Toma de tierras: crisis, negocios y campaña mediática
Toma de tierras en Solano | imagen: Germán Romeo Pena
Una feroz campaña contra “las tomas de tierras” o las “usurpaciones” se ha lanzado desde los medios hegemónicos tradicionales. Infobae, La Nación, Clarín y Crónica, entre otros, operan para movilizar desde el miedo. El despliegue mediático corresponde a la avanzada política de sectores reaccionarios representados en la oposición pero también dentro del propio gobierno. La necesidad habitacional y la pobreza son el teatro de operaciones. Pero detrás de la criminalización se cuelan los intereses de empresarios inmobiliarios y terratenientes que presionan para que el gobierno salga de la “inacción” y reprima. Dos casos son emblemáticos: por un lado, el conflicto en Villa Mascardi, Bariloche, en donde una comunidad mapuche ocupó un predio ambicionado por empresarios ligados al turismo; por el otro, el de la localidad bonaerense de Guernica, en donde 2500 familias tomaron tierras que reclama un grupo inversor que proyectó en esas tierras un Country&Club. Por ANRed | imagen: Germán Romeo Pena.
A fines de julio apenas se mencionaban algunos sucesos de tomas de tierras y desalojos en el oeste del conurbano y en La Plata. Pero la noticia disruptiva era la ocupación más grande de los últimos años, con casi 100 hectáreas en Guernica, una localidad del tercer cordón del sur del conurbano bonaerense. Las familias no sólo padecieron el ataque de patotas armadas de quienes se adjudican las tierras sino también la criminalización desde los medios que reducían el acontecimiento social que involucraba a más de 10 mil personas desesperadas por construir su vivienda a la “violación de la propiedad privada”, y en sus “noticias” difundían hechos aislados de violencia.
El tema fue cobrando relevancia y se coló en la interna política desde varios frentes: primero, impulsado por sectores de oposición reaccionarios representados por figuras de “Juntos por el Cambio” o empresarios ligados al negocio inmobiliario para presionar por “la inacción del gobierno de Alberto”. Pero a la par, dentro del propio Frente de Todos se reflejó en la interna entre las carteras de seguridad de Buenos Aires y Nación. Sergio Berni, conteniendo al electorado por derecha, mostrando que cabe la mano dura dentro del kirchnerismo y, Sabina Frederich desde el ala progresista, promoviendo “diálogo e inclusión” en los conflictos.
El primero de agosto Sergio Berni, entrevistado por La Nación, informaba que habían “cinco intentos de toma de tierras ilegales cada semana”. El tácito apoyo a la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, para desalojar la toma de Guernica dejaba la pelota en el campo del gobierno provincial. Crujía el Frente de Todos, azuzado también por las desafortunadas declaraciones de Berni ante la desaparición forzada de Facundo Castro Astudillo.
En la segunda semana de agosto, pobreza y pandemia mediante, el tema volvió con fuerza en la agenda nacional, mientras se sucedían nuevos intentos de tomas de tierras. Hubo desalojos en González Catán, Moreno y Pilar, entre otras localidades, y ocupaciones en varios barrios del sur del conurbano. Aparecía en todas las portadas del 11 de agosto las declaraciones del dirigente de Juan Grabois, líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE): “hay una oleada de toma de tierras que se va a profundizar porque la gente no va a querer seguir viviendo hacinada con el coronavirus dando vueltas”, expresó, aclarando que la ocupación de terrenos era un fenómeno nacional que el Estado debía resolver. Esta vez el cruce vino desde adentro, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa salió a relativizar la situación y aseguro que las tomas de tierras «en muchos casos, tiene que ver con situaciones más delictivas».
Para las usinas mediáticas, además de la falta de decisión del gobierno había un problema en la “justicia”, la misma que había “liberado a los presos por la pandemia”, y la que el kirchnerismo trataba de manipular a través de la iniciativa de reforma judicial presentada el 29 de julio en la Casa Rosada. Pero también pendía la crítica contra tres normativas que responsabilizaba al oficialismo y a la “burocracia judicial” como “trabas” para desalojar intrucciones a la propiedad privada. Primero, el DNU 320, resuelto a fines de marzo, que prohibía el desalojo a inquilinos tanto formales como informales. Aunque el decreto tuvo poca eficacia, particularmente a inquilinos informales que no podían pagar alquileres y que serán estas familias quienes protagonizarán las sucesivas ocupaciones de terrenos. Dicho decreto no incluyó las tomas de tierras pero sirvió como señalamiento. Segundo, la ley provincial 15172 y, particularmente, el protocolo para desalojos 707/19, emitido por la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires en abril del 2019 para garantizar un procedimiento que contemple los Derechos Humanos garantizados por la Constitución. “Los alcaldes responsabilizan a la Justicia por la inacción: no hay desalojo posible sin una orden judicial. Los fiscales y los jueces, a su vez, están atados a un protocolo que demora los desalojos una vez consumado”, escribía La Nación en referencia a la resolución 707/19.
