«Prohibido Desalojar»: organizaciones sociales exigen que se cumpla el DNU y se detengan los desalojos
Distintas organizaciones sociales realizamos una jornada de visibilización en la zona de Constitución, el pasado sábado. El objetivo fue brindar información a los vecinos y vecinas acerca de su derecho a no ser desalojados ni sufrir subas en su alquiler, a la vez que dar un claro mensaje a los hoteleros ante la impunidad que les caracteriza. Consideramos este un primer paso en la campaña #ProhibidoDesalojar a la cual invitamos a todos las vecinas y organizaciones sociales a formar parte. Por Gigi Kein* para ANRed
En la medida realizada el pasado sábado por Consejerías de vivienda, Amigues por las calles, APDH Regional CABA, Secretaría de trabajadorxs migrantes y refugiadxs UTEP y varies activistas independientes, la herramienta que citamos es el DNU 320/20, dictado el 29/3 (9 días después de declarado el aislamiento social, preventivo y obligatorio) por el presidente Fernández. Si bien el mismo frena algunos desalojos y subas de los alquileres, en la práctica muchas de estas situaciones siguen sucediendo. ¿Por qué? Por un esquema en el que confluyen muchas responsabilidades, y pasaremos a listar aquí.
En primer lugar, la mafia hotelera amparada por el gobierno de la CABA, históricamente ha hecho lo que quiso en cuanto a derechos de inquilines y condiciones habitacionales se refiere. Prueba de esto es cómo el COVID ha ingresado a los hoteles familiares sin pedir permiso, donde el hacinamiento y las malas condiciones de habitabilidad hicieron casi imposible contener la ola de contagios. Desde siempre, los hoteleres impusieron las reglas del juego, sin contrato y muchas veces sin recibo, no aceptando alquilar a personas acompañadas por niñes, cobrando valores inflados por piezas muy pequeñas, con cocina y baño compartidos. Sólo por dar un ejemplo, un hotel cobra hoy $ 12.000 mensuales por un ambiente de estas características. ¿Por qué? Porque la precarización se paga. Les inquilines que no pueden acceder al mercado formal por no contar con garantía (o no poder pagar un seguro de caución), recibo de sueldo y el monto necesario que se pide para ingresar a un alquiler, deben someterse a los caprichos de hoteleres y encargados. Muestra de su cinismo es que les vecines migrantes y de la comunidad trans travesti son les más afectades en las situaciones de expulsión y maltrato por parte de esta mafia.
Además de todo esto, y a pesar de existir el DNU 320/20, las organizaciones y organismos de defensa no paramos de recibir denuncias de amenazas de desalojos o desalojos consumados, sin importar que se trate de mujeres embarazadas, familias con niñes o personas mayores o con enfermedades de base. Cabe recordar la injusta muerte de Leonardo Javier Macrino el 7/6, luego de ser desalojado del Hotel La Florida junto con su compañera y esperar en la calle 4 días la atención del BAP que nunca llegó. Estamos cansades de vivir entre tanta impunidad y lucharemos para frenar contra este tipo de muertes lamentables y evitables.
Lo mismo sucede en las villas de toda CABA, donde se desdibuja el emporio no es tan claro, se desdibuja la figura de mafias y hoteleros. Si bien hay conglomerados construidos específicamente para su alquiler, la renta fue la única salida que muchas personas encontraron ante la indigencia. Esto es resultado de la ausencia total de mecanismos de reconocimiento y regulación de la situación por parte del GCBA. Esto ha generado un conflicto creciente entre dueñes e inquilines en las barriadas, donde el nivel de alquiler va en aumento y la inquilinización ya alcanza el 40% y los desalojos y abusos en precios y condiciones habitacionales pasan a ser un problema más, sumado a la dificultad de acceder a servicios y derechos básicos como el agua y la luz.
La crisis que atravesamos ha golpeado fuerte, miles han perdido su empleo y, con los desalojos a la orden del día, asumimos que el número de 7251 personas en situación de calle recabado por el 2° Censo Popular de Personas en Situación de calle ha quedado chico. Las personas en situación de calle han sido les más invisibilizades desde que comenzó la cuarentena, tanto por el gobierno de CABA como por el gobierno nacional, que ni siquiera les nombra en la elaboración del decreto 320/20. Como si esto fuera poco, una oleada de crímenes y ataques de odio hacia elles ya se ha cobrado la vida de una mujer en Constitución y representa un riesgo más, sumado al frío y la pandemia. Los refugios no son una opción, entre contagios y capacidad vacante porque no son espacios que convoquen. Continuos maltratos, familias separadas y una atención no integral terminan siendo rechazados por muches compañeres en situación de calle, cuya supervivencia se hoy a base de la solidaridad de ollas populares y grupos que recorren las ranchadas llevando un plato de comida caliente, abrigos y elementos de higiene.
