20/09/2020

Monumentos del despojo: evidencias patrimoniales de la usurpación en el sur Mendocino.

Dos Mapuches tomando mate en la zona pampeana hacia 1890 (Fotografía procedente del Archivo General de la Nación (Inv 303579)

Dos Mapuches tomando mate en la zona pampeana hacia 1890 (Fotografía procedente del Archivo General de la Nación (Inv 303579)

En el contexto de debate nacional sobre toma y recuperación de tierras, la legislatura mendocina dio media sanción a una ley que prevé la quieta de beneficios a usurpadores de tierras, presentado por el diputado Jorge Difonso del Frente Renovador, ex intendente de San Carlos. Este artículo presenta un repaso sobre algunos bienes mendocinos declarados como “patrimonio nacional” que constituyen, como evidencia material, el proceso de despojo que sufrieron las poblaciones originarias del territorio cuyano. Hacia finales del siglo XIX, la unificación nacional “a palos” y la consolidación del Estado liberal aseguraron la fractura del espacio indígena autónomo, anexando por la fuerza ese territorio, desintegrando las comunidades y repartiendo el botín de guerra entre las oligarquías nacionales. Las fuerzas armadas del flamante Estado Argentino operaron como fuerzas de ocupación de un territorio que no conocían y sobre el que no ejercían soberanía alguna. Hoy en día se evocan, con pomposos ribetes nacionalistas, versiones edulcoradas del pasado, que se activan en esas ruinas. Se celebran fundaciones, se vitorean avances de la civilización sobre la barbarie y se proclama la Patria triunfal. Pero esos vetustos muros que quedan en pie, esos retazos de pisos empedrados y esquinas apenas insinuadas, también han sido testigos de la sangre derramada para conseguir todo eso. Por Emiliano Araujo para ANRed


 En sus tesis sobre filosofía de la Historia, Walter Benjamín declaró: “Los respectivos dominadores son los herederos de todos los que han vencido alguna vez. La empatía con el vencedor resulta siempre ventajosa para los dominadores de cada momento”.

Esta afirmación parece sumamente apropiada cuando tratamos de rescatar del pasado héroes, edificios y cualquier testimonio que resulte fundamental para legar a las generaciones futuras. Esos elementos que sobreviven el paso del tiempo, esos “hitos” que representan periodos de nuestra historia, son los que comúnmente denominamos “bienes patrimoniales”. Pero, ¿quién determina lo que es Patrimonio? ¿Qué importancia tiene? El patrimonio histórico constituye hoy un ejemplo de “selección”, por parte de las clases dominantes, de aquellos elementos que tienen que perdurar; y el Estado, a veces con mucho o con poco tino, opera para garantizar el cuidado y la protección de estos bienes.

Creada durante el gobierno de Ortiz en 1938, e impulsada por ley Nacional 12.655 en 1940, la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares históricos, es hoy la institución encargada de: catalogar e incorporar al acervo patrimonial, obras patrimoniales de la nación, ejercer la superintendencia de los bienes declarados, brindar la asistencia técnica para la conservación y restauración de los monumentos, y difundir y concientizar sobre el patrimonio nacional.

Solo fronteras en sus cabezas.

Apenas establecida la invasión española en Mendoza, hacia el siglo XVI, comienza un intermitente proceso de expansión hacia el sur, en una confrontación con los pueblos originarios de etnia Pehuenche y Puelche. Estos grupos les disputaron a los recién llegados, palmo a palmo, el territorio. El conflicto sociopolítico e interétnico empezó a tornarse cada vez más complejo y con el correr del tiempo surgió -no solo en Mendoza sino en toda el área del cono sur- un trazado, una línea imaginaria que separaba dos lógicas y marcaba el límite donde cada una de estas formas ejercían su soberanía. De un lado, la lógica capitalista de carácter mercantil y colonial; y del otro, la multiplicidad de manifestaciones políticas originarias, que llamaremos Territorio indígena Autónomo.

Plano general de la nueva Linea de Fronteras sobre la pampa construído por orden del Exmo Señor Ministro de Guerra y Marina Cnel Dn Adolfo Alsina 1877.

