Caso Franco Isorni: aprietes, amenazas y detención de testigos, todas las sospechas en la Policía

El caso de Franco Isorni muerto en un «accidente de tránsito» en Santiago del Estero cosecha más indicios de un asesinato cometido por las fuerzas policiales. A 14 días del hecho, hay policías identificados por amenazas y golpizas, pero ningún imputado. Ahora se suma la detención de un testigo, quien junto a otros jóvenes había sido golpeado y amenazado por la policía el pasado viernes cuando culminó la movilización de 4 mil personas pidiendo justicia. Este testigo, detenido ayer por la policía, había alertado que el domingo a la noche habían baleado la puerta de su vivienda. Patricia, madre de Franco, denuncia que una camioneta de “investigaciones” la persigue. La defensa recusó a un fiscal por cerrar la causa y no pedir la autopsia. Hay, curiosamente, 50 minutos de imágenes que no se pueden ver de cámaras de seguridad en el lugar del hecho. No hay ningún policía imputado y la nueva fiscal tampoco ha reclamado una autopsia del cuerpo. Por Federico Hauscarriaga para ANRed.

Todo parece indicar que hubo participación policial en el caso de la muerte de Franco Isorni. A las irregularidades iniciales que informamos, se suman las denuncias de aprietes, golpizas y hasta disparos contra testigos del hecho y amigos de la familia. Ayer, Patricia Isorni, mientras era entrevistada por ANRed, informó del allanamiento y detención de uno de los testigos junto a su novia en la comisaria 51 por una supuesta denuncia de amenaza que, según le dijeron, no tiene que ver con Franco. “Esto es una locura, no sé que hacer. Están haciendo lo que quieren. Deberían proteger a los testigos”, explicaba Patricia, preocupada por el destino del joven, en lo que a las claras es un nuevo apriete. El mismo testigo ya había sido amenazado y golpeado por policías el pasado viernes y el día de ayer avisó que la puerta de su vivienda había sido baleada.

Las amenazas, aprietes y golpizas llegaron después de la movilización organizada por familiares y amigos el pasado 4 de septiembre, cuando una columna de ocho cuadras se movilizó por las calles de la capital santiagueña pidiendo justicia. Las cuatro mil personas que marcharon por el centro de la ciudad recibían los bocinazos de solidaridad de los automovilistas. “Mucha gente se solidarizó. El tema es que hay mucho miedo, acá no hay justicia y mucha gente es empleada pública y tiene miedo a perder el trabajo”, cuenta Patricia. A pesar de la magnitud de la protesta, los medios locales no informaron. “Tuvimos una censura total, fue una marcha silenciada. No salió en ningún medio regional ni nacional. Nos ignoró El Liberal, el Nuevo Diario, ni en Panorama”.

La movilización culminó en tranquilidad. “Mucha gente se movilizó y eso lo vimos como un buen indicio, pero las agresiones vinieron después”, afirma el abogado de la familia de Franco, César Berrojo. Como se puede ver en las imágenes y a pesar del carácter pacífico de la marcha, las fuerzas policiales y hasta camionetas de vialidad comenzaron a detener jóvenes con la excusa de ser identificados. Un grupo de amigos y testigos fue emboscado y detenido por efectivos. El joven testigo al que ayer le allanaron su casa denunció que ese día lo persiguieron con motos, lo golpearon y le apuntaron con una itaca. Estaba junto a su novia, quien asegura que fue amenazado para que no hablara sobre la muerte de Franco. “Al terminar la marcha, los jóvenes se retiraron y vieron que en la intersección de Rivadavia y Jujuy la policía los estaba esperando, los empiezan a perseguir y detienen para identificarlos. Uno de ellos se escapa y lo atrapan a 10 cuadras, le cruzan la moto y le apuntan con la itaca. Estaba con  su novia y ahí la amenazaron que si hablaba sobre la muerte de Franco lo iban a matar. En ese momento, la novia me llamó y me contó lo que estaba sucediendo. Los policías, al escuchar que estaban hablando, se fueron. Hay un policía de apellido Coria, identificado como uno de los agresores”, comentó Patricia.

