Proyecto Habitar: arquitectura para la lucha territorial
imagen: Eli Baez
Son un grupo de arquitectes y urbanistas que trabajan para contribuir a una sociedad más justa, ponen sus esfuerzos en la problemática de la crisis habitacional para intervenir en barrios populares «Nos interesa fortalecer los procesos de lucha territoriales para alcanzar el derecho a la ciudad». Entre la proyección intelectual y la militancia territorial. Por Eli Baez para ANRed.
Están colaborando con las familias que recuperan territorio en Guernica. Hay relatos comunes; mujeres que fueron despedidas de sus trabajos, personas que no pueden ya pagar un alquiler, que vivían hacinados, mujeres que huyen por violencia de género, niñeces que buscan ser libres; niñeces que merecen una vida digna, personas que vivían en situación de calle, disidencias abandonadas por el estado hace décadas. Este grupo de persona solo buscan que se garantice un derecho, un derecho humano como es el obtener una vivienda digna.
¿Porque son Proyecto Habitar? ¿Qué significa el proyecto? ¿Porque son arquitectos /urbanistas?
Proyecto Habitar es un colectivo de arquitectes y urbanistas, que trabaja en procesos de transformación urbana vinculados a los barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires. Desarrollamos diferentes procesos: desde asesorías urbanas, consultorios de atención primaria de hábitat, proyectos de espacios comunitarios barriales, talleres por los derechos urbanos (acceso al agua, a la electricidad, a un hábitat saludable) hasta la asistencia técnica a organizaciones sociales para la implementación de políticas públicas vinculadas al mejoramiento del hábitat, en la escala de lo arquitectónico y lo urbano. Un aspecto fundamental es que para llevar adelante esta tarea existan organizaciones sociales o pobladores que, reunides a partir de un problema urbano, están dispuestos a trabajarlo de forma conjunta con otres actores para alcanzar una transformación. El foco en lo colectivo es una forma que resulta necesaria para desarrollar procesos de apropiación por parte de sus protagonistas. Nos interesa fortalecer los procesos de lucha territoriales para alcanzar el derecho a la ciudad.
Llevamos adelante proyectos de investigación que buscan intelectualizar los problemas que existen en los barrios populares y las prácticas que realizamos para transformarlos. Este trabajo intelectual se ha reflejado en artículos académicos, libros, tesis. Nuestras acciones buscan ser un aporte desde el saber disciplinar, por ello nos parece relevante hacer público nuestro trabajo, promoviendo el acceso universal al conocimiento. En el mismo sentido, trabajamos en espacios de enseñanza aprendizaje con la perspectiva de profesionalizar el trabajo en los barrios populares, y que no se trate de tareas voluntaristas que ocupan un espacio marginal en la formación de arquitectes, por la orientación elitista de nuestra profesión. Es necesario que dada su complejidad este sea un trabajo colectivo e interdisciplinario. En síntesis, nos reúne un interés profundo por transformar la injusta desigualdad, desde nuestra práctica, entendiéndonos como trabajadores del hábitat.
¿Como ven la desigualdad que existen entre la amplia ocupación de metros cuadrados por parte de los countries en relación a quienes viven hacinades sin vivienda y no tienen tierra propia?, ¿Cómo relacionar esto con los altos valores de tierra en el negocio inmobiliario y la falta de claridad en la construcción de vivienda? Los procesos de toma de tierras que estamos presenciando estas últimas semanas son un reflejo de las decisiones urbanas que históricamente se han tomado. Hemos reproducido por décadas un modelo mercantil de ciudad que agudiza las condiciones de precariedad e informalidad de las familias más vulnerables. En este contexto de expulsión, la ocupación de tierras es hoy una salida inmediata y desesperada para amplios sectores de pobladores.
