Lanzan petitorio para que universidades nacionales rechacen el desalojo de 2500 familias en Guernica
Estudiantes, docentes, no docentes, becarios, becarias, graduados y graduadas de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) y del Ciclo Básico Común (CBC) de la UBA de Avellaneda impulsan un petitorio para que la comunidad educativa universitaria de la provincia de Buenos Aires se sume en conjunto y de manera masiva al rechazo al desalojo de 2500 familias que toman tierras en Guernica, al sur del conurbano bonaerense, para construir viviendas dignas, sobre las cuales pesa una orden judicial de desalojo para los días 1, 2 y 5 de octubre. «Exigimos a las autoridades de estas universidades y centros de estudiantes a que se pronuncien en contra del desalojo. Repudiamos el hostigamiento policial que están viviendo constantemente las más de 2500 familias y 3000 niñes que están tomando las tierras porque se quedaron sin un techo donde vivir. Como comunidad educativa nos ponemos en estado de alerta y movilización. El derecho a la vivienda se encuentra reconocido en nuestra Constitución Nacional y en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Argentina», sostienen. Por ANRed.
Con el título «Que la comunidad educativa de la UNLa, UNQ, UNLZ, UNAJ, UNDAV y el CBC Avellaneda rechacen el desalojo a las familias de Guernica», estudiantes, docentes, no docentes, becarios, becarias, graduados y graduadas de esas instituciones universitarias lanzaron un petitorio (al que se puede acceder por aquí) para que la comunidad universitaria de la provincia de Buenos Aires se pronuncie de manera masiva en apoyo a las familias que toman tierras en la localidad de Guernica, al sur del conurbano bonaerense, para construir viviendas dignas ante la crisis habitacional, agudizada por la pandemia, y sobre las cuales pesa una orden de desalojo que la justicia pasó de los días 23, 24 y 25 de septiembre para los días 1, 2 y 5 de octubre.
«Exigimos a las autoridades de estas universidades y centros de estudiantes a que se pronuncien en contra del desalojo. Repudiamos el hostigamiento policial que están viviendo constantemente las más de 2500 familias y 3000 niñes que están tomando las tierras porque se quedaron sin un techo donde vivir. Como comunidad educativa nos ponemos en estado de alerta y movilización», sostienen en el petitorio.
Asimismo, remarcan: «defendemos el derecho a una vivienda digna para las miles de mujeres que con sus hijas e hijos están viviendo a la intemperie y sin recursos básicos en medio de la pandemia escapandose de la violencia machista en sus hogares. Bajo la consigna de #NiUnaMenosSinVivienda las mujeres de la toma apelan a la solidaridad de las millones de mujeres y la diversidad sexual que fueron parte de esa marea que impulsó en Argentina el reclamo elemental para terminar con la violencia hacia las mujeres y también adoptó como propia la pelea por el aborto legal».
En la misma línea, agregan: «por todo esto, vemos la necesidad que las autoridades de las universidades antes mencionadas se pronuncien a favor de estas familias de Guernica, pero sobre todo y de los 3000 niños que están sufriendo una vulneración total de todos sus derechos. No se puede ser indiferentes a lo que sucede en la sociedad, queremos respuestas públicas frente a esta problemática», afirman.
«El derecho a la vivienda se encuentra reconocido en nuestra Constitución Nacional y en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Argentina – amplían – La vivienda adecuada fue reconocida como parte del derecho a un nivel de vida adecuado en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25) y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art 11), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 17), la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 16, 1 y 27.3) y en la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (arts. 9 y 28)».