Patricia también relató cómo la policía está hostigando a testigos y a todo el barrio con el patrullaje de camionetas y sirenas encendidas  y define: “hacen terrorismo. Se paran en las puertas de las casas de los jóvenes para atemorizar”. Cuenta que el martes 1° de septiembre fue junto a su hermana a buscar testimonios de gente que vio a Franco ese día y que las perseguía una camioneta de investigaciones, del cual se ve en la imagen. “La gente me dijo que no quería hablar porque tenía miedo. Los jóvenes dicen que son detenidos y amenazados por las camionetas de la policía. Tienen miedo de hablar. Hay una desprotección”.

“Uno de los muchachos con el que me entrevisté tartamudeando me dijo que había sido detenido esa misma mañana por esa camioneta. Luego se llevaron al chico frente a nosotros”.

El 26 de agosto, dos policías golpearon la puerta de Patricia Isorni para informarle que su hijo Franco de 23 años había fallecido en un accidente de tránsito con su moto. Eran las 8:30hs y el parte oficial decía que el hecho había ocurrido por la noche, a las 0:15hs, y que el cuerpo se encontraba en la morgue. (leer)

Al pasar los días, Patricia se cruzó con una joven que le contó que había visto a Franco pasar en moto mientras era perseguido por la policía. Desde ahí Patricia comenzó a sospechar que la muerte de Franco no había sido un accidente.

Comenzaron a verse las irregularidades. El traslado del cuerpo hasta la morgue había sido realizado por una camioneta policial, desatendiendo el protocolo que exige la intervención de una ambulancia y un parte médico, de bomberos o criminalística. Luego, las sospechas por la amplitud horaria entre el supuesto accidente y el horario de llegada (6hs) del cuerpo a la morgue. “Nosotros no sabemos que pasó porque el cuerpo fue llevado a la morgue por la policía, no fue la ambulancia, y tenemos que determinar por qué sucedió eso y no está claro el horario que llegó”, explicó Berrojo.

El pasar del tiempo incrementaba las pruebas de la implicancia policial, como asegura Patricia: “comenzaron a decirnos que habían visto una persecución contra Franco y también nos han dicho que han visto cómo la policía traía la moto de otro lugar y vecinos que escucharon disparos”.

Lo cierto es que cuando criminalística accedió a las cámaras de seguridad instaladas en la avenida donde habría ocurrido el accidente faltan 50 minutos de imágenes, justo en el momento en que se presume el horario de su muerte. “Primero pensamos que eran 10 minutos y hace unos días la nueva fiscal nos confirmó que faltaban imágenes pero por 50 minutos”. Berrojo explicó a ANRed que esperan obtener las imágenes faltantes a través del soporte digital pero que todo es muy sospechoso. Aunque han conseguido imágenes de cámaras privadas donde se constata la presencia policial en el horario del hecho.

Los amigos de Franco, que fueron a retirar pertenencias el 27 de agosto a la comisaria 45, aseguran que la motocicleta de Franco está “entera” en el establecimiento policial. Pero al día siguiente, la motocicleta estaba con roturas. “Apareció la moto de Franco toda rota, como simulando haber tenido el accidente de tránsito que le quieren inventar. Los chicos vieron la moto entera y ahora aparece en este estado. Hasta el tambor de la llave estaba roto”, explica Patricia. La defensa decidió no retirar la motocicleta de la comisaria ante la evidencia de que había sido destruida con “intencionalidad”.

Hay un antecedente clave y es la base de la hipótesis planteada por la defensa: a Franco lo habrían asesinado por venganza. El motivo: una denuncia por “apremios ilegales” realizada contra efectivos de la comisaria tercera el 24 de mayo de este año. Aquel día, Franco tuvo una discusión con efectivos que lo secuestraron y lo golpearon en la calle y en la comisaria, como se observa en un video registrado por una cámara de una vivienda particular. Los oficiales señalados son Matías Camus y Villareal, “aunque también hay un tercero que golpeó a Franco pero no se logró identificar”, sostiene Patricia.