El AMBA, que es el territorio donde nosotros trabajamos, tiene una superficie de 3.833 km2 donde viven 13 millones de pobladores. Según los datos del censo 2010, el 0.38% de la población vive en barrios privados que ocupan 300 km2 (1,5 veces la CABA), mientras que el 8.19% de la población vive en villas y asentamientos, sobre una superficie de 64.8 km2. Esta relación asimétrica de acceso al suelo, refleja las posibilidades que tienen unes u otres de gozar del derecho a la ciudad, a una vivienda, a un ambiente sano.
El mapeo de barrios populares en el Área Metropolitana de Buenos Aires nos aproxima a conocer su localización. El AMBA contiene al 23% de la totalidad (son 4416) de barrios populares que ha registrado el RENABAP en 2017 en todo el territorio nacional. Estos barrios populares, se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, con diferentes grados de precariedad y hacinamiento, acceso informal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo. Se han localizado en zonas donde la tierra tiene menor valor de mercado, pero nuevamente, es necesario mirarlos en una relación urbana mayor, observando su proximidad con las centralidades, que son zonas de oportunidad para reproducir renta urbana. La especulación inmobiliaria en estas áreas se encuentra a la orden del día.
El problema de la desigualdad urbana y sus múltiples implicancias en la vida cotidiana de los pobladores de los barrios populares requiere un abordaje complejo y relacional, incorporando otras dimensiones además de la física, que nos permitan desnaturalizar y comprender en que proceso se ha producido esa mancha urbana. Comprender de forma relacional la estructura de la ciudad nos permite visibilizar las acciones que profundizan la desigualdad, y allí tenemos una gran oportunidad para transformar la realidad.
Actualmente existen muchas personas que viven en barrios contaminados y sin servicios; ¿existe una política pública en concreto a estos problemas?
Quienes han tenido la posibilidad de acceder a unos metros cuadrados de tierra para construir su hogar, lo hacen en tierras indudables, sin servicios de saneamiento, lejos de las infraestructuras de servicios sociales; es decir, tierras que lejos están de ser un buen terreno. Estos pobladores, cargan a sus hombros la ardua tarea de hacer de esa tierra un espacio para la vida.
Existe una relación directa entre habitar en barrios populares y el profundo riesgo ambiental que los atraviesa. Esta condición que afecta la vida cotidiana de sus habitantes tiene origen en otras dimensiones propias de una producción urbana que es excluyente: las dificultades en el acceso laboral, las deficientes condiciones de la infraestructura urbana, por mencionar algunas. Con la pandemia, se ha visibilizado la situación crítica que viven las personas que no tienen acceso a servicios básicos como la provisión de agua. En el Barrio 31 de CABA, en el barrio Ferroviario de San Fernando, en las Casitas de La Matanza, y en muchos otros del AMBA el acceso al agua potable es un problema desde antes del aislamiento. Este es un servicio esencial, y frente a un contexto de propagación y aumento de contagios por Covid 19, la imposibilidad de higienizarse y de poseer un espacio de aseo adecuado ha llegado a cobrarse la vida de muchas personas.
Sumado a esto, son barrios que se encuentran en áreas inundables, terrenos con presencia de metales pesados, ubicados a la vera de ríos y arroyos, cercanos a basurales. Esta última característica es una de las más frecuentes, con la falta de controles y quemas permanentes, ocasiona problemas de salud graves en les pobladores.
Estas situaciones cotidianas que requieren de un esfuerzo diferenciado para sobrellevarlas, han sido naturalizadas como parte de un proceso social de construcción histórica, en base a parámetros estructurales alejados de las posibilidades reales de la población, y que entonces producen y reproducen la desigualdad urbana. Si bien durante estos meses de aislamiento se han implementado algunas políticas públicas, principalmente de desarrollo social, para resguardar las condiciones de salud de les pobladores de los barrios, estas no han suficientes para contrarrestar esta situación desigual, que se acrecienta en el contexto de las tomas de tierras.
Ante la falta de políticas públicas, las personas siguen exigiendo el derecho a la vida, y cuando ponen en el centro los derechos, el estado criminaliza, ¿cómo lo ven?