Plano general de la nueva Linea de Fronteras sobre la pampa construído por orden del Exmo Señor Ministro de Guerra y Marina Cnel Dn Adolfo Alsina 1877.

La línea divisoria de estas lógicas pasó a denominarse Frontera Sur, pero bajo ningún concepto debemos entenderlas como algo fijo, rígido y estático; se trataba más bien de una banda móvil que fluctuaba por el espacio, con avances y retrocesos, y que generaba más que diferenciación entre los mundos: un encuentro donde se establecían intercambios, pero donde también se intensificaban los enfrentamientos.

La línea de fronteras estaba materializada, eso sí, por un edificio característico que, sin lugar a dudas, simbolizaba el carácter generalizado que la lógica colonial quería imprimir sobre “las alteridades culturales”: El Fuerte, ese emplazamiento de carácter militar y defensivo cuya función era resguardar la frontera de los ataques indígenas de aquel territorio, indómito, llamado por aquel entonces “Tierra Adentro”.

Cuatro bienes patrimoniales, cuatro evidencias del despojo.

En Mendoza, durante el siglo XVII y el siglo XVIII, la corona española aseguró su frontera 200 kilómetros al sur de la ciudad cabecera. Esta obra se le reconoce al comandante Amigorena, que estableció una política de alianzas y confrontaciones con las diversas parcialidades del pueblo Pehuenche.

En el Valle de Uco, se hallan en la actualidad los restos de una estructura de adobe que, a modo de bastión, se levanta como testimonio de lo que fue el Fuerte de San Carlos[1], establecido en ese punto hacia 1770. Hoy en día, el sitio es más famoso por las horas que el general San Martín estuvo en reunión con los Pehuenche, que los cientos de años que funcionó para marcar el límite entre el espacio de jurisdicción de la colonia y el que le correspondía a las parcialidades indígenas. En torno a ese edificio se levantó la villa homónima, que actualmente es la cabecera departamental de San Carlos. Se puede afirmar que, durante todo el periodo colonial, al sur de ese punto, el Huinca, “el hombre blanco”, no ejercía ninguna soberanía.

A principios del Siglo XIX y a punto de estallar el proceso de independencia, la línea de fronteras se trasladó aún más hacia el sur por iniciativa del Marqués Rafael de Sobremonte, por entonces gobernador intendente de Córdoba del Tucumán. Sendas extensiones de territorio fueron arrebatadas a los pueblos indígenas en ese acto, y como corolario de este despojo se fijó, a orillas del río Diamante en 1805, el Fuerte de San Rafael[2]. Nuevamente, un emplazamiento fortificado de carácter militar para asegurar los avances sobre el territorio indígena autónomo.  Hoy en día, se encuentran restos de torreones, muros, pisos, habitaciones y gran cantidad de restos materiales rescatados por el trabajo arqueológico. En 2017 se realizaron intervenciones de conservación y puesta en valor de este sitio que, al igual que en el caso de San Carlos, aseguró el establecimiento de la ciudad más grande del sur provincial y la configuración del departamento que hoy lleva su nombre.

Restos del Fuerte de San Rafael. Monumento Histórico Nacional por Decreto N°137.846/1942 (Monumentos históricos nacionales y otros bienes declarados de la República Argentina. Edición Digital 2009).

Restos del Fuerte de San Rafael. Monumento Histórico Nacional por Decreto N°137.846/1942 (Monumentos históricos nacionales y otros bienes declarados de la República Argentina. Edición Digital 2009).

Las luchas civiles que caracterizaron gran parte del siglo XIX, y en las cuales la provincia fue protagonista, frenaron por un tiempo el avance de la frontera, y hasta retrocedió en algunos momentos, por la iniciativa política de algunas figuras indígenas.

Tal es el caso de la experiencia política de la Confederación de Salinas Grandes, cuya figura más representativa, Juan Calfucurá, quien logró revertir el proceso de despojo al que venían siendo sometidas las parcialidades Mapuche, entre 1854 y 1872. La vulnerabilidad criolla se evidencia porque, durante esta etapa, los fuertes se concentran hacia el este y no hacia el sur. En Mendoza, la línea de fronteras se fortaleció con un rosario de pequeños fortines, siguiendo las márgenes del río Diamante hacia los límites con San Luis, no ya con el objetivo de continuar la ofensiva sino más bien de, por una parte, “contener” los malones que venían desde el territorio indígena autónomo, y por el otro lado, sofocar los levantamientos de las montoneras que se resistían a la implementación del Estado Nacional liberal. La potencial alianza entre montoneras e indígenas fue la pesadilla con que la casta política y militar argentina tuvo que lidiar durante este período.

