28/09/2020

Cientos de policías para desalojar Guernica: un joven baleado y una cocinera herida tras ataque a comedor popular

Ayer tres policías de la bonaerense dispararon una balacera contra un auto parado en un semáforo en la ruta 210. Los tres jóvenes lograron salvar su vida, aunque Leandro Sánchez de 21 años permanece grave. Todos los jóvenes pertenecen a la organización social CTD Aníbal Verón, la misma que hace unos días sufrió un ataque policial en uno de sus comedores populares, también en Guernica. Mientras cientos de policías entrenan para desalojar el predio con 2500 familias, el gobierno provincial habla de “grupos violentos” y criminaliza la toma de tierras. Por ANRed.


“No se quién gana con este clima enrarecido pero la policía esta más agresiva que nunca”, comentaba una vecina mientras se sabía que un joven que participaba en la toma de tierras a través de la organización de desocupados CTD Aníbal Verón estaba grave por una balacera de disparos que hicieron un grupo de efectivos de la bonaerense sin aviso contra el auto en el que viajaban junto con otro dos militantes. “Hay cuatro efectivos detenidos, y mañana se les tomaría indagatoria. La carátula es homicidio en grado de tentativa doblemente agravado por el uso de arma de fuego por ser funcionarios públicos. Es una locura, necesitamos visibilizar lo que pasó”, comentaba la abogada Fernanda Pereyra. El fiscal que interviene la investigación es Juan Condomí Alcorta, el mismo que pide el desalojo sin dudar en el predio.

Pero el agravante es que la policía atacó un comedor en Guernica de la misma organización el pasado 17 de septiembre: “estábamos terminando de hacer la comida, los compañeros estaban en horario de trabajo porque funcionaba el comedor, y se pararon diez motos de policías del grupo especial. Se bajaron y preguntaron si estaban escondiendo algo. Contestaron que no y se armó una discusión porque solo estábamos bajando comida y ahí quisieron golpear a uno de los compañeros y tratamos de pararlos. En ese momento, nuestra coordinadora Julia fue golpeada y le fisuraron dos dedos. Quisieron entrar y luego se fueron”. El ataque no salió en los medio. Fue una más de las hostigaciones policiales que se fueron sucediendo y que incluyó un ataque de patotas armadas, como denunció la coordinadora de barrios y que casi le cuesta la vida a un joven delegado de uno de los barrios.

Mientras, los vecinos avisaron que cientos de policías practican cómo reprimir la toma de tierras en un polideportivo que está en las cercanías del Hospital Grierson: “están haciendo ejercicios disparando y golpeando a muñecos de trapo. Hay policías que hacen ejercicios con motos. Son muchos”.

Hasta ahora no ha habido propuesta concreta, más allá que las familias denunciaron que aprovecharon los datos del censo para que funcionarios los llamen y les ofrezcan una heladera o chapas o algún subsidio para dejar la toma de tierras: “nos dicen que ya está perdida y nos amenazan que vamos a comernos una causa penal y que la vamos a pasar mal, que agarremos lo que podamos y que nos vayamos de forma voluntaria. Pero nosotros queremos un poco de tierra. No podemos pagar alquiler necesitamos un lugar donde vivir”, comentaba a ANRed una vecina del barrio La Unión. (Leer: aprietes a médicos del mundo en Guernica).

También hubo declaraciones a cuatro días del desalojo del ministro de Desarrollo, Andrés «El Cuervo» Larroque, diciendo que en la toma hay «grupos violentos», porque las familias se negaron a tratar con una comitiva de funcionarios. Hubo señalamiento de las organizaciones sociales que están presentes en la toma de tierras, puntualmente las «organizaciones de la izquierda», como las llamó la intendenta de Presidente Perón Blanca Cantero, al sentir la incomodidad de no  poder contener a dichas orgas dentro de la interna del peronismo, que se agravó en torno a la oleada de ocupaciones de tierra que empezó en julio y culminó con un disciplinamiento detrás de la línea Massa-Berni y con el apoyo de intendentes que pidieron desalojar y criminalizar el fenómeno.

Incluso señalaron al Movimiento Evita como promotor de ocupaciones, algo que inmediatamente salieron a desmentir sus referentes. Lo inquietante es que la interna atravesó una crisis en el Ministerio de Seguridad bonaerense, cuando una sublevación policial dejó pendiendo de un hilo la continuidad de ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni, quien días después descabezó a parte de la cúpula policial, preservando al jefe Daniel «fino» García.

Hoy hubo una movilización a la gobernación en La Plata pidiendo que se tome la propuesta para que el grupo inversor El Bellaco S.A., que es el principal denunciante y promotor del desalojo para realizar en esas tierras un country, ceda, de acuerdo a lo que dictamina la ley 14449, un 10% de las tierras del proyecto inmobiliario para que vivan las familias de la toma.

Las organizaciones sociales emitieron un comunicado expresando que el gobierno provincial sigue sin respuesta: «las vecinas y vecinos tenemos un plan: Kicillof no da respuesta. Luego de semanas esperando en vano que el Ministerio de Desarrollo y la Subsecretaría de Tierra proponga una solución concreta, las vecinas/os de Guernica nos movilizamos a la Gobernación con centenares de personas, vecinas/os de otras tomas, y con el acompañamiento de organizaciones de DD.HH. y sociales para presentar nuestra propia propuesta técnica al reclamo de tierras para vivir de nuestras 2500 familias. A pesar de esto, y a tres días del desalojo, Kicillof se negó a recibirnos. El Gobierno tiene la solución presentada por las vecinas/os sobre la mesa, pero aun así se niega a abrir una mesa real de urbanización, siguen apretando las familias del barrio y sostiene el desalojo con la misma policía que hace unas horas baleó a un militante en Guernica que realizaba una actividad política. Como agravante, el gobierno reconoció que una parte de los mismos predios que van a desalojar reprimiendo a las familias estarían destinados a un futuro ‘plan’ de urbanización. Y por otro lado, siguen defendiendo los intereses inmobiliarios del Bellaco SA, haciendo la vista gorda con el incumplimiento de la ley 14.449 de Acceso justo al Hábitat. Reclamamos la suspensión inmediata del desalojo, y apertura de una mesa real de negociación», expresaron.



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