Fuerte operativo policial desalojó el acampe de trabajadores en la Algodonera Avellaneda de Vicentín
En la madrugada del día viernes 28 de agosto, un desproporcionado operativo, con orden del Juez Santiago Banegas, efectivizó el desalojo del acampe que hace más de setenta días sostienen los obreros y obreras en la puerta de la Algodonera, perteneciente al grupo Vicentín, en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales. Los trabajadores manifestaron a través de sus redes que «la lucha sigue en pie» y convocaron a una marcha para el domingo 30 de agosto. Por su parte, el Sindicato de Obreros y Empleados y Desmotadores de Algodón de los Departamentos General Obligado y San Javier anunció una huelga general regional que se inicia el próximo lunes en repudio a los hechos y apoyo al reclamo. Por Estefa González para ANRed
En la madrugada del viernes, según cuenta el delegado Cristian Machuca, en diálogo con ANRed, «un fuerte operativo policial, alrededor de 20 patrulleros y 200 efectivos de fuerzas policiales, llegaron con la orden dictada por el juez de desalojar el acampe que sostenemos a un costado del ingreso de la planta Avellaneda, medida que no impide la libre circulación. Fuimos obligados a salir por policías con escudos, empujados hacia fuera del parque industrial».
Siendo las 6, el comisario Cristian Soto, a cargo del operativo, procedió a dar lectura del oficio dictado por Santiago Banegas, de efectivizar en 5 minutos, sin más plazos, el desalojo. «Si no nos retirábamos íbamos a ser reprimidos. Acatamos porque no queríamos compañeros heridos como fue el pasado martes. Es injusto que nos sacaran así, porque no cometimos delitos, fuimos tratados como delincuentes y somos trabajadores que reclamamos por nuestro plato de comida», agregó la delegada Sonia Zanel.
El día anterior, el 27 de agosto, se concretó una nueva audiencia, pedida por el fiscal Alejandro Rodríguez, que solicitó al juez haga cesar el legítimo derecho a la huelga, amparado por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, que el Ministerio Público de la Acusación y las patronales del parque industrial de Avellaneda y Reconquista, entienden como «acto antijurídico». De dicha reunión participaron delegados de los obreras y las obreras representados por el abogado Iván Bordón, el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA), la Asociación Obrera Textil (AOT), Javier Enrique Cabral por la firma Friar, Héctor Vizcay en representación del grupo Vicentín y Luis Maldonado, jefe de la Unidad Regional IX. Luego de cinco horas de audiencia, nuevamente como ya lo había hecho el día 17 de agosto, el juez Santiago Banegas, en función de los intereses patronales, ordenó al Ministerio de Seguridad y al jefe policial Maldonado concretar a la hora 6 del 28 de agosto el desalojo.
Paradójicamente, el punto 1 de la resolución, leída en altavoz policial, antes del amanecer en la puerta de la algodonera, ordenaba el desalojo y el punto tres afirmaba garantizar el derecho al paro de los trabajadores que así lo desearán. «Te dicen que tenés el derecho a huelga. Pero con lo que hicieron hoy, ¿dónde queda ese derecho del trabajador a reclamar por un salario digno? ¿A dónde vamos a hacer la protesta sino es cerca de la algodonera, a la cual pertenecemos?», agregó Cristian Machuca.
El Ministerio Público de la Acusación demostró nuevamente ser expedito en criminalizar, penalizar y reprimir el legítimo derecho a reclamar un ingreso digno. Mientras tanto, sigue impune Héctor Vizcay, abogado y casado con una de las dueñas de la algodonera, por su responsabilidad directa en el ataque que la delegada Sonia Zanel y Lucía Calderón sufrieron el pasado 18 de agosto, cuando él mismo arengó a una patota a atropellar con sus motos a los obreros y obreras. Los empresarios del grupo Vicentín siguen sumando causas por estafas, vaciamiento, fraudes, poniendo en evidencia sus negociados con los distintos gobiernos. «La justicia no actúa de igual manera con estos empresarios. A nosotros nos mandan a reprimir por luchar por un salario, pero nada a los Vicentín, que han estafado a todo el pueblo», afirmó el delegado Machuca a este medio.
«Como el junco que se dobla, pero no se quiebra», los trabajadores y trabajadoras algodoneras llevan más de tres meses reclamando por una mejora salarial, afirman tener ingresos de hambre, por debajo de los 23 mil pesos por mes, alrededor de 116 pesos la hora y estar sometidos a pésimas condiciones laborales de maltratos y exigencias de productividad a cambio de descuentos de haberes. Sostuvieron por más de 70 días el acampe en la Algodonera, llevando su protesta también al parque industrial Reconquista, donde Vicentín tiene algunas más de sus tantas empresas.
Hasta el momento siete audiencias en el Ministerio no han podido resolver el reclamo. La patronal, bajo pretexto de no aceptar la representación de los obreros y obreras por parte del Sindicato de Aceiteros y Desmotadores de Algodón de los Departamentos General Obligado y San Javier, no se sienta a dialogar. El ministro Roberto Sukerman argumentó que no puede usar a la fuerza pública para obligar a comparecer a Vicentín pero claramente puede el poder judicial usar esa misma fuerza para vulnerar el derecho de los trabajadores.
Luego de los hechos del día viernes, los trabajadores informaron a través de sus redes que el reclamo continúa y convocan a una marcha para mañana 30 de agosto: «Los trabajadores de la empresa del grupo Vicentin continuamos reclamando un salario acorde a la canasta familiar. Nuestro objetivo es defender la dignidad de nuestras familias, tantas veces pisoteada por los patrones. Llamamos a todo el pueblo de Reconquista y Avellaneda a sumarse a nuestra demanda. Trabajadores de todos los sectores han expresado su apoyo y respaldo a lo largo del conflicto, ahora podemos movilizarnos en forma conjunta. La clase explotadora es la misma para todos y podemos torcerle el brazo a sus planes de seguir enriqueciéndose a costa de nuestro trabajo y dejándonos en la miseria. ¡Todos a las calles! ¡Alcemos la voz de los trabajadores y el pueblo!»
Huelga general regional
A través de un comunicado, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Algodón de los Departamentos General Obligado y San Javier anunció el comienzo de una huelga general regional para el día 31 de agosto y por tiempo indeterminado. Manifestaron a través del mismo su repudio al desalojo de los algodoneros, que entienden como «hechos represivos y violatorios de la libertad sindical y el derecho de huelga»; al actuar judicial, al que denuncian de ponerse a «disposición de los intereses empresarios»; y a la «absoluta negativa patronal a negociar con los trabajadores, que se suma a las repetidas ausencias convocadas por el Ministerio de Trabajo».
En este contexto, los obreros y las obreras, siguiendo con medidas de la lucha, aguardan la nueva audiencia pactada por el Ministerio de Trabajo para el 1 de septiembre. «Queremos volver a trabajar, que esto se solucione, pero tener salarios digno. Detrás de cada uno de estos 400 trabajadores, hay una familia», expresaron.