Desalojos: amenazan a casas recuperadas, colectivas y tomas de tierras
A pesar que el DNU 320/20 prohíbe algunos desalojos, un gran universo de habitantes queda por fuera del decreto. Además de esta ya escueta protección del derecho a la vivienda, y en el marco de una profunda y creciente crisis económica, la semana pasada se sumaron a la situación de riesgo aquellos desalojos que discurren por juzgados civiles y penales, ante el fin de la feria judicial declarada por la Corte Suprema de Justicia el 16 de marzo de este año. Por Gigi Krein* para ANRed.
El Decreto 320/20, firmado por Alberto Fernández el 29/3/20, estipula la prohibición de desalojos por falta de pago del alquiler según contrato y «congela» el precio de los mismos al valor de marzo de 2020. Estas medidas se extienden hasta el 30/9/20, fecha de finalización del decreto. Desde su publicación, distintas organizaciones hemos manifestado el corto tiempo de garantía para evitar los desalojos, exigiendo que el decreto se prorrogue a marzo de 2021. A su vez, se sumaron algunos reclamos como el aumento de cuotas para pagar el congelamiento y lo eventualmente adeudado por inquilines que no puedan costear el 100% de la renta. Actualmente, el decreto da entre 3 y 6 cuotas, y estima un interés del 2% sobre lo adeudado. En cifras preliminares, se estipula un salto del valor del alquiler en un 150% aproximadamente, entre septiembre y octubre.
La realidad que día a día llega a las organizaciones que luchamos por la tierra y la vivienda en todo el país, es muy distinta al titular de «los desalojos están prohibidos». En particular, en la CABA se reciben denuncias a diario de desalojos, amenazas de desalojos o aumento de los alquileres. Y la solución no es inmediata y requiere una ardua negociación, disponer de dinero para «aclarar las aguas» e incluso así y todo no se ha logrado evitar a veces que familias con niñes, mujeres embarazadas y adultes mayores queden en situación de calle.
A este complejo panorama se le suma que, al levantarse la feria que tuvo paralizados a los juzgados civiles y penales desde el 16/3, se reactivan los juicios por intrusión, ocupación y usurpación. Muchos de éstos pesan sobre tomas de tierras o casas recuperadas y colectivas.
En una gran parte de las casas colectivas y recuperadas habitan personas y familias a quienes no se les ha dado ninguna opción de permanencia y su desalojo pende de un hilo, sin contar con ninguna solución habitacional como alternativa a vivir en la calle. Tambien hay muchos casos de familias (en especial mujeres solas con niñes), que ante la imposibiidad de acceder incluso al mercado informal han optado, ante el riesgo de calle, de vivir en una casa de estas características.
Ante la causa de desalojo, son incontables los casos que les vecines han intentado llegar a acuerdos con los dueños para pagar un alquiler y poder sostener su espacio de vida y desarrollo (centros educativos y de salud, tejidos social, etc), pero como es costumbre la (in)justicia siempre pondera más el derecho a la propiedad privada que el de la vivienda digna. Sumado a esto, varias de las casas han comenzado el proceso de conformación de cooperativas de viviendas, viéndose frustrado por la falta de acceso a la tierra y el desfinanciamiento de programas, como el de la ley 341 en CABA, a cargo del IVC.
En el caso de las tomas de tierra y su crecimiento en contexto de pandemia, se deben a la crisis económica y la dificultad de acceso a un alquiler. Desde el comienzo de la cuarentena se han contabilizado procesos de este tipo en distintas zonas del conurbano bonaerense, principalmente. Muchas familias que fueron desalojadas (a pesar del DNU 320) directamente no tienen otro lugar en donde vivir. Y ante el crecimiento de crímenes y ataques de odio con tintes fascistas contra personas en situación de calle, así como el hostigamiento constante de las fuerzas represivas, no es de sorprender que muchas familias decidan vivir en una comunidad donde todes son afectades por la misma problemática, antes que la exposición y los peligros que representa vivir en situación de calle. Una clara muestra de esto es la lucha que dan 2500 familias en terrenos abandonados hace más de una década en Guernica.
Ante esto, es sumamente necesario que el DNU 320/20 no sólo se prorrogue y se le apliquen los cambios antes mencionados, sino que tenga un real y decidido espíritu de frenar los desalojos en su totalidad. No hay mejor herramienta para demandar esto al gobierno nacional que la organización de les vecines en cada barriada, hotel, pensión y toma de tierras. El caso de Vicentín fue un claro ejemplo de los límites de la administración de Fernández en cuanto a propiedad privada se refiere.
Alertamos que en caso de que los desalojos continúen y se agudicen, no existen programas que atiendan de manera eficaz la situación de calle de cerca de 10.000 personas sólo en AMBA. Por caso, el programa de subisidios habitacionales del gobierno porteño de Larreta, pide requisitos que dueños y hoteleros se dan el gusto de incumplir, como dar presupuestos o recibos de pago de alquiler, o aceptar familias con niñes.
Para abonar a la lucha por la tierra y la vivienda dignas , que no comienza hoy pero certeramente se agudiza en el marco de la actual crisis sanitaria y económica, desde las Consejerías de vivienda junto con vecines y organizaciones impulsamos la campaña #ProhibidoDesalojar. Los pasos acordados en la última asamblea del espacio fueron continuar con las acciones de visibilización, asi como exigir reuniones con gobiernos locales y nacional (específicamente con la Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa). Invitamos a vecines de todo el país, asi como organizaciones sociales a sumarse a la campaña #ProhibidoDesalojar, para lograr el cumplimiento, la prórroga y la ampliación del DNU 320/20.
*Integrante de Concejerias de Vivienda