La demanda por parte de la población por el derecho a la vivienda es un acto totalmente necesario. Frente a la cuestión de la toma de tierras, la intervención del Estado no debe basarse en acciones punitivas, omitiendo la función social de la propiedad y negando el derecho a una vivienda adecuada para todes. El problema hoy no es la ausencia de políticas públicas de hábitat, sino de que en alguna medida estas continúan siendo inalcanzables para la población más vulnerable.
Para estos sectores el Estado debe abordar con urgencia una reformulación e implementación de políticas y medidas de acción directa dirigidas a garantizar el derecho colectivo a un hábitat digno. La existencia de un Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y de una Secretaria de Integración Socio Urbana gestionada por las organizaciones sociales, son ámbitos de oportunidad para desarrollar políticas públicas apropiadas que transformen esa situación de desigualdad urbana. Algunas iniciativas como el Plan Nacional de Suelo Urbano puede ser también un diferencial en el acceso al hábitat.
¿Cómo ven las recuperaciónes del territoriales, la socialización en tanto y cuanto el proyecto de un barrio en progreso?
La recuperación y apropiación del territorio y el trabajo sostenido que realizan les pobladores para autoproducir su hábitat no está socialmente reconocido como tal, a pesar de representar una actividad que ocupa a millones de personas, que moviliza múltiples recursos y que desde el inicio de nuestra historia, transforma el territorio.
Este modelo de construcción social es injusto, se sustenta con el trabajo oculto e invisibilizado, y es una de las múltiples manifestaciones de la desigualdad que podemos encontrar en los procesos de producción de nuestras ciudades. Como arquitectes y urbanistas, la restitución histórica de estas omisiones nos moviliza a pensar en el desarrollo de procesos apropiados consciente y colectivamente, que promuevan la universalización de conocimientos y la construcción de políticas públicas que incluyan los problemas territoriales de forma situada, y un acompañamiento técnico-profesional a la altura de las circunstancias.
Parados sobre estas preocupaciones, desde el colectivo Habitar Argentina y junto a otras organizaciones profesionales, académicas y sociales, hemos promovido la elaboración de un Proyecto de Ley Nacional de Acompañamiento Técnico-Profesional y Público.
Esta propuesta retoma otras experiencias latinoamericanas (Ley de Asistencia Técnica Federal de Brasil de 2008) y locales (Ley Provincial de Asistencia Técnica de Santa Fe de 2019), y se inscribe dentro de un debate sostenido durante años, por múltiples actores en distintos ámbitos: encuentros y prácticas académicas en universidades de todo el país; jornadas legislativas; mesas barriales; consejos de hábitat; encuentros de equipos técnicos y debates en instituciones profesionales.
Entre los principios rectores de la ley, el acompañamiento técnico-profesional se reconoce tanto en la producción de proyectos y obras, como así también en las múltiples dimensiones que inciden en la vida cotidiana. Asimismo, complementa los saberes populares con el aporte de les diverses actores y disciplinas que participan en la transformación del hábitat.
Otro aspecto sustantivo del proyecto es el reconocimiento del trabajo sostenido de técnicos y profesionales en el territorio, posibilitando relaciones de proximidad con la población. Hace 10 años, Proyecto Habitar trabaja la propuesta de promover un Sistema Integral de Atención Primaria de Hábitat (Jaime; Salvarredy, 2011) donde les pobladores puedan recurrir para abordar sus problemas habitacionales.
Hoy, y en medio de la emergencia sanitaria, se hicieron visibles los problemas habitacionales y urbanos con los que convivía la población previamente, y que a pesar de todos los esfuerzos sociales y políticas públicas implementadas resulta muy complejo contrarrestar en tan poco tiempo. Principalmente porque estos problemas son el resultado de un proceso histórico de reproducción urbana que ha excluido a la población, negándole el derecho a la vivienda y a la ciudad. Entre otras propuestas valiosas, entendemos que este proyecto de ley, asociado a las políticas de hábitat, puede aportar a contrarrestar progresivamente esta situación.