Desigualdad: la doble vara en el acceso a la tierra que privilegia a los que más tienen
Foto: Germán Romeo Pena (ANRed).
La criminalización de las tomas y los desalojos son una constante cuando se trata de familias pobres que no tienen donde vivir, pero no sucede lo mismo cuando quien usurpa es un empresario. Las tomas de tierras, que se agravaron en este contexto de crisis, son el resultado inevitable de años de desidia en materia de planificación y políticas públicas para acceder a la tierra y la vivienda. En Argentina más de 4 millones de personas viven en asentamientos o villas en condiciones de precariedad extremas. El déficit habitacional es por un lado cuantitativo y por otro cualitativo, es decir que hay un 56% de casas ya construidas que presentan diversos problemas de calidad y 44% de viviendas que se necesitan construir de cero. Por Daniela Cohen, para ANRed.
En estos barrios el 93,81% de los hogares no cuenta con acceso formal a la red de agua corriente, el 98,81% no tiene cloacas, el 70,69% no cuenta con electricidad y el 98,49% no está conectado a la red de gas natural. Según un informe del 2019 de la Secretaria de Vivienda se reconoce que se deberían realizar 200.000 respuestas habitacionales por año. Pero desde el 2003 al 2011 la cantidad de viviendas terminadas por año fue tan solo 39.357, es decir que no llega ni al 20% de lo que se requiere para dar una solución efectiva al problema.
Para miles de familias, la ocupación de terrenos ociosos es la única salida viable frente a la inacción y la falta de soluciones por parte del Estado. La respuesta a esta problemática es la criminalización, el hostigamiento y los desalojos violentos cuando se trata de sectores pobres. Pero la historia no es la misma cuando se habla de grandes empresarios, terratenientes o inmobiliarias que se han apropiado de forma ilegal y violenta de grandes extensiones de tierra.
Según el Registro de Tierras Rurales, aproximadamente 62 millones de hectáreas en todo el país (35% del territorio Nacional) está en manos del 0,1% de la población, que representan 1.250 terratenientes. 12,5 millones de ellas pertenecen a extranjeros, y casi dos millones son de firmas radicadas en paraísos fiscales.
El argumento racista que se expresa en el famoso dicho: “que se vuelvan a su país”, cuando se trata de extranjeros bolivianos, paraguayos o peruanos, no surte el mismo efecto cuando se trata de estadounidenses, canadienses, italianos o españoles; y esto no tiene que ver con una cuestión de cómo accedieron a la tierra, ya que los grandes empresarios no son precisamente los que más respetan la ley.
Uno de los ejemplos más emblemáticos es el de grupo Benetton, que cuenta con 900.000 hectáreas en Argentina y un patrimonio de 11 mil millones de dólares. Las tierras que posee en la provincia de Chubut, donde se produjo la desaparición forzada seguida de muerta de Santiago Maldonado, forman parte del largo proceso de apropiación que se dio con la llamada “Conquista del Desierto”, campaña mediante la cual el Estado Argentino expandió su territorio exterminando a la población originaria.
Además sus ganancias millonarias se acumulan gracias a la explotación de sus trabajadores. Tiene denuncias por explotación infantil en Turquía y en el 2013 una fábrica de Bangladesh se derrumbó provocando la muerte de 1132 personas y 2500 heridos, por los cuales la empresa no quería hacerse responsable.
Otro de los magnates es Joe Lewis, íntimo amigo del ex presidente Mauricio Macri. El empresario ingles acumula una fortuna de 4.8 billones de dólares y en nuestro país posee 38 mil hectáreas, aunque vive en Las Bahamas. Nuevamente el falso argumento que se utiliza contra las familias pobres cuando se dice que ya tienen otra vivienda (sin importar las condiciones en las que este la misma) no corre de igual manera para un multimillonario que se ha apropiado de miles de hectáreas solo para ir de vacaciones.
Lewis es propietario de las 14 mil hectáreas que rodean el Lago Escondido en la ciudad de Bolsón, provincia de Río Negro. Según la ley los espejos de agua son un bien público y por tanto debería garantizarse el acceso vía terrestre para cualquier persona. Pero hasta el momento, a pesar de que hay una sentencia del máximo tribunal de la provincia, Lewis sigue negándose a abrir el camino.
Esas tierras que pertenecían a los Mapuches y que luego pasaron a ser fiscales, fueron compradas a la familia Montero que las había adquirido mediante usucapión. El proceso estuvo plagado de irregularidades y manchado por la misteriosa muerte de dos integrantes de la familia Montero que se negaban a realizar la venta.
Este tipo de maniobras no son solo potestad de empresarios extranjeros. Un ejemplo nacional es el de Orlando Canido, dueño de la empresa de gaseosas Manaos, quien está acusado de liderar bandas paramilitares en Santiago del Estero y Jujuy para expulsar de forma violenta a miembros de pueblos originarios para desmontar y sembrar soja. Además la AFIP lo investiga por una presunta evasión de 900 millones de pesos.
Otro caso es el de los Blaquier, dueños del ingenio Ledesma y famosos colaboradores de la última dictadura militar. Esta familia que posee más de 157 mil hectáreas en la provincia de Jujuy fue beneficiada el año pasado con una cesión de tierras fiscales, con el argumento de que son parte de una permuta por unas tierras que la empresa había cedido. Pero la realidad es que el Estado ya les había pagado en el 2013.
Por último, están los emprendimientos de barrios cerrados. Según un informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, citado por el CELS “en el territorio bonaerense existen alrededor de 1000 countries y desarrollos similares. De ellos, menos de la mitad están regularizados y tributan lo que corresponde, mientras que hay otros 590 que pagan impuestos como parcelas rurales o baldíos, a pesar de que la mayoría tiene concluida toda su infraestructura”. A esto se le suma que según Edenor en el año 2018 se detectaron 600 urbanizaciones cerradas con conexiones de luz ilegales y que muchos están construidos sobre áreas protegidas o humedales, provocando inundaciones en las zonas aledañas.
Los datos recopilados son una muestra parcial de las múltiples irregularidades en la forma de acceder al suelo por parte de las clases dominantes, pero dejan en evidencia una práctica política ampliamente instaurada, que cuenta con el aval de los distintos estamentos del Estado e instituciones que deberían encargarse de los controles. Lo que se intenta demostrar es que el acceso a la tierra está íntimamente relacionado con una cuestión de clase, con una vara desigual a la hora de establecer la legalidad o ilegalidad de ese acceso, y con una visión sumamente discriminatoria que privilegia al que tiene plata para silenciar, corromper, coimear, asesinar y sobrepasar todas las regulaciones con total impunidad y bajo un manto de anonimato que perpetua la desigualdad.