El principal responsable político de que existan y se reproduzcan estas prácticas es, claramente, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta. No sólo se trata de la inacción ante las injusticias crecientes, como hacer la vista gorda ante la prohibición de alquileres a familias con niñes o habilitar la especulación inmobiliaria en las villas. Sino que a través de años de connivencia con mafias y hoteleros, se han sentado con ellos antes que con las organizaciones sociales para pautar los aumentos de los subsidios habitacionales. Les vecines y organizaciones sabemos que si aumenta el subsidio, aumenta el alquiler en hoteles y pensiones, y en caso de haber accedido al mismo, no alcanza por sí mismo para costear un alquiler. Responsabilizamos directamente al Subsecretario de Fortalecimiento Familiar, Maximiliano Corach, quien desde octubre del año pasado ha recortado el programa de subsidios otorgándolo sólo a personas en situación de calle (imposible de renovar, y siempre y cuando el BAP no considerase que la situación ameritaba derivar a paradores). Esta dinámica perversa de esperar que las familias queden en la calle para poder acceder a un subsidio para EVITAR la situación de calle es una clara muestra de lo vacío e improductivo de este tipo de políticas. En definitiva, estas lógicas se dan bajo la responsabilidad de María Migliore, flamante ministra de Desarrollo Humano y Habitat, a quien parece no importarle o ser completamente superada por las lógicas punteriles enquistadas en la cartera que dirige (tal como la represión por parte de una patota de SUTECBA a trabajadores de ATE Promoción social que reclamaban por mejoras laborales y medidas de protección frente al Covid-19). Finalmente, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) encabezado por Juan Maquieyra no puede hacerse el distraído con toda la dinámica que venimos describiendo. Siendo intermediario de programas de vivienda bajo la estafa de los créditos UVA (como los PRO.CRE.AR de Estación Bs As y Estación Saenz), con reurbanizaciones que no dan respuesta a la situación de los miles de inquilines de las barriadas, y no agarrando la papa caliente del descalabro habitacional en la ciudad “formal”. Creemos que llamarse Instituto de Vivienda de la Ciudad, desde el minuto 0 le imprime una responsabilidad inalienable.
Pero, más allá de toda la cadena de responsabilidades dentro del estado a nivel CABA, creemos que el estado nacional también debe mostrar una mayor decisión a la hora de pensar en quienes sufren de primera mano las reglas del mercado y la especulación inmobiliaria. Más allá de que el GCBA no ha establecido reglas claras de implementación del DNU 320/20 a nivel local, creemos que el decreto tiene aspectos a ser modificados y mejorados.
En primer lugar, se supone que el freno de los desalojos y congelamiento de alquileres será hasta el 30/9/20, fecha para la cual la crisis económica aun no habrá tocado fondo y les inquiles se enfrentarían con un salto de aumento de alquiler cercano al 150% de cara a octubre. Además, ante la clara imposibilidad de saldo de deuda de lo que se fue acumulando hasta entonces, no sería raro atender a una ola de desalojos sin precedentes en todo el territorio argentino. Con lo cual, una primer medida sería extender el DNU hasta el 31/3/21. A su vez, creemos injusto el pago del congelamiento por parte de les inquilines, la cual debería ser política de estado abonarla en calidad de subsidio, o hacerle pagar el valor de la especulación a las corporaciones inmobiliarias. A su vez, proponemos que el tiempo de 3 a 6 meses para pagar en cuotas lo adeudado se extienda a 24 meses para amortiguar el porcentaje de aumento, y que el mismo no conlleve ningún tipo de interés (hoy se calcula en un 2%, a abonar a partir de octubre).
Por último, lo más importante, consideramos que el decreto debe referirse al freno de TODOS los desalojos, no sólo de aquellos por falta de pago del contrato de alquiler. Como describimos más arriba, es enorme la proporción de inquilines precarizades que no pueden acceder al mercado formal de alquiler, que carecen de todo tipo de contrato, recibo, etc. Si bien en un primer momento sectores alineados al gobierno nacional llamaban a la calma diciendo que la relación contractual podía demostrarse de diversas maneras, la experiencia de estos 4 meses bajo el DNU demuestran que inquilines de villas, hoteles y pensiones han sido desalojados sin más, quedando fuera de toda protección que el DNU debería dar. Se suma además la reactivación de los juzgados nacionales (en particular los civiles a partir del 3/8/20), lo cual reactivará los desalojos por causas de ocupación o usurpación. Esos deberían ser frenados también. No se puede permitir que en el contexto actual haya ni una persona más en situación de calle. Y justamente, nos parece importantísimo que una reversión del decreto nombre a las personas en situación de calle, las visibilice y tenga política activa hacia ellas. No puede concebirse que sólo en la CABA haya 138.000 viviendas vacías y decenas de miles de personas duerman en la calle amenazados por el odio social, el frío y la pandemia.
Frente a todos los atropellos, sabemos que el real freno e instauración de medidas superadoras en favor de inquilines precarizades, y familias y personas en riesgo o efectivamente en situación de calle, no vendrán por sí solo en figura de decreto, ley, etc, sino de la lucha y la organización del sector, en un unidad y desde abajo, para enfrentar estas lógicas capitalistas que dictaminan siempre en favor de la propiedad privada por sobre el derecho a la tierra y la vivienda.
Para más información en prohibidodesalojar@gmail.com
* Integrante de las Consejerías de vivienda