Mientras, en Guernica, las patotas volvían con agresiones y el 8 de agosto la policía anunciaba con un despliegue intimidatorio la orden judicial de desalojo para los próximos 15 días. El 13 de agosto, la Gremial de Abogados y Abogadas apelaba la orden de desalojo contra las más de 2500 familias, denunciando que ninguno de los “dueños” acredita la titularidad de las tierras y que no se habían respetado los procesos de defensa. Incluía un pedido de resguardo a los 3 mil menores de edad que habitaban la toma. El principal instigador del desalojo era un grupo inversor, El Bellaco S.A., que desde el 2014 proyecta expandir un Club&Country a todo lujo en el predio. Al día siguiente unas 5 mil personas se movilizaron en una histórica marcha al municipio de Guernica. La intendenta se desligó del reclamo ya que “corresponde al poder judicial” y se comprometía, junto con el comisario zonal, a detener las agresiones. Mientras sucedía la reunión, una patota incendiaba chozas en uno de los barrios y baleaba a uno de los delegados.
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El 17 de agosto se realizaba el “Banderazo #17A” contra la cuarentena, la inseguridad y la reforma judicial. La convocatoria resuelta más en las oficinas de los medios empresariales de comunicación que en la oposición política, expresaba que ya no quedaba ningún resquicio de tregua con Alberto Fernández y se iniciaba otra vuelta al “periodismo de guerra”. Todavía estaba fresco el traspié de la “expropiación de Vicentin” (el 31 de julio, Alberto anulaba el decreto de intervención). La “defensa de la propiedad privada”, argumento que dio la iniciativa a las movilizaciones en apoyo a Vicentin, eran el nuevo ariete contra la amenaza de “las tomas y usurpaciones” y “la inacción del gobierno”. Se catalizaba la demanda de mano dura del empresariado inmobiliario con los sectores de derecha. En la misma semana, el grupo Clarín-Telecom forzaba una devaluación, que llevó al dólar a 133 pesos (un 4% de aumento), comprando bonos AY24 por 2.400 millones de pesos para realizar operaciones con el dólar contado con Liqui y el dólar bolsa.
La presión mediática-empresaria para desalojar las tomas de tierras en la periferia de la urbe catapultó una nueva ofensiva en zonas más codiciadas por el negocio inmobiliario, relacionado con el turismo y tierras vinculadas a la expansión del agronegocio. En el blanco quedaron los pueblos originarios y campesinos que ocupan tierras en el interior del país, que reclaman suyas, y que en algunos casos se hallaban en procesos de diálogo en torno a la restitución territorial, como es el caso de la comunidad Lafken Wincul Mapu del Lago Mascardi. La avanzada contenía también a empresarios inmobiliarios de las ciudades que ven amenazadas sus viviendas ociosas ante la creciente pobreza y desalojos particularmente en el sector de inquilinos informales.
El conflicto en Villa Mascardi se inició con la ocupación en el 2017 por una comunidad mapuche en tierras en manos del INTA. Durante el gobierno de Cambiemos se llevaron adelante varios intentos de desalojo comandados por Pablo Noceti, el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, que culminaron con el asesinato por la espalda del joven mapuche Rafael Nahuel cuando un grupo especial de la Prefectura Naval Argentina, división “Albatros”, ingresó al predio a los disparos. El hecho fue similar a la represión iniciada en el la Lof de Cushamen en Chubut, que terminó con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado el mismo año.
La presión fue tal que envalentonó a los sectores más reaccionarios e interesados en el negocio de esas tierras para gestar una movilización y barrer el proceso de diálogo entre la comunidad mapuche y las instituciones estatales. El sábado hubo una concentración llamada “Banderazo patriótico”, que aglutinó a unos 80 vehículos que pedían mano dura contra los mapuche. Desde la cartera que encabeza Sabina Frederic se denunció ante la fiscal federal Silvia Little para que se investigue la posibilidad de ataques armados desde los movilizados, ya que vía redes sociales se instigaba a cometer delitos con armas. Horas después de la concentración, un grupo no identificado, desde vehículos, realizó disparos contra la comunidad Winkul.
Por otra parte, dentro de la alianza de gobierno y ocupando la presidencia de la Cámara baja, Sergio Massa salió a reclamar desalojos sin contemplaciones contra las familias ocupantes e, incluso, fue más allá el ex-intendente de Tigre, implicado en la concesión de tierras a barrios privados: propuso «quitar beneficios» como el IFE o diferentes programas sociales a quienes tomen de tierras. Hoy, llegó a la Legislatura provincial un proyecto en la misma línea, presentado por Axel Campbell, un ex-funcionario de María Eugenia Vidal. El bloque que pide mano dura es transversal a las fuerzas políticas. Salvo excepciones, los sectores progresistas dentro del Estado asisten en silencio inmovilizados por miedo a tener un traspié político.
Detrás de la nueva oleada de toma de tierras y contra las especulaciones conspirativas, no hay otra cosa que la creciente pobreza que ya alcanzaría un 45%. Un informe del INDEC del último semestre del 2019 sobre 31 conglomerados urbanos reveló que casi un millón y medio de personas viven en hacinamiento crítico y una de cada tres familias en el país tiene problemas de viviendas. Unas 4 millones de viviendas se necesitarían para paliar la situación. La pérdida de puestos de trabajo y la degradación del salario respecto a los desorbitantes precios para acceder a terrenos, es un factor. La falta de políticas públicas para el acceso a la vivienda no discrimina entre gobiernos. Las “toma de tierras” han sido durante décadas la forma de descomprimir el problema habitacional.