21/07/2020

Se realizó el lanzamiento del Juicio Popular a la Deuda y el FMI

Graffiti en la Ciudad de Buenos Aires contra el pago de la deuda externa | Foto: Reuters

El lunes 13 de julio se cumplieron 20 años del fallo del juez Jorge Ballestero, en una causa iniciada a instancias de las investigaciones de Alejandro Olmos sobre la deuda externa y de su denuncia contra el entonces ministro de economía en la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, y otros funcionarios. Un fallo que si bien no tuvo consecuencias penales sí se constituyó en un fundamento jurídico y documental que demuestra los delitos cometidos, comprobados en 477 oportunidades. En el marco del aniversario, la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, realizó un homenaje virtual a Olmos y anunció el lanzamiento del Juicio Popular a la Deuda y el FMI. El tribunal simbólico está compuesto por el Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, la referenta de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito Nina Brugo Marcó, el economista y periodista Alejandro Bercovich, y el abogado, periodista y profesor de Derecho Constitucional y de la Información Miguel Julio Rodríguez Villafañe. El juicio popular comienza el lunes 27 y la sentencia será el 15 de octubre. Por ANRed.


El encuentro virtual contó con la moderación de Demián García Orfanó. El evento comenzó con la proyección de extractos de la película documental “La gran estafa (al pueblo argentino)” de Diego Musiak,  donde se puede ver el testimonio del propio Alejandro Olmos, explicando la perversión de la deuda y los asombrosos resultados de sus investigaciones. La audiencia comenzó siendo de varios cientos y se fue incrementando de a poco, a medida que también fueron llegando los saludos desde distintos rincones del país y de la región latinoamericana.

Luego del documental, el hijo de Alejandro Olmos, Alejandro Olmos Gaona, continuador de las investigaciones de su padre y de sus denuncias, y autor del libro “La deuda odiosa”, del año 2005, explicó a la audiencia las características del fallo del 13 de julio del año 2000, tanto en sus aspectos positivos como en sus ángulos reprobables, donde considero que el juez Ballestero dejó impunes a los responsables.

Luego de la disertación, la economista Beverly Keene, coordinadora del colectivo Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina, relató su experiencia con Alejandro Olmos cuando en los 80′ y 90′ compartieron la lucha contra el pago de la deuda y su participación en diversos espacios nacionales e internacionales de resistencia a la usura, como fue el caso del Tribunal contra la deuda externa y eterna en Brasil, en Rio de Janeiro, en la década de 1990.

Luego, por su parte, la abogada de causas populares e integrante de la Corriente Política de Izquierda, Beatriz Rajland, explicó en qué consistirá este Juicio Popular a la Deuda y el FMI, sus antecedentes en la jurisprudencia mundial, algunos de los conceptos jurídicos y políticos más importantes que lo fundamentan, y la estructura del Juicio Popular. De esa manera, detalló que el mismo estará estructurado en un tribunal de cinco jueces, habrá cuatro fiscales, dos abogados defensores, y testigos, denunciantes del vasto espectro de  movimientos sociales, territoriales, de trabajadores, movimientos políticos, que se irán expresando a través de foros que, desde el próximo lunes 27 de julio, semanalmente irán abordando diferentes temáticas afectadas por endeudamiento, como la salud y el ambiente, el hambre y la soberanía alimentaria, jubilados, extractivismo, trabajo, educación, cultura, mujeres y disidencias, pueblos originarios, hábitat, niños y niñas, jóvenes, energía, tratados de libre comercio y violencias institucionales.

Asimismo, se detalló que el Juicio Popular a la Deuda y el FMI tiene un cronograma tentativo hasta el 30 de septiembre para los foros, con 3, 4 o 5 denuncias semanales; luego la formulación de la acusación por parte de los fiscales, y el 10 de octubre se instalará el juzgado popular y se presentarán las acusaciones y la defensa para, el 15 de octubre próximo, se dicte el veredicto y la sentencia final.

Los jueces de este tribunal popular serán el Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, la referenta de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito Nina Brugo Marcó, el economista y periodista Alejandro Bercovich, y el abogado, periodista y profesor de Derecho Constitucional y de la Información Miguel Julio Rodríguez Villafañe.

«La verdad que es un honor compartir con ustedes esta preocupación que tiene desde hace muchísimos años con Alejandro Olmos – expresó Adolfo Pérez Esquivel – La cuestión de la deuda tiene que ver con lo que fue la política impuesta en América Latina de sometimiento, que costó vidas a los pueblos de toda América Latina y en particular aquí en Argentina con el secuestro y desaparición de personas, torturas, es decir, la deuda no está aceptada, no es un problema económico, es un problema político, y es un problema de dominación».

Por su parte, Alejandro Bercovich expresó: «siento que lo que hizo en su momento Alejandro Olmos, lo que viene haciendo Alejandro ahora también, en estos últimos 20 años, que yo lo vengo tratando muy desde el principio de mi carrera, lo que hace es venir a complementar un trabajo que nos tenemos que dar como sociedad, que es poner en discusión un mecanismo de sojuzgamiento, de sometimiento como decía Adolfo, pero que tiene muy estricta actualidad, que se viste además de distintos ropajes, incluso del ropaje del progresismo».

En la misma línea, Nora Cortiñas recordó la figura de Olmos: «lo recuerdo bien, con mucho cariño. Además, en mi cátedra ‘Poder económico y derechos humanos’, hace muchos años, terminamos entre todos los oradores que tuvimos, panelistas, el recuerdo de Alejandro quedó muy grabado y ya en ese entonces nos contó ese proceso de la deuda de esos momentos. El había nacido en el año 24, en Tucumán, y evidentemente fue muy activo, muy estudioso, y a medida que pasó el tiempo fue creciendo con una preocupación, que era la deuda que tenía la Argentina».

En tanto, Miguel Julio Rodríguez Villafañe, remarcó: «después de haber visto que tuvo que sufrir 18 años para que la Justicia hiciera algo, y que después han pasado 20 años más, o sea, tenemos que hablar de 38 años, que no se ha dicho nada del tema, hoy más que nunca nosotros sabemos que el tema de la deuda es un tema que se maneja con un criterio de oscurantismo. Fijese que en realidad muchos sectores especialmente hablan de la necesidad de la transparencia en el Estado pero lo único que no tiene transparencia es la deuda», sentenció.

Finalmente, Nina Bruno expresó: «he sido convocada porque soy una de las integrantes del movimiento de mujeres, lo cual agradezco que como tal, que tantos años hemos sido silenciadas y tantos años en que nos tocaba el no estar prácticamente en ningún rol importante quienes fuesen sobre todo las principales afectadas por esta deuda son las mujeres en general, y las más pobres en particular, y a las niñas, a los niños, a los adolescentes en que en este momento de la pandemia están sufriendo sobre todo».

Los y las fiscales del juicio popular, en tanto, serán Verónica Heredia, abogada y defensora de los derechos humanos; Carlos Zerrizuela, delegado General de la Comisión Interna del Frigorífico Rioplantense, y candidato a secretario general en la última elección del Sindicato de la Carne de Capital y Gran Buenos Aires; Liliana Costante, abogada, miembro de la Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC), de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y de la Asociación de Abogades de Buenos Aires, fundadora de la Asamblea No al CIADI; y Bruno Nápoli,  historiador, investigador, docente, ensayista, integró el equipo de investigación de la Comisión Nacional de Valores y en 2014 publicó el libro “La dictadura del capital financiero”.

El Tribunal va a iniciar un período de recopilación de denuncias, de testimonios, y para eso se abrió una cuenta de correos: juiciopopulardeuda@gmail.com, de tal manera todos y todas puedan realizar las denuncias o integrarse a la Autoconvocatoria.



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