Mendoza: las medidas regresivas en DD.HH. en Mendoza serán presentadas en la Corte Interamericana
El Estado argentino y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tendrán una audiencia de seguimiento del acuerdo de solución amistoso, caso 12.532 del año 2003, sobre las penitenciarías en la provincia de Mendoza. En el caso, los abogados de derechos humanos alegan la responsabilidad de la República Argentina por la violación de derechos de los internos a la integridad física, a la salud y a la vida en el año 2003, y por condiciones de hacinamiento y torturas en el año 2004. La respuesta al caso llega en el 2011 con la sanción de la Ley 8284. Por ANRed.
Durante todos estos años el Estado provincial no ha garantizado el cumplimiento del acuerdo, ratificado por ley, en el que se incluía la conformación de mecanismos locales de prevención de la tortura y la creación de la figura de procuración de personas privadas de la libertad. Las medidas de carácter regresivo del gobierno de Alfredo Cornejo y el actual pedido de reforma de Rodolfo Suárez sobre la Ley 8284, junto a los incumplimientos del acuerdo serán objeto de solicitud de medida cautelar para que se establezca un cronograma de cumplimento.
En todo el país la situación de vulnerabilidad en las cárceles y el abuso policial en las calles se ha profundizado durante el contexto de aplicación del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, tal como lo informa CORREPI: “entre el 20 de marzo y el 31 de mayo, registramos 23 casos de muertes en lugares de detención, de los cuales 8 corresponden a comisarías y 15 a cárceles, siempre destacando que no son todos los hechos ocurridos, sino los que hasta el momento pudimos confirmar”, y en las útimas semanas la desaparición de Facundo Castro.
Sin embargo, la situación de hacinamiento, malos tratos, torturas y homicidios en las penitenciarías, como las situaciones irregulares durante la detención en comisarías y la falta de autonomía judicial, son elementos que desde diversos sectores organizados se vienen denunciando y gestando herramientas de detección, visibilización y prevención.
Entre estas herramientas, Mendoza cuenta con la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura u otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes; y el rol del Procurador de las personas privadas de Libertad, como lo establece la Ley 8284 del año 2011. Esta normativa contempla un concurso público de oposición y antecedentes a cargo de expertos en derechos humanos, lo cual garantiza que sea una persona independiente del poder político de turno y la participación de organizaciones civiles en la conformación de la comisión. Entre sus funciones se encuentran las visitas a los establecimientos bajo jurisdicción y control de Estado, detección de casos de tortura, recolección de pruebas, la constatación de la integridad de las personas privadas de libertad.
En lo que va del año 2020 la intervención de la Comisión ha sido clave, su inmediata intervención ha prevenido malos tratos y torturas tal como lo fue en el caso de la represión de la penitenciaría de mujeres el pasado marzo. La presencia y contatación del estado físico de las personas detenidas durante el conflicto de municipales del pasado 4 de julio. El ímpetu del proyecto de reforma que busca la disolución de la comisión y el desmantelamiento del concurso público por oposición se cristalizan en los dichos en las redes sociales por parte de la Secretaria de Derechos Humanos, Luz Faingold, quien justificó la represión, detención y la intervención de la justicia.
Este jueves 23 de julio el Estado argentino tendrá audiencia en la sede de Washington. El estado nacional tiene la potestad de invitar a representantes del Gobierno provincial. Por su parte abogados de Derechos Humanos realizarán las presentaciones de oposición a la reforma de la ley 8284.