Hacia finales del siglo XIX, la unificación nacional “a palos” y la consolidación del Estado liberal aseguraron la fractura del espacio indígena autónomo, anexando por la fuerza ese territorio, desintegrando las comunidades y repartiendo el botín de guerra entre las oligarquías nacionales. Las fuerzas armadas del flamante Estado Argentino operaron como fuerzas de ocupación de un territorio que no conocían y sobre el que, obviamente, no ejercían soberanía alguna. Así, entre 1879 y 1881, la cuarta división del ejército, al mando de Napoleón Uriburu y Rufino Ortega, aceleró la ofensiva hacia el sur, marchando a sangre y fuego sobre cualquier connato de resistencia. Como premio por ese despojo, el bando vencedor recibió tierras para explotar, estancias que fueron puestas a producir con la fuerza de trabajo de los grupos vencidos.

A más de cuatrocientos kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza, se encuentran hoy en día los restos del Fortín y Molino de Malargüe[3], y el complejo Orteguino, un conjunto de estructuras que dan testimonio de lo que fue el casco de la estancia otorgada por ley provincial, en reconocimiento por los “logros” militares contra las poblaciones indígenas. A esta altura, ya no resulta extraño que el mismo sepulcro[4] donde se encuentran los restos del del TTe Coronel Rufino Ortega constituyan también parte del Acervo patrimonial de la provincia de Mendoza, con declaratoria nacional.

Restos del Fortín de Malargüe. Monumento Histórico Nacional por Decreto N° 8807/1962 (Monumentos históricos nacionales y otros bienes declarados de la República Argentina. Edición Digital 2009)

Restos del Fortín de Malargüe. Monumento Histórico Nacional por Decreto N° 8807/1962 (Monumentos históricos nacionales y otros bienes declarados de la República Argentina. Edición Digital 2009)

Si partimos de la base de que la frontera es un concepto que separa dos espacios, resulta evidente el despojo territorial del que fueron víctima los pueblos originarios, ya que el desplazamiento de ésta hacia el sur dejó sin funcionalidad la que quedaba atrás, y al marcar cada nueva línea de frontera con destacamentos militares, se pone de manifiesto, sin lugar a dudas, una usurpación sobre el territorio no controlado, una apropiación por la fuerza, lisa y llana.

Hoy en día evocamos con pomposos ribetes nacionalistas versiones edulcoradas del pasado, que se activan en esas ruinas sobrevivientes al paso del tiempo. Celebramos fundaciones, vitoreamos avances de la civilización sobre la barbarie y proclamamos la Patria triunfal. Pero esos vetustos muros que quedan en pie, esos retazos de pisos empedrados y esquinas apenas insinuadas, también han sido testigos de la sangre derramada para conseguir todo eso: las ejecuciones sin juicio a desertores y prisionerxs, las mujeres traídas compulsivamente desde los poblados cercanos, o directamente raptadas de las tolderías para satisfacer los apetitos sexuales de la milicia, y las condiciones infrahumanas que vivían a diario lxs habitantes de esos emplazamientos. Esas ruinas son sin lugar a dudas evidencias del despojo, y aun así los definimos como bienes patrimoniales. ¿Es justo que éstos sean los únicos bienes patrimoniales?

Mendoza no posee a la fecha ningún elemento que represente la resistencia de los pueblos originarios y que merezca este título. No hay sepulcros y no hay estatuas que conmemoren a lxs referentes indígenas. Y apenas quedan retazos demasiado dispersos como para rescatar del anonimato a sus protagonistas.

 

[1]                        [1] (Lugar Histórico Nacional Decreto N° 4592/ 1951)

[2]                        [2] (Monumento Histórico Nacional Decreto N° 137.846/1942)

[3]                        [3] Monumento Histórico Nacional Decreto N°8807/1962

[4]                        [4] Sepulcro Decreto N°3068/1979

 



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