia intensiva, con pronóstico médico reservado. Cuatro efectivos fueron detenidos por el hecho.
«Todavía no entendemos lo que sucedió. En un semáforo los policías se bajaron de un auto blanco y comenzaron a disparar. Por milagro solo uno esta grave, tirotearon todo el auto. Estamos esperando ver las cámaras de seguridad. Las familias están conmocionadas. Leandro fue llevado al Hospital Eva Perón en San Martín. Están buscando un cirujano cardio-vascular. Nos avisaron que quizá pierda un brazo. Entendemos que este ataque sin sentido a los disparos contra nuestros compañeros tiene que ver con la agresión que sufrimos en uno de nuestros comedores el 17 de septiembre», aclaró la abogada Fernanda Pereyra, en diálogo con ANRed, en referencia a la situación vivida por un merendero del CTD el 17 de septiembre, donde efectivos de la Policía Bonaerense amenazaron y golpearon a las cocineras del espacio, una de las cuales sufrió fracturas.
Las advertencias de la posible «cacería» que recaería sobre las 2500 familias que habitan las casi 100 hectáreas y los 3 mil niños y niñas que quedarán expuestas en el caso que se efectúe la represión fueron alertadas en reiteradas veces por los organismos de derechos humanos.
La policía no ha dejado de hostigar a las personas que circulan por los barrios y a quienes se han acercado a brindar solidaridad. Un caso notorio fue cuando un grupo de “Médicos del Mundo”, que realizaba postas sanitarias, fue detenido y enviado a la comisaría sin una excusa clara. Pero fueron cientos las denuncias sobre detenciones, aprietes y decomiso, a veces, de materiales o alimentos para pasar el frio en las casillas.
Los ojos puestos en el gobierno: «serán responsables directos de la represión»
Por su parte, la Gremial de Abogados y Abogadas, que representa a las 2500 familias de la toma, expresó en un comunicado que «nunca patea el tablero en un conflicto«, que hicieron «lo imposible desde el primer día para buscar soluciones fuera de toda violencia y del Código Penal,y que fueron «a todas las convocatorias de gobiernos nacional y provincial», sin conseguir aún soluciones oficiales concretas para las familias, más que se retiren del predio. «Serán responsables directos de la represión», remarcó la gremial en referencia a la falta voluntad política para resolver el conflicto en Guernica por parte del gobierno nacional, el gobernador bonarense Axel Kicillof, el ministro de Seguridad Sergio Berni, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y la intendenta de Presidente Perón Blanca Cantero. Y agregó: «el Gobierno tiene la solución en sus manos y en su gestión. Sólo se necesita la voluntad de hacerlo. Es obvio que no lo hace porque cede a las presiones. Sea por favores, sea por costos políticos. Esto es tan evidente que tanto nosotros como las organizaciones se lo planteamos. Pero parece decidido a reaccionar con represión».
La ocupación de Guernica tiene un conflicto puntual con un barrio cerrado llamado San Cirano, propiedad de la desarrolladora inmobiliaria Bellaco S.A.. La urbanización de lujo ocupa 361 hectáreas, 60 de las cuales están ocupadas por las familias que hace dos meses tomaron el predio. La Ley de Acceso Justo a la Tierra 14.449 de la provincia de Buenos Aires habilita a que los Municipios capturen el 10% de cada proyecto inmobiliario de más de 5.000 metros cuadrados para utilidad social. «San Cirano se niega de hacer la sesión de esos terrenos, con los cuales se resolvería buena parte del problema», explica Ricardo Apaolaza, geógrafo e integrante de la comisión de urbanismo de la ocupación de Guernica.
Justamente, hoy al mediodía delegados y delegadas de la toma de Guernica se movilizan a la gobernación bonaerense para acercar una propuesta elaborada de conjunto por los y las delegadas de la toma, las organizaciones sociales y la comisión asesora de urbanismo, que impulsa que las zonas conocidas como 20 de julio y San Martín sean adquiridas por el Estado, dado que no se pudo comprobar la supuesta titularidad de esos terrenos. Esto permitirá la existencia de casi 1.450 lotes. Por otra parte, que se ceda el 10% del predio del proyecto como marca la Ley de Acceso Justo a la Tierrra (Ley 14.449), del barrio cerrado que comprende actualmente los barrios La Unión y La Lucha. Esto permitiría agregar otra amplia franja de manzanas y lotes, con capacidad para albergar el resto de los lotes necesarios para completar la urbanización.
La única verdad es la realidad: la falta de voluntad política
En todo este entramado, la realidad habla por si misma: según el censo oficial en la toma llevado adelante por el gobierno bonaerense, el 90 por ciento de las personas que ocupan el predio de más de cien hectáreas, son personas desempleadas que no pueden enfrentar un alquiler, mientras que medio centenar de ellas son mujeres en situación de violencia de género.
Mientras, la inminente orden de desalojo acucia, la voluntad política para encontrarle una solución no penal ni represiva sigue ausente, y la voluntad de las 2500 de resistir el desalojo sigue vigente más que nunca.