La defensa debió recusar al primer fiscal, Martín Silva, quien insólitamente dio por cerrada la causa a pesar de los crecientes indicios e irregularidades presentes. Silva tampoco realizó el pedido de autopsia que reclamaba la familia y el abogado defensor para determinar las causas de su muerte.

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Imágenes captadas por cámara de la detención de Franco Isorni el 24 de mayo.

A 14 días de la muerte de Franco, recién el viernes pasado se ha apartado a la policía y hay una intervención de Gendarmería Nacional para que sea parte en la investigación, pero todavía la nueva fiscal, Erica Legizamón, no ha realizado el pedido de la autopsia solicitado por la defensa.

“Si en estos días la doctora Legizamón no realiza el pedido de autopsia, deberemos hacer otro pedido de recusación porque queremos saber cuál es el motivo del deceso de Franco”, explicó el abogado y continuó: “queremos una investigación seria y esto ya es escandaloso. Ya hemos apartado a un fiscal y esperamos que la nueva fiscalía logre las pruebas principales, que son las imágenes de las cámaras que pertenecen a la Secretaria de Seguridad y, aunque hay 50 minutos que han sido borrados y que filman el lugar del hecho, esperamos que en la filmación de respaldo del soporte informativo se encuentren las imágenes desde 1:20hs hasta las 2:15hs. El tema es que la fiscaía no nos ha dicho todavía qué es lo que tiene. Otro tema que estamos pidiendo es la realización de la autopsia y todavía la fiscalía no nos ha dado respuesta. La fiscal no se ha pronunciado y ella se ha posicionado en defensa del expediente y es difícil que lo haga. Si es así, avanzaremos con otro pedido de recusación”.

“Nosotros tenemos un elemento de prueba, que son imágenes de una cámara privada que constata la presencia policial en el lugar. Se ve al muchacho y a la moto policial en el lugar. Pero faltan las imágenes de cuando llega Franco al lugar y esas filmaciones las tiene la policía», afirma.

Algunos crímenes policiales en Santiago del Estero

Hablamos con Paola Maldonado, madre de Silvia Maldonado, de 17 años, asesinada de un balazo en la cabeza por un policía de la 5° el 18 de junio del 2019 y nos comentó que en las calles de Santiago es permanente el abuso policial: “Es un horror salir fuera de horario. Pasadas las 18hs te ven en la calle, te levantan o, sino les gustas, te golpean, te disparan. Sin importar si sos niño o anciano. El domingo pasado en el barrio, la policía agredió a un grupo de chicos y los han golpeado; uno estuvo desaparecido y luego quedó en terapia por los golpes. Estaba grave porque tiene líquido en los pulmones. Al hermano le dispararon en el pie con el arma reglamentaria y le han sacado la bala. Están descontrolados. Aquí el Estado no hace nada. Siempre usan las amenazas de muerte y también golpean a los padres para que no denuncien. Es terrible. Desaparecen los pibes y aparecen en los hospitales”.

El 8 de mayo de este año murió Mauro Coronel, de 22 años, padre de cuatro niños y niñas. Había sido detenido el 1°, torturado en la Comisaría 10° y luego falleció en el Hospital Regional. La Red de Organizaciones contra la Violencia Institucional afirmó que la madre “se dirigió a la seccional décima y allí escuchó los gritos de su hijo que venían desde el fondo. Pudo acercarse lo suficiente para ver cómo lo torturaban: tenía una bolsa en la cabeza y lo golpeaban mientras gritaba. Los policías la retiraron del lugar pero siguió escuchando sus gritos por un rato hasta que se hizo el silencio”.

El año pasado, cuatro policías fueron condenado a cadena perpetua y otros cinco agentes a tres y seis años de prisión efectiva por torturar y asesinar al albañil Ramón Vázquez en 2013.

El caso de Darío Perez es escalofriante: en septiembre de 2018 fue aprehendido, golpeado y trasladado a la comisaría 10ª del barrio Autonomía. Luego, la policía le notifica a su familia que había muerto; su cuerpo fue directamente hacia la morgue sin pasar por el hospital en ningún momento. Fue torturado hasta matarlo. Hay cuatro policías imputados y detenidos por homicidio.