A 100 días de cuarentena: «registramos 25 muertes en lugares de detención y casi 20 por gatillo fácil»
María del Carmen Verdú (CORREPI) | Foto: Emergentes
La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) realizará hoy a las 18 una charla virtual sobre el caso de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido desde el 30 de abril, luego de ser detenido por la Policía Bonaerense en la localidad de Mayor Buratovich, en el partido bonaerense de Villarino. Contará con la participación de Cristina Castro (mamá de Facundo), Leandro Aparicio (abogado de la familia), Sergio Maldonado (hermano de Santiago), Dante Patrignani (secretario de DD.HH. de la CTA Bahía Blanca), y la coordinación de Ismael Jalil de CORREPI. Charlamos con María del Carmen Verdú, abogada y militante del organismo antirrepresivo, que realizó un panorama de la situación represiva en estos 100 días de cuarentena: «entre el 20 de marzo y el 31 de mayo registramos 25 casos de muertes en lugares de detención, de los cuales 10 corresponden a comisarías y 15 a cárceles. Y son casi una veintena los casos de gatillo fácil que hemos podido verificar desde el 20 de marzo. Repudiamos que se haya puesto en manos de las fuerzas de seguridad la función de garantizar que se cumplan las medidas de aislamiento. Las mismas que desaparecieron a Luciano Arruga, Santiago Maldonado, y ahora a Luis Espinoza y Facundo Astudillo Castro, entre otros casi 200 desaparecidos y desaparecidas en democracia». Por ANRed.
«Preguntamos por Miguel Bru, Andrés Núñez, Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, Martín Basualdo y Héctor Gómez, Sebastián Bordón, Luciano Arruga, el Rubio del Pasaje, Gustavo Gómez, Luciano González, Jorge Julio López, Daniel Solano y dos centenares más. Preguntamos en 2017 dónde está Santiago Maldonado y este año dónde está Luis Espinoza. Hoy volvemos a preguntar: ¿dónde está Facundo Astudillo Castro? Siempre partimos de la misma certeza: la última vez que se los vio, estaban bajo el poder de hecho de una fuerza de seguridad, por eso es el Estado quien debe decir qué pasó y dónde están. Por eso no sólo preguntamos. Afirmamos que el estado es responsable y exigimos saber», sostiene la CORREPI en la convocatoria a la charla virtual que realizará hoy a las 18 en la página de Facebook de la organización: https://www.facebook.com/correpi/.
En este marco, en diálogo con ANRed, María del Carmen Verdú, abogada, militante y referenta de CORREPI brindó un panorama de la situación represiva general, los casos de violencia policial, gatillo fácil y las desapariciones forzadas durante estos 100 días de aplicación de la cuarentena en el marco de la disposición del gobierno de Alberto Fernández del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
«En estos 100 días de cuarentena CORREPI publicó más de 60 reportes y notas, en las que dimos cuenta en las que dimos cuenta de todo tipo de violencias de las fuerzas de seguridad a lo largo y ancho del país, con golpizas, torturas, detenciones arbitrarias, asesinatos, violaciones, desapariciones forzadas, todos hechos en los que han participado policías federales, provinciales, municipales, gendarmes, prefectos y servicios penitenciarios», expresó Verdú.
En la misma línea, con respecto a los casos de gatillo fácil en cuarentena, detalló: «a pesar de las obvias dificultades para poder hacer el chequeo de los casos a incluir en el archivo – es decir, los que culminaron con muerte de personas -, hemos podido reunir suficientes datos como para concluir que el gatillo fácil no disminuyó significativamente a pesar del brusco descenso de circulación de personas en la vía pública. Algunos casos tuvieron basta repercusión, como los fusilamientos de Nahuel Gómez en Temperley el 28 de marzo, el de Gastón Mirabal en Córdoba el 3 de de junio, Rubén Sarson en la Ciudad de Buenos Aires el 27 de abril, Alan Maidana en Berazategui el 24 de mayo, Lucas Barrios en la Isla Maciel el 3o de mayo, Augusto Iturralde el 14 de junio en Plátanos y su amigo Diego Arzamendi, 48 horas después en Berazategui, o los más recientes de Facundo Escalso en el Bajo Flores y Fernando Leguizamón en Quilmes el 22 de junio».
María del Carmen Verdú señaló que la mayoría de estos casos apenas trascendieron en los medios comerciales hegemónicos y cuando lo hicieron fue bajo títulos como «motochorro abatido» o similares, «aunque tengan cuatro balazos o más por la espalda, y las únicas vainas sean de la reglamentaria del oficial», expresó. A pesar de las dificultades para relevar la cantidad de casos en pandemia, Verdú remarcó: «son casi una veintena los casos de gatillo fácil que hemos podido verificar desde el 20 de marzo».
María del Carmen Verdú, en uno de los actos que realiza todos los años CORREPI para presentar el archivo anual de situación represiva.
En cuanto a la situación en los lugares de detención y los de encierro durante la cuarentena, señaló: «el crecimiento exponencial de las detenciones arbitrarias se traduce en un aumento de las denuncias por imposición de tormentos en comisarías, y se refleja también en una mayor cantidad de personas muertas en dependencias policiales. Entre el 20 de marzo y el 31 de mayo registramos 25 casos de muertes en lugares de detención, de lo cuales 10 corrsponden a comisarías, y 15 a cárceles. Siempre destacando que no son todos los hechos ocurridos, sino los que hasta el momento pudimos confirmar«. Señalamos también la muy alarmante situación en los lugares de encierro, particularmente las cárceles. En cuanto se plantearon medidas como la posibilidad de arrestos domiciliarios, libertades asistidas u otras soluciones procesalmente adecuadas, nuevamente la expresión de sectores reaccionarios las bloqueó, y las respuestas a todos los reclamos y protestas por las condiciones inhumanas de detención fue la represión, incluso con muertes, como ocurrió en Las Flores, en Coronda, en Varela y en Corrientes».
Por todo lo expresado, afirmó: «desde CORREPI repudiamos que se haya puesto en manos de las fuerzas de seguridad la función de garantizar que se cumplan las medidas de aislamiento. Esas fuerzas son las mismas que continuaron reprimiendo desde el comienzo de la democracia. Las que en los últimos años asesinaron un promedio de una persona cada 19 horas por el gatillo fácil o en lugares de detención. Las mismas que hacen a diario festivales de detenciones arbitrarias, y que torturan sistemáticamente en cárceles y comisarías. Que reprimen a los trabajadores y trabajadoras que se organizan para defender sus derechos, y que desaparecieron a Luciano Arruga, Santiago Maldonado y ahora a Luis Espinoza y Facundo Astudillo Castro, entre otros casi 200 desaparecidos y desaparecidas en democracia».
En ese sentido, recalcó que CORREPI exige al gobierno «medidas mínimas que tienen que ver con las detenciones arbitrarias, con la legislación penal, contravencional y procesal, la estructura y procotocolos de actuación de las fuerzas, que en muchos casos, que vienen de reclamos de décadas atrás y, en particular, de los últimos cuatro años, que se producjo una fuerte reestructuración de todo el aparato represivo bajo la gestión de Cambiemos, pero que también incorpora medidas recientes, como la Resolusión 144 del Ministerio de Seguridad, que establece el protocolo de actuación para que las fuerzas de seguridad hagan tareas de espionaje sobre plataformas y fuentes digitales públicas».
Finalmente, en cuanto a la respuesta gubernamental con respecto a la población en tiempos de pandemia, Verdú destacó: «es fácil ver que los sectores más precarizados y vulnerados han sido los más afectados por la pandemia. No sólo porque no se les garantizan las medidas de protección correspondiente sino porque en los barrios populares muchas veces ni siquiera llega el agua corriente y otros elementos indispensables para poder enfrentar la emergencia. Ante los brotes producto de la falta de esas medidas, la respuesta oficial fue la presencia policial». En la misma línea, remarcó «la falta de soluciones concretas para las mujeres en situación de violencia machista y para el colectivo LGBTTIQ, seriamente afectado por el creciente accionar represivo». También se refirió a «otras situaciones extremas, como la de los pueblos originarios, que no han hecho más que empeorar, mientras que actividades como el desmonte indiscriminado, las fumigaciones y otras actividades extractivistas